El 8 de diciembre de 2025, Claudia Patricia Álvarez Hernández, esposa del capo encarcelado del Cártel de Sinaloa, Jorge Alberto Valenzuela Valenzuela, recibió una sentencia de 14 años de prisión en un tribunal federal de San Diego, California, Estados Unidos, por su participación en una conspiración de tráfico de drogas y lavado de dinero.
El juez federal Andrew G. Schopler ordenó además la confiscación de más de cinco millones de dólares en relojes de lujo, joyas, vehículos y dinero en efectivo incautados durante la investigación. El juzgador calificó la conducta de Álvarez Hernández como “ayudar a un cártel peligroso y violento”.
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La sentenciada, de 38 años de edad y originaria de Culiacán de Rosales, Sinaloa, fue identificada como una figura de alto rango dentro de la Organización Criminal Transnacional (OCT) Valenzuela, un componente del Cártel de Sinaloa considerado uno de los mayores importadores de cocaína a Estados Unidos. La OCT obtenía cocaína, fentanilo, heroína, metanfetamina y marihuana de Sudamérica y México, transportaba las sustancias a múltiples puntos de la frontera mediante empresas de transporte comercial y distribuía los narcóticos en territorio estadounidense.
Durante 2020, la OCT Valenzuela sostuvo un conflicto violento con otra facción del Cártel de Sinaloa encabezada por Iván Archivaldo Guzmán Salazar. En ese enfrentamiento, Gabriel Valenzuela Valenzuela, hermano de Jorge Alberto Valenzuela Valenzuela y anterior líder de la organización, fue asesinado. Esto llevó al grupo criminal a adquirir grandes cantidades de armas de fuego, municiones, equipo táctico, vehículos blindados y chalecos antibalas, muchos de ellos provenientes de EE. UU. e introducidos clandestinamente a México.
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El 5 de noviembre de 2020, un gran jurado federal emitió una acusación formal contra Valenzuela Valenzuela por delitos de narcotráfico y lavado de dinero. Este se declaró culpable de todos los cargos y permanece detenido en espera de sentencia. Tras su arresto, Álvarez Hernández y otros familiares asumieron el control de las operaciones de la organización, ejerciendo autoridad sobre los miembros restantes e intentando localizar y preservar activos ilegales en México y Estados Unidos.
El 3 de noviembre de 2020, agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) ejecutaron una orden de cateo en la residencia de Álvarez Hernández en el condado de San Diego, donde confiscaron aproximadamente cinco millones de dólares en relojes y joyas de alta gama, 220 mil dólares en efectivo, 17 teléfonos celulares y un detector de radiofrecuencia.
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El día 20 del mismo mes y año, agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y HSI registraron un patio de camiones comerciales operado por la OCT en la zona de Otay Mesa, donde incautaron aproximadamente tres millones 78 mil 880 dólares en efectivo, 685 kilogramos de cocaína, 24 kilogramos de fentanilo, 20 mil cartuchos de munición calibre .50, 427 portaplacas balísticos, mil cartuchos calibre .40 y 104 cargadores.
“Las WAG de los cárteles se llevarán una desagradable sorpresa. Hay una mentira detrás de su lujo: que no lo sabían. Esta sentencia refleja la realidad”, declaró Adam Gordon, fiscal federal del Distrito Sur de California.
Kevin Murphy, agente especial interino a cargo de HSI, afirmó que “la sentencia de hoy marca un paso importante en nuestros esfuerzos por desmantelar todas las facciones del Cártel de Sinaloa”. James Nunnallee, agente especial a cargo de la DEA, señaló que “durante años, Álvarez Hernández vivió con comodidad, ignorando la violencia, la adicción y la devastación que el cártel de su esposo infligía a nuestras comunidades”.
La investigación, que forma parte de la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF, por sus siglas en inglés) establecido por la Orden Ejecutiva 14159, ha resultado en la imputación de 109 acusados, la incautación de aproximadamente dos mil kilogramos de cocaína y fentanilo, más de 16 millones de dólares en efectivo y 21 mil rondas de municiones. Álvarez Hernández enfrentaba cargos por conspiración para importar cocaína, conspiración para distribuir cocaína y conspiración para lavar instrumentos monetarios.
