El Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó en lo general, el 3 de diciembre de 2025, la reforma que expide la Ley General de Aguas y modifica la Ley Nacional de Aguas, con 328 votos a favor, 131 en contra y cinco abstenciones, en medio de protestas de agricultores que con tractores rodearon el Palacio Legislativo de San Lázaro.
Morena y sus aliados sacaron adelante la reforma que elimina la transmisión de derechos y en su lugar introduce el mecanismo de “Reasignación de Volúmenes” en caso de transmisión de dominio de propiedades asociadas a un título de concesión. Las reasignaciones deberán someterse a la aprobación del Comité del nuevo Fondo de Reserva de Aguas Nacionales, que será presidido por el titular de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).
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La reforma otorga nuevas facultades a Conagua para emitir medidas y acuerdos de carácter transitorio o permanente ante situaciones de emergencia, escasez y sobreexplotación. También amplía de uno a dos años el plazo para solicitar prórrogas de concesiones y crea nuevos delitos contra las aguas nacionales.
El diputado priista Humberto Ambriz señaló que la reforma genera inseguridad jurídica al prohibir la transmisión libre de derechos de agua. “Esto implica que la parcela quedará dividida: la tierra por un lado y el agua por el otro”, afirmó.
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Ambriz sostuvo que los cambios centralizan el otorgamiento y la reasignación del agua en una autoridad federal con amplias facultades discrecionales. “La reforma pretende condicionar prórrogas y reasignaciones al cumplimiento fiscal y a los criterios de responsabilidad hídrica sin parámetros claros, lo que abre la puerta a usar el agua como un instrumento de control político y recaudatorio”, declaró.
El panista Paulo Gonzalo Martínez aseguró que las modificaciones son peligrosas porque un proyecto con más de 90 cambios de última hora no se sostiene por sí mismo. Martínez advirtió que Conagua carece de capacidad técnica y operativa para cumplir con la carga que le impone la reforma.
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El morenista Gabriel García subió a tribuna con carteles de lo que denominó “el cártel del agua” y señaló al ex gobernador de Chihuahua, César Horacio Duarte Jáquez, y al ex presidente Vicente Fox Quesada como acaparadores de agua.
“Esto es lo que está llegando a su fin y eso es lo que están llorando, lo que están bramando, porque vamos por más, porque se trata de que esta nueva Ley de Aguas Nacionales y la nueva Ley general de Aguas va a regresar, va a reivindicar el derecho humano al agua y, ahora, va a ser verdaderamente un patrimonio nacional”, afirmó García.
En respuesta, la panista Annia Sarahí Gómez cuestionó que mientras los agricultores del norte viven con pozos secos, la familia de la morenista Olga María del Carmen Sánchez Cordero acumula más de 2.6 millones de metros cúbicos al año en Nuevo León.
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