Los organismos que integran los Consejos Coordinadores Empresariales (CCE’s) de Baja California exigieron a las autoridades estatales una revisión responsable del Impuesto Sobre Nómina (ISN), con el fin de fortalecer la competitividad económica y frenar la pérdida de empleos formales en la entidad.
El presidente de los CCE’s, Roberto Lyle Fritch, informó que el posicionamiento fue dirigido a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda; a la presidenta del Congreso del Estado, Liliana Michel Sánchez Allende; así como a los secretarios de Hacienda y de Economía e Innovación, Andrés Pulido Saavedra y Kurt Ignacio Honold Morales, respectivamente.
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Explicó que el documento refleja una postura unificada del sector empresarial, que coincide en que la tasa actual del 4.25 por ciento es la más alta del país y se ha convertido en un obstáculo directo para la inversión y el crecimiento productivo.
Lyle Fritch señaló que mantener la carga fiscal más elevada a nivel nacional limita la competitencia de las empresas bajacalifornianas frente a otras entidades, particularmente en regiones fronterizas donde los costos laborales y el entorno fiscal son determinantes para atraer inversión.
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Si bien reconoció la importancia de la recaudación para las finanzas públicas, advirtió que encarecer el empleo formal provoca efectos contrarios al desarrollo económico, al presionar los costos, reducir la contratación y fomentar la informalidad.
El posicionamiento propone reducir el ISN del 4.25 al 3 por ciento, alineándolo con la media nacional y con estados competidores como Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, lo que permitiría preservar inversiones y fomentar la creación de empleos formales.
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El sector empresarial alertó que Baja California registra una pérdida interanual de más de 25 mil empleos formales y el cierre promedio de 800 empresas mensuales durante 2025, además de un crecimiento acelerado de la informalidad laboral, que pasó de 42 a 52.5 por ciento en seis meses.
Finalmente, Lyle Fritch subrayó que la propuesta no busca debilitar las finanzas públicas, sino generar un entorno fiscal equilibrado, y reiteró la disposición del sector empresarial al diálogo para impulsar el desarrollo económico y el bienestar de las familias bajacalifornianas.
