El Gobierno Federal publicó, el 29 de diciembre de 2025, el decreto que reduce la edad de jubilación para las personas trabajadoras al servicio del Estado, medida que entrará en vigor a partir de enero de 2026. Esta disposición da cumplimiento a los compromisos establecidos con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en junio del mismo año y revierte la tendencia ascendente de la edad de retiro que establecía la norma vigente.
Según el documento difundido en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la reducción será gradual y continuará hasta el año 2034. En el caso de las mujeres, la edad de jubilación se mantendrá en 56 años para los periodos de 2026 y 2027, eliminando el incremento a 57 años que estaba programado anteriormente. Respecto a los hombres, la edad requerida para tramitar el retiro bajará de 59 a 58 años a partir del próximo año, con la proyección de que para el 2034 la edad mínima sea de 53 años para mujeres y 55 años para hombres.
Esta reforma beneficia exclusivamente a los trabajadores que no optaron por el sistema de cuentas individuales o acreditación de bonos de pensión del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Para acceder a este derecho, se mantiene el requisito de haber cotizado un mínimo de 30 años en el caso de los hombres y 28 años para las mujeres. Datos institucionales indican que, de un universo de 2 millones 490 mil burócratas registrados en 2007, aproximadamente 2 millones 137 mil personas se mantuvieron en este régimen tradicional que ahora se modifica.
Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), informó el 23 de junio de 2025 que la implementación de esta medida conlleva una inversión fiscal significativa. “Es un beneficio muy importante, va a beneficiar a una buena cantidad de trabajadoras y trabajadores, pero hay que decirlo, tiene un costo fiscal muy importante, en esta Administración el costo de esta medida supera los 36 mil millones de pesos”, declaró Delgado Carrillo.
El decreto señala que con estos cambios se reconoce el derecho a una pensión jubilatoria justa y digna para el personal del sector público. Aunque la Administración Federal no ha precisado el impacto total que esta medida tendrá en el equilibrio de las finanzas públicas a largo plazo, la disposición asegura el cumplimiento de las exigencias planteadas por el magisterio disidente para congelar y reducir los límites de edad laboral.







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