El Gobierno de México ejecutó dos operativos secretos para expulsar a 55 de los capos más peligrosos del país hacia Estados Unidos, según reveló el diario The Wall Street Journal (WSJ), el 2 de diciembre de 2025.
Los prisioneros, entre ellos Rafael Caro Quintero, los hermanos Treviño y operadores del Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Zetas, fueron sacados de cárceles mexicanas, donde gozaban de privilegios obtenidos mediante corrupción. Desde esos penales, coordinaban envíos de drogas, asesinatos y redes de lavado de dinero.
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La presión del Gobierno de Donald Trump aceleró su entrega: Washington exigió cooperación y amenazó con aranceles punitivos si México no actuaba con mayor contundencia, según funcionarios citados por el diario estadounidense.
La operación movilizó a 2 mil fuerzas especiales, relevos de directores de prisión y cambios de empresas de vigilancia y alimentación para evitar filtraciones, envenenamientos o fugas. Los reclusos fueron trasladados al penal del Altiplano y posteriormente distribuidos en vuelos militares hacia Chicago, Phoenix, San Antonio, Nueva York y Virginia.
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El entonces director interino de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Derek Maltz, recibió a los capos con la frase que definió el operativo. “¡Bienvenidos a EU!”, expresó.
Muchos de los detenidos enfrentan cadenas perpetuas. Según el WSJ, la estrategia estadounidense consiste en ofrecer beneficios a quienes decidan colaborar, como sentencias reducidas o condiciones carcelarias menos severas.
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Por ejemplo, los Treviño dirigían una red de más de 600 reclusos y habían ordenado el asesinato de 18 custodios. Autoridades temían que una filtración desatara ataques coordinados, bloqueos o intentos de rescate.
La expulsión masiva fue defendida por la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum Pardo como una acción por la seguridad nacional, lo que permitió evitar el largo proceso de extradición y reducir riesgos internos. Por su parte, según el WSJ, el Gobierno de Estados Unidos ya analiza un tercer traslado de líderes criminales.
