El representante legal de Grupo Inmobiliario de Tijuana S.A. de C.V., Iván César Ramírez Arteaga, y habitantes del fraccionamiento Punta del Mar, ubicado sobre el kilómetro 13.800 de la carretera Escénica Tijuana-Ensenada, denunciaron que César Eduardo Cortes Quintero, junto a un grupo de 50 personas, despojaron a la empresa del inmueble al ingresar por la fuerza y atrincherarse, en 15 de 25 casas del complejo, actos cometidos en presencia de la autoridad.
Ramírez Arteaga, quien también es habitante del inmueble, relató que el 5 de noviembre alrededor de las 03:30 de la tarde, el agente del Ministerio Público de la Unidad de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía General de Baja California (FGE), Luis Cecilio Olivas Flores, acudió al fraccionamiento para realizar el retiro de sellos de aseguramiento a una serie de viviendas que forman parte de la carpeta de investigación 0204-2025-17862 por el delito de despojo, interpuesta por Cortes Quintero en contra de la inmobiliaria.
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Fue durante dicha diligencia, cuando supuestamente aún se encontraba presente el agente, que un vehículo blanco ingresó al lugar y detrás de él un hombre, quien desatornilló el portón del fraccionamiento, al tiempo que lo enganchaba con una cuerda a otro vehículo, el cual tiró de él hasta derribarlo para permitir el ingreso de Quintero y compañía.
Ante esto, Ramírez solicitó el auxilio de Olivas Flores, quien le respondió: “Eso no es mi tema, háblale al 911”, y procedió a retirarse.
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Buscando ser auxiliados, los vecinos llamaron a la policía municipal (reporte 1699343/2025), acudiendo la unidad BC-260-A2, quienes no actuaron. Por ello, los habitantes nuevamente llamaron a la policía (reporte 1699486), y acudió la patrulla BC-530A-1, pero tampoco actuó. Fue hasta la tercera llamada (reporte 1699801/2025), que otros elementos municipales atendieron y presentaron el informe ante la FGE.
Cabe destacar que previo a la invasión de Quintero y compañía, el Juez Federal Decimoséptimo de Distrito, Alexis Manríquez Castro, emitió el 16 de octubre de 2025, una suspensión definitiva (664-2025-5A), en relación con el caso de despojo 0204-2025-17862, en la que se indica: “Se concede la suspensión definitiva solicitada, para el único efecto de que las autoridades responsables no dispongan del inmueble antes precisado (fracción de terreno identificado con el número 295, ubicado en la delegación Playas de Tijuana), hasta en tanto se emita sentencia en el juicio de amparo del cual deriva este incidente de suspensión”.
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“En este caso, las viviendas no debieron ser ocupadas bajo ninguna circunstancia, porque existía una suspensión definitiva que ordenaba expresamente que las autoridades no dispusieran del inmueble asegurado”, señaló el abogado Octavio Rivera.
Lo anterior hace pensar a Ramírez Arteaga y habitantes del fraccionamiento que todo estaba planeado.
“Ya venían con él. ¿Por qué? Porque de esa manera primero quita los sellos y ya pueden ingresar. Y así fue como llegaron. En unas fotografías se ve cómo va el fiscal Olivas, muy juntito con el tipo que estaba desatornillando la puerta”, manifestó el representante del Grupo Inmobiliario.
Tras el ingreso del grupo de personas, éstas ocuparon las viviendas deshabitadas del fraccionamiento, arrancando puertas, rompiendo ventanas y cambiando chapas, por lo que se presentó la denuncia 0204-2025-35127 por despojo, amenazas, extorsión, daño en propiedad ajena y fraude procesal en contra del agente Olivas Flores, Cortes Quintero y Martha Patricia Félix Reyes, quien iba acompañando a este último.
Otro supuesto dueño
Según la copia certificada de la escritura pública número 69,790, volumen 750, fechada del 30 de noviembre de 1988, en dicho año, el Grupo Inmobiliario de Tijuana, entonces representado por Enrique Pimienta Huerta, compró por un monto de 22 millones 560 mil 072 pesos, la fracción de terreno identificada con el número 295, en la que se encuentra actualmente cimentado el fraccionamiento, a los señores Humberto González Elizondo y María Hortensia Valenzuela.
Cuestionando sobre el pleito legal con Cortes Quintero, el Licenciado Ramírez Arteaga explicó que en el juicio promovido en 2020, éste solicita que se eleve a escritura pública un contrato de compra-venta que dice haber celebrado con el Grupo Inmobiliario de Tijuana, a través de Alfredo Pimienta Huber, quien fungió como apoderado de la empresa, pero fue revocado en 2002, por lo que, dijo, se trata de un procedimiento falso.
“No se notificó a la demandada, que es mi poderdante, de una manera legalmente correcta. Es un procedimiento hecho a sus espaldas, o a mis espaldas, por lo tanto, no puedo decir que hubiera celebrado ese contrato”, zanjó el representante de la inmobiliaria.
Pero en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio aparece como actual dueño del terreno Arturo De Los Santos Solís, quien promovió una prescripción positiva en 2020, obteniéndola el 27 de mayo de 2021, la cual quedó registrada bajo la partida 6234165.
No obstante, el representante del Grupo Inmobiliario detalló que Solís promovió un juicio “apócrifo”; por ello, actualmente está en trámite una demanda de nulidad de la sentencia ante el Juzgado Octavo de lo Civil, y en el Juzgado Tercero Civil también se ha solicitado concluir con esa inscripción, pero hasta ahora ninguno ha resuelto.
La versión de Fiscalía
De acuerdo con información proporcionada a ZETA por parte de la FGE, César Eduardo Cortes Quintero ha interpuesto dos denuncias en contra de Grupo Inmobiliario de Tijuana: la 0204-2025-16404 por administración fraudulenta y la 0204-2025-17862 por despojo, pues se ostenta como propietario de las casas que ocupó en Punta del Mar, de las cuales exhibió, supuestamente, escrituras que lo acreditan como el dueño.
En el caso de Martha Patricia Félix Reyes, ésta tiene cuatro denuncias en su contra, la 0204-2025-20183, la 0204-2025-20180 y la 0204-2025-20056, todas por amenazas; así como la 0204-2025-17912 por allanamiento de morada.
Este Semanario solicitó una entrevista con el agente Olivas Flores, a través del área de comunicación social de la FGE, para tener su versión de los hechos, sin embargo, esta no se concedió, argumentando que lo anterior es todo lo que se podía compartir del caso que está en investigación.
El miedo de los habitantes
Las 10 familias que habitan hace más de 20 años el complejo Punta del Mar, aseguran que sus “nuevos vecinos” cambiaron al personal de seguridad.
“Tenemos aquí 25 años viviendo. A mí lo que me preocupa más es la violencia como entraron. La primera vez vinieron con gente vestida de negro, tapados y armados con armas largas y cortas. Eso ya es demasiado. Llegaron ahí a la casa diciendo que ya era el dueño y que le tenían que pagar renta, querían cobrar piso”, mencionó Alfredo Martínez.
Por su parte, la arquitecta Gloria Sandoval, quien tiene 23 años viviendo en el complejo, cuya casa fue invadida el 5 de noviembre y afortunadamente pudo recuperarla, manifestó: “Él dice que hace 25 años la compró, sin aclarar ni justificar cómo lo hizo, con qué monto, etcétera. Nos dice que es dueño de todo, incluyendo las viviendas en donde nosotros vivimos. Tenemos alrededor personas que no sabemos quiénes son”, lamentó la arquitecta.
