Este 11 de diciembre de 2025, el Cabildo del XXV Ayuntamiento de Tijuana someterá a discusión el acuerdo para autorizar a la administración de Ismael Burgueño Ruiz suscribir un convenio de colaboración administrativa con el gobierno del Estado para el cobro del impuesto predial.
El acuerdo está enlistado como el quinto punto dentro de Proyectos de acuerdos y resoluciones del Orden del Día de la sesión extraordinaria, a celebrarse de manera virtual, este jueves, a las 7 de la tarde.
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La regidora del Partido Acción Nacional, Sandra Magaña Ríos, anticipó que la fracción blanquiazul votará en contra de dicho acuerdo, porque “atenta contra la autonomía del Ayuntamiento”. Panorama similar a lo que ocurrió en los Cabildos de Ensenada y Tecate.
Consideró “preocupante” que el Estado se quede con ciertas cuentas y con 2.5% de cuota pese a que el Ayuntamiento tiene la capacidad para ir a cobrar las cuentas con morosidad.
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“El mismo alcalde lo ha presumido, que esta administración, este año ha sido el que más ha recaudado en comparación con las administraciones pasadas, entonces no vemos la necesidad de que el Estado venga a meter mano a las cuentas del Ayuntamiento”.
En entrevista con ZETA, la edil reprochó que exista falta de transparencia en el tema. Si fuera un tema que beneficie a Tijuana se habría consensuado con los regidores, pero “es gobernar en lo oscurito”.
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“Nos enteramos por una publicación que hacen, que se firma un convenio donde el alcalde entregaba parte de la recaudación de ciertas cuentas del predial al gobierno del Estado. Para nosotros fue una sorpresa, porque cualquier tipo de convenio debe pasar por Cabildo, entonces yo pienso que es una simulación”.
Sandra Magaña dijo que presentó un oficio al alcalde solicitándole más información, sin que haya tenido respuesta. El convenio tampoco ha pasado por ninguna comisión edilicia que lo dictamine, previo un estudio profundo. “No puede ser a bote pronto que hoy en la noche nos convoquen para mañana y ya va a estar un convenio”, declaró.
Refirió el convenio suscrito entre el gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Ensenada que tendría estipulaciones similares al que podría firmar el alcalde en Tijuana. El convenio de Ensenada habla de adquisiciones de programas, de software, para tener la homologación de información entre el gobierno del estado y el municipio. “¿Qué va a pasar con ese software, con ese programa, si al final va a salir igual que el REGER?”, cuestionó.
