Tanto en la Sindicatura Procuradora de Tijuana como en el Órgano Interno del Instituto de Salud Pública del Estado obran expedientes por la presunta responsabilidad de servidores públicos en conductas de abuso o acoso sexual.
En lo que va de la actual administración municipal en Tijuana, se han interpuesto tres denuncias ante el órgano a cargo de Teresita de Jesús Balderas Beltrán, por supuestos comportamientos de esa naturaleza.
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La síndica procuradora refirió a ZETA que dos de los recursos se presentaron en contra de “integrantes del gabinete del Ejecutivo”, en tanto que el otro, contra un “funcionario de elección popular”.
Aclaró que, tratándose de los integrantes del gabinete, ambos fueron destituidos con motivo de los señalamientos en su contra. En referencia a uno de ellos, confirmó que se trató del exsecretario de Bienestar Erik “Terrible” Morales; en alusión al otro, se limitó a decir que fungía como subdelegado.
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En cuanto al representante popular, también refrendó que se trata del regidor Miguel Antonio Loza Ginuez.
A decir de Balderas Beltrán, los expedientes se encuentran en fase de integración. “Así es, en los tres casos y llevan un avance considerable”, indicó la servidora pública municipal.
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El expediente obrante en el Instituto de Salud Pública del Estado quedó a cargo del Órgano Interno de la dependencia y es concerniente a Daniel Magaña Hernández, quien en calidad de coordinador de Enlace Administrativo de la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios fue acusado de acoso sexual y laboral.
La persona denunciante procedió ante la Fiscalía General del Estado, así como ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Conforme a información solicitada a la CEDH, esta instancia, a cargo de Jorge Álvaro Ochoa Orduño, dio vista al Órgano Interno del Instituto y el expediente se encuentra “en integración”.
Las tres denunciantes procedieron ante la FGE.
“GRAN AVANCE” EN INVESTIGACIONES A MORALES ELVIRA
La denuncia contra Erik Morales Elvira por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual, fue interpuesta el 10 de julio de 2025 por una empleada del Ayuntamiento. La denunciante señaló que el expugilista abusó de ella en la oficina en que despachaba como secretario.
Para el 10 de diciembre se programó audiencia de imputación al “Terrible” Morales. Ni el exservidor público ni sus abogados privados se presentaron ante la jueza que estaría a cargo del acto. Únicamente comparecieron la denunciante, sus dos asesores legales y la agente del Ministerio Público.
Sobre la inasistencia de Morales Elvira, la jueza manifestó no haberse ubicado su domicilio. La agente del Ministerio Público estableció que la dirección había sido debidamente proporcionada.
En alusión a su propia inasistencia, uno de los abogados de Morales Elvira, el licenciado Reyna Curiel, hizo saber vía justificante que previamente había sido citado a una audiencia de lectura de testamento programada para ese día. La jueza preguntó a los asesores legales si estaban de acuerdo con que el acto se reprogramara para el 6 de febrero de 2026.
Los inquiridos dijeron estar conformes, toda vez que Reyna Curiel justificó su inasistencia. La agente del Ministerio Público solicitó a la jueza que para la siguiente fecha Morales fuera debidamente notificado en su domicilio.
La juzgadora sostuvo que en caso de que el expugilista volviera a faltar sin justificación de por medio, se giraría una orden de comparecencia con apoyo de la fuerza pública o una orden de aprehensión.
Sergio Enrique González, asesor de la denunciante, manifestó a este Semanario que no había razón para desconocer la dirección de Morales Elvira: “La ley lo dice, y aparte la agente del Ministerio Público ya lo tiene localizable. Por eso, eso no es pretexto para que el imputado no se presente. Él tiene una responsabilidad de presentarse; si su abogado no se quiso presentar, él de todos modos debió haber llegado y debió haber dicho al juez: ‘Mi abogado tuvo un problema’, etcétera; pero no es justificante”.
Expuso que si el exservidor público no fue notificado, el PJE habrá tenido “sus causas”. Sin embargo, “en mi opinión, el Ministerio Público tiene todas las facultades, todos los datos, su dirección, todo, para hacérselos llegar al tribunal y para que se haga la notificación”, aseveró.
Teresita Balderas afirmó que “es un gran avance” el giro que dio la investigación correspondiente en la FGE. “Eso va a ayudar también mucho a que nosotros como Sindicatura avancemos en el impulso administrativo”, aseguró.
Del tiempo que pudiera llevar concluir la integración del expediente, manifestó: “Tomamos mucho en cuenta también las acciones que está llevando la dependencia correspondiente, en este caso la Fiscalía; muchas veces las audiencias por el tipo de fechas o calendarios que ellos manejan pueden ser un poco prolongadas y es el tiempo que a nosotros también nos lleva emitir una resolución al momento de recabar todos los elementos”.
FGE “EMITIÓ UN RECHAZO DE PRUEBAS PERICIALES EN CONTRA DEL REGIDOR”
Días después de que Morales Elvira fuera denunciado, la síndica procuradora se posicionó a favor de las mujeres, así como de las víctimas de acoso, de tal suerte que el 24 de julio procedió la denuncia contra Miguel Antonio Loza, a quien la denunciante acusó de abuso de autoridad, de confianza y lo que resulte.
Conforme a la denuncia interpuesta ante Sindicatura, el 9 de diciembre de 2024 el edil del XXV Ayuntamiento agredió sexualmente a la recurrente, intentando besarla, en la oficina del servidor público al interior de Palacio Municipal.
Para entonces la ciudadana ya lo había denunciado ante la FGE, instancia ante la cual expuso que Loza Ginuez cometió agresión sexual en su contra el 30 de noviembre de ese año.
Balderas Beltrán mencionó que “la joven que denunció a este funcionario de elección popular” se ha presentado a hacer sus declaraciones y que de la Sindicatura ha solicitado información al respecto.
“Te comento con mucha responsabilidad y respeto que en este caso la fiscalía emitió un rechazo de pruebas periciales en contra del regidor, de lo cual se le señalaba y eso nosotros es ahorita el avance que llevamos”, aseveró la titular de la Sindicatura.
“Tenemos nosotros que ser muy responsables en observar también las acciones que llevan las otras dependencias”, enfatizó.
CONTRADENUNCIA
Balderas Beltrán detalló que “la primer denuncia” interpuesta ante la Sindicatura del XXV Ayuntamiento, por abuso o acoso sexual, fue referente a un subdelegado denunciado por una empleada de la Subdelegación.
Hizo hincapié en que el hoy exfuncionario “ya no se encuentra en la plantilla de servidores públicos del Ayuntamiento, independientemente haya o no concluido la investigación”.
Recalcó que el exservidor público figura como presunto responsable, de modo tal que “la investigación está en curso”.
De acuerdo con la entrevistada, “al ser citado” ante Sindicatura, el señalado “contradenuncia también por el mismo hecho a la compañera de trabajo que lo denunció”.
De ahí que “tenemos que darle un impulso procesal a estos hechos que él refiere, para determinar sanción y responsabilidad”, observó Balderas.
Ponderó la decisión destituir a los servidores públicos que no obtuvieron el cargo por la vía electoral: “La instrucción, y siempre lo voy a conocer del presidente municipal Ismael Burgueño, es que su equipo de trabajo no tolera estas prácticas”.
Se refirió al tiempo que, en términos generales, puede tomar una investigación en Sindicatura. Observó que el procedimiento suele alargarse con la emisión de pruebas utilizadas en un afán de presumir inocencia.
“Se alarga en las audiencias, en los alegatos, incluso en los recursos de inconformidad que pueden presentar; pero nosotros estamos siendo muy responsables en que estos casos se lleven a cabo”, asentó.
Por los tres casos en manos de la Sindicatura, de configurarse las faltas, podría inhabilitarse a los denunciados.
“Es la sanción máxima que emite la Sindicatura y obviamente nosotros damos vista a las dependencias correspondientes cuando ya trae algún otro tipo de situación, que ya exceda nuestras facultades. Las tres investigaciones ya van apegadas a su proceso y a su impulso en fiscalía y, obviamente, la fiscalía no emite sanciones administrativas. Ahí la sanción es diferente. Es penal”, sostuvo la servidora pública.
Remarcó que con todo y que el XXV Ayuntamiento logró integrar en su totalidad los comités de ética de las dependencias municipales, independientemente de que exista un código de cómo conducirse en calidad de servidor público, conductas como el abuso, el acoso o la agresión sexual “naturalmente no son aceptables”.
CONDUCTAS “REITERADAS”
La denuncia contra Daniel Magaña Hernández fue interpuesta ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos el 22 de octubre. En el documento dirigido al titular del organismo la denunciante estableció que las conductas de acoso sexual y laboral que le atribuyó al presunto responsable fueron “reiteradas”.
Atribuyó a Magaña Hernández acciones “abusivas, repugnantes y totalmente fuera de cualquier límite”, que la hicieron sentirse humillada, temerosa, indignada y vulnerable en un espacio (laboral) en el que debió haberse sentido segura.
De acuerdo con la denunciante, las conductas atribuidas a Magaña afectaron su “integridad, salud emocional y desarrollo profesional”.
Además de pronunciarse por la apertura de una investigación imparcial, la recurrente solicitó se adoptaran medidas cautelares orientadas a garantizar su seguridad e integridad en el Instituto de Salud Pública del Estado.
En cuanto a la denuncia que interpuso ante la FGE, el 21 de octubre, el agente del Ministerio Público de la Unidad Modelo de Atención Ciudadana Anáhuac solicitó al director de Seguridad Pública Municipal de Mexicali “apoyo para designar personal”, en aras de “prestar auxilio inmediato a la víctima”, de forma tal que se llevaran a cabo “rondines de vigilancia por 72 horas”, con los que se salvaguardara “su integridad física”.
Si bien el Ayuntamiento de Tijuana procedió con dos destituciones de servidores públicos en razón de denuncias de abuso o acoso interpuestas en su contra, el secretario de Salud de Baja California, Adrián Medina Amarillas, refirió el 28 de octubre de 2025: “No se ha separado porque no se le ha imputado todavía ningún problema. Si es que resulta con esa situación, ya tomaremos medidas”.
OTROS CASOS
En 2024, durante la presente Legislatura de BC, una fotorreportera denunció al director de Administración del Poder Legislativo, Víctor Hugo Navarro Gutiérrez, de hacer comentarios inapropiados de su físico y su persona en la oficina en la que el exdiputado despachaba como administrador. La acusación fue formulada ante el área de Género del Congreso del Estado. El diputado Jaime Cantón Rocha daría a conocer la apertura de una investigación interna al respecto.
Durante el XXIV Ayuntamiento de Tijuana se denunciaron casos de acoso sexual; para el 6 de marzo de 2023, Rafael Leyva Pérez, en su calidad de síndico procurador, indicó que desde el arranque de la administración tres funcionarios (uno de estos, adscrito a la Estancia Municipal de Infractores) habían sido suspendidos luego de que se les denunciara de incurrir en esa conducta.
La síndica procuradora de Tijuana, Teresita Balderas, expuso que de la administración anterior, encabezada por Montserrat Caballero Ramírez, quedaron casos pendientes por supuestos actos de abuso o acoso sexual.
Reveló que los expedientes ya no avanzaron en razón de que las personas denunciantes ya no se prestaron a aportar elementos.
“Intentamos nosotros comunicarnos, pero este ambiente que se genera de incertidumbre, cuando el ciudadano acude a una dependencia a poner una denuncia y no ve seguimiento, nos impidió también poderle dar impulso, ya que el ciudadano no quería presentarse de nueva cuenta a hacer una relatoría de los hechos”, asentó.
