El titular de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de Baja California Sur, Lenin Ortiz Amao, confirmó que realizan investigaciones en contra de anteriores gobiernos municipales que fueron encabezados por alcaldes del Partido Acción Nacional (PAN), Partido del Trabajo (PT) y de Morena.
En estos casos se acusa a las administraciones de haber incurrido en autoventas de predios, así como obras irregulares e incluso contrataciones indebidas de servicios.
Publicidad
En un primer caso, Lenin Ortiz detalló que señalan por el delito de peculado a seis funcionarios del XV Ayuntamiento de Mulegé (2015-2018), incluyendo a la entonces alcaldesa del PAN, Cecilia López González, por haberse vendido a sí mismos 44 predios que eran propiedad del Municipio.
Según explicó el fiscal, fue en septiembre de 2018 unas semanas antes de que entregaran la administración al entonces alcalde electo, Felipe Prado Bautista, cuando este grupo de servidores públicos, incluyendo a la presidenta, se repartieron estos títulos de terrenos.
“Seis funcionarios, sin autorización de Cabildo, no pasaron por la asamblea del Ayuntamiento, que es Cabildo. La presidenta municipal, el síndico, director de Catastro, el tesorero, el secretario general”, comentó.
Publicidad
“Ellos firman unos títulos que venden a un costo muy bajo, pero los bienes de los ayuntamientos para poder enajenar tienen que haber una necesidad; entonces tienen que cubrir una deuda, tienen que tener una necesidad para poder deshacerte de estos y, claro, que pase por Cabildo”, agregó.
Señaló que no había ninguna justificación para argumentar “necesidad de venta”, ya que estaban a unos días de hacer el proceso de entrega-recepción, sin embargo, se suscribieron estos terrenos a favor.
Publicidad
De acuerdo con las investigaciones, la Fiscalía identifica a los siguientes funcionarios de esa administración como involucrados: la alcaldesa, Cecilia López; síndico municipal, Gibran Francisco Lucero Álvarez; secretario general, Luis Alberto Hernández González; tesorera, Iliana Enriqueta Montaño Méndez; y el director de Catastro, Olegario Lizardi Araiza.
“Por ejemplo: el síndico, a favor de su concubina, la madre de su hija, expide un título; la presidenta municipal, a nombre suyo, a nombre de su esposo, a nombre de su hijo, a nombre de hija; el secretario general, director de Catastro, de Obras Públicas, de Desarrollo”, detalló.
El funcionario recordó que la actual presidenta de Mulegé, Edith Aguilar Villavicencio, fue parte de esa administración, sin embargo, no está dentro de la lista de servidores públicos que están siendo investigados.
“Incluso en uno de estos predios está un Oxxo, que si uno busca en internet el Oxxo con la vista más hermosa de Mulegé es precisamente es uno de estos Oxxo en los que se vendieron barato estos servidores públicos”, dijo.
En total, la Fiscalía Anticorrupción detectó más de 80 predios en estas circunstancias, pero son 44 los que identifican que terminaron en manos de los altos funcionarios y sus familiares.
“Unos en Santa Rosalía, otros en Guerrero Negro, otros en Vizcaíno. Se dieron el tiempo para elegir qué pedacito querían de Mulegé y adquirirlo en esas comodidades: sin Cabildo, a un precio muy bajo”, mencionó.
“Hay predios por los que pagaron entre 18 mil y 24 mil pesos, precios que no están acorde a la realidad. No hay una evaluación de nadie, ellos mismos asignan precios y ellos mismos se lo pagan”, añadió.
Lenin Ortiz expuso que ya buscaron vincular a proceso a todos los involucrados, pero no tuvieron éxito en la audiencia inicial ya que el Juez de Control determinó no dictar esta resolución judicial.
La defensa argumentó que eran bienes que estaban a disposición del Ayuntamiento, por lo que la administración podía enajenarlos, además de que no estaba acreditada por completo la calidad de los servidores públicos de los imputados, esto debido a que algunos estaban fuera por andar en campaña electoral.
“Nosotros tenemos que hacer el paso siguiente, que es presentar recurso de apelación y ver qué resuelven los magistrados en la sala. Este hecho, se solicita la vinculación a proceso y se niega. Entonces, vamos a la apelación, vamos a ver que resuelven los magistrados. Es un asunto muy relevante, consideramos nosotros que estas circunstancias no pueden ocurrir”, concluyó.
Cabe recordar que las personas señaladas por la Fiscalía se encuentran fuera del ojo público y del escenario político desde hace años, incluyendo a Cecilia López.
No obstante, en su momento, la expresidenta reconoció la compra de terrenos, pero argumentó que no fue un procedimiento ilegal.
“Referente a la venta de terrenos, decirles que efectivamente en lo personal yo y parte de mi familia hicimos la compra de cuatro terrenos en Guerrero Negro de 20×40 m2 cada uno”, declaró.
“Una compra legal de la cual se hizo el pago correspondiente de cada terrero, mismos que no cuentan con servicios de agua, drenaje, ni banquetas ni pavimento”, sostuvo.
Alegó que su administración sí realizó la venta de predios, pero insiste en que se aprobaron para varios solicitantes y la mayoría de los casos en zonas donde el Ayuntamiento de Mulegé aún no brindaba servicios públicos.
“Si algunos de estos terrenos fueron adquiridos por algún funcionario, debió haberse hecho de manera legal. Si no fuese así, los invito a proceder jurídicamente”, respondió en su momento.
MÁS DE 30 DENUNCIAS CONTRA LEGGS
El alcalde de Los Cabos, Christian Agúndez Gómez, dio a conocer que su equipo jurídico interpuso 31 denuncias en contra de la administración de su antecesor, Óscar Leggs Castro, esto por 96 obras irregulares que se detectaron a través de auditorías.
Según el edil, son casi 300 millones de pesos lo que alcanza el monto por estas obras, que corresponden a pavimentaciones que no se hicieron, pero se pagaron, o que quedaron inconclusas.
“Desafortunadamente y hablando de las calles, de esas 96 pavimentaciones que se hicieron, que no se hicieron, que tenían un rezago, que tenían anticipo, pero no se iniciaron, que no tenían la conclusión”, afirmó.
“En cuanto a las pavimentaciones, es un ejemplo nada más, que se tienen que resolver de alguna u otra manera. Nosotros tenemos que deslindarnos de esa responsabilidad, obviamente”, aseveró.
Compartió que también se revisan irregularidades en la construcción del edificio de la delegación de Cabo San Lucas, asegurando que más adelante dará una descripción de cada concepto que denunciaron ante las autoridades judiciales.
“Estas 31 denuncias yo las dejaré a las dependencias competentes, a quienes tengan que darle seguimiento como tal. Nosotros obviamente estaremos dándole el seguimiento a nuestra propia responsabilidad, sin embargo, las autoridades judiciales definirán si hay o no hay motivo”, declaró.
El fiscal Anticorrupción, Lenin Ortiz Amao, confirmó que recibieron las querellas que están relacionadas con obras públicas y que estas se encuentran en etapa inicial.
“Estamos recabando documentación y haciendo entrevistas para su desarrollo en su momento del esclarecimiento del hecho y resolver sobre el ejercicio de la acción penal”, manifestó.
Precisó que los hechos denunciados por el Ayuntamiento de Los Cabos son muy similares y que involucran señalamientos por proyectos que no se ejecutaron, a pesar de que estaban etiquetados o en algunos casos hasta pagados.
“Se realizó todo el procedimiento de licitación, ya sea licitación pública e invitación a tres, se generan los contratos, pero a la hora de llevar a cabo las obras, el dinero destinado para esas obras se destinó en otros gastos del propio Ayuntamiento”, explicó.
La Fiscalía Anticorrupción revisa contrato por contrato en estos momentos y a cada servidor público que interviene en los procesos de contratación, contabilidad, distribución y dispersión de los recursos.
“En su momento las denuncias vienen señalando a diversos servidores públicos que tienen que ver con ese tema en algunas carpetas que son tres o cuatro servidores públicos, en otras son tres o cuatro. Es de acuerdo a quien haya participado en el proceso de contratación”, informó.
Con respecto al hecho de que Óscar Leggs ya está vinculado a proceso por el delito de abuso de autoridad por simulación, Lenin Ortiz expuso que esto no afecta las investigaciones y una posible acción penal sobre este nuevo caso.
“Todas las personas que cometen delitos de manera general y que van acumulando procesos, en su momento los procesos tienen que culminar en una sentencia. Ya es en etapa de ejecución de sentencias que se van acumulando estas penas; no porque esté vinculado a proceso no significa que no se le puede seguir vinculando a proceso por diversos hechos”, finalizó.
Zeta ha solicitado réplica a Óscar Leggs sobre estos señalamientos, sin embargo, hasta el momento no ha habido respuesta por parte del exalcalde.
EXFUNCIONARIOS DE COMONDÚ EN LA MIRA
El Ayuntamiento de Comondú que encabezó la morenista Iliana Talamantes Higuera (2021-2024), también está en la mira de la Fiscalía Anticorrupción, que abrió dos carpetas de investigación por contrataciones indebidas y otros asuntos, como un predio que sale fundo legal del Municipio y terminó siendo utilizado para la renta de un Oxxo.
Los delitos que se revisan en este caso son el uso ilícito de atribuciones y facultades, confirmando el fiscal que las carpetas tienen un par de meses en diligencia.
“Confirmar que hemos recibido denuncias del Ayuntamiento de Comondú, hemos recibido dos denuncias con relación a servidores públicos de la administración anterior. Algunas ya están muy avanzadas para, en su momento, resolver sobre el ejercicio de la acción penal”, reiteró.
Aseguró que una vez que el sigilo de la investigación lo permita, darán a conocer los nombres de los servidores públicos involucrados.
Cabe recordar que el alcalde de Comondú, Roberto Pantoja Castro, ha denunciado diversas irregularidades heredadas por la administración de su antecesora.
Informó que las auditorías detectaron compras de equipamiento inservible, como camiones de basura; también irregularidades en obras y hasta autoliquidaciones por parte de funcionarios cuando todavía no terminaban el encargo.
