En una sesión en la que se saltaron procesos legislativos, los diputados de la XVII Legislatura del Congreso del Estado aprobaron un paquete de incremento de impuestos y creación de nuevos conceptos de cobro para los municipios de La Paz, Comondú, Loreto y Mulegé, situación que ha puesto en alerta y ha despertado la preocupación del sector empresarial que advierte un encarecimiento de servicios y productos en Baja California Sur.
Las reformas fueron presentadas por el gobernador del Estado, Víctor Castro Cosío, y avaladas por legisladores de Morena, Partido del Trabajo (PT), Nueva Alianza y Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
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El Impuesto Sobre Nóminas (ISN) e Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles (ISABI) suben a un 3 por ciento, mientras que se crea el concepto de derecho de saneamiento ambiental para los municipios de La Paz, Loreto, Comondú y Mulegé, el cual se inventó para Los Cabos desde 2022.
El ISN se proyectó con la reforma al artículo 36 de la Ley de Hacienda de Baja California Sur, pasando de un 2.5 a un 3 por ciento, es decir, un incremento del 20 por ciento. No obstante, el gobernador y la titular de la Secretaría de Finanzas y Administración, Bertha Montaño Cota, argumentan que no fue un aumento, sino una homologación.
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Bertha Montaño insistió en que la tasa del ISN no se actualizaba desde hace 19 años, lo que dejaba a Baja California Sur con un rezago por debajo de la media nacional.
Particularmente sobre el ISN, el Frente Empresarial de La Paz denunció diversas afectaciones si se llegaba a aprobar, como el estancamiento de la formalidad laboral y desventaja en competitividad para empresarios sudcalifornianos.
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Aunque no lograron frenar su aprobación, el empresariado presionó para que este aumento en el ISN se vaya directo al Fondo de Obra e Infraestructura Social (FOIS), debido a que esta bolsa sufrirá un recorte de más de 800 millones de pesos de recurso federal para 2026.
Con respecto al ISABI, se advierte que subirá la carga por la compraventa de propiedades en un destino que ya resiente las afectaciones de una alta plusvalía.
CREAN DERECHO AMBIENTAL
La reforma a la Ley de Hacienda de los municipios de La Paz, Loreto, Comondú y Mulegé fue una de las más recientes; apenas la sociedad y el sector empresarial se enteraron sobre el trabajo del dictamen de este proyecto cuando ya había sido aprobada por los diputados.
Con esto, la XVII Legislatura establece una serie de cobros nuevos que serán recaudados por las arcas municipales bajo el concepto de “derecho de saneamiento ambiental”.
Este impuesto fue creado en 2022 para el Ayuntamiento de Los Cabos, sin embargo, ha sido señalado por la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Guadalupe Saldaña Cisneros, por ser un tipo de Impuesto al Valor Agregado (IVA) estatal.
La legisladora denunció que esto duplica funciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y que, incluso, es inconstitucional. Además de las afectaciones que trae para el sector empresarial y para la población, que es la que resiente el aumento en el precio final de productos y servicios.
“Dado su eficacia, consideramos oportuno que esta fuente de ingresos debe extenderse a todos los municipios del Estado, para que estos cuenten con mayores herramientas e instrumentos para hacer frente al deterioro ambiental en sus diversas facetas, haciendo énfasis en el recurso agua, un bien escaso y que requiere la mayor de las atenciones”, se lee en el dictamen aprobado.
De acuerdo con la reforma, quedarán obligados al pago del derecho de saneamiento ambiental:
* Las personas que contraten servicios de hospedaje derivado de la ocupación de cuartos o habitaciones de hoteles, posadas, casas de huéspedes, hostales y moteles, así como de aquellos que se lleven a cabo en casas, departamentos enteros, habitaciones privadas o compartidas, casas rodantes y campamentos.
* Las personas clientes que celebren contratos de arrendamiento de todo tipo de vehículos de automotor.
* Las personas clientes que celebren contratos de arrendamiento de embarcaciones marítimas recreativas y/o deportivas dentro del municipio de Comondú.
El pago de este derecho será del 70 por ciento del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) por cuarto y habitación ocupada por noche, mientras que para los servicios de hospedaje a través de plataformas digitales será de dos veces el valor diario de la UMA por casa o departamento ocupado.
Asimismo, de acuerdo con la Ley de Hacienda de Los Cabos, el cobro adicional por renta de vehículos de automotor y de embarcaciones será del 50 por ciento del valor diario de la UMA.
SE ENCARECERÁ EL DESTINO
El presidente de la asociación Empresas Hoteleras y Turísticas (Emprhotur) de La Paz, Agustín Olachea Nogueda, señaló que el incremento del salario mínimo a nivel nacional, así como de impuestos locales y nuevos derechos de cobro, vienen a presentar un aumento del 33 por ciento en los costos de operación para el empresariado local.
“Sí es un golpe fuerte, esperemos que esto no repercuta que mucha gente se vaya a la informalidad porque eso es lo que empiezas a empujar; la gente dice: ‘Me salgo de la formalidad y me evito todos estos pagos’”, dijo el líder.
El representante del sector hotelero de La Paz recalcó que todo esto repercute al final sobre las y los turistas, así como en la población local, que son quienes absorberán el precio definitivo del aumento de los costos.
“Tenemos que redoblar esfuerzos, ese impuesto de sanidad se va a cobrar en los hoteles y esa cantidad se le va a cobrar; además del Impuesto al Hospedaje, ese monto lo va tener que pagar el huésped y entregarlo el hotel”, compartió.
“Entonces, vamos a ser un poco más caros. Aquí cuidado: si llegamos a ser un destino muy caro, también el turista empieza a ver otros destinos, en donde es más económico viajar”, añadió.
En el caso del ISN, comentó que se opusieron desde un inicio por el escenario nacional que se advierte para 2026, donde ya se había aprobado un alza del 13 por ciento para el salario mínimo, sin embargo, al no poder evitarlo, pidieron que ese aumento del 20 por ciento al pago por nómina se fuera directo a obra e infraestructura social.
“Lo que queríamos es que la fórmula que se aplica para entregarle ese recurso al FOIS, que es para obras y servicios donde se regula muy bien el fideicomiso, donde se está vigilando que las obras se vean, ahí confluimos Ayuntamiento, empresarios y Gobierno del Estado”, recordó.
Por ahora no tienen certeza de que se vaya a cumplir con la aplicación de ese recurso en el FOIS, sin embargo, mencionó que el sector empresarial seguirá empujando por ello.
INCERTIDUMBRE ENTRE RESTAURANTEROS
El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), David Alejandro Gracia Hinojosa, coincidió con el sector turístico, señalando que se vive en estos momentos un ambiente de incertidumbre y preocupación por este paquete de incrementos y creación de nuevos conceptos.
Declaró que nadie puede debatir el hecho de que el cuidado ambiental y de recursos naturales es fundamental y que, incluso, se puede entender una homologación en tasas desactualizadas como la del ISN.
Sin embargo, acusó que el Congreso del Estado no está viendo ni valoró el panorama general que enfrentará el empresariado sudcaliforniano en 2026.
“Lo recibimos con preocupación e incertidumbre… algo a lo que sí nos enfrentamos todos, y que lamentablemente parece ser complicado para que las autoridades lo vean; es la mesa completa, el panorama entero”, apuntó.
“Podemos decir que el aumento al Impuesto sobre la Nómina nos pone en la media nacional. La creación del impuesto al Saneamiento Ambiental tiene un fin justificado, pero cuando estos aumentos los sumamos en lo particular y luego le integramos el aumento del 13 por ciento al salario mínimo, lo que va a conllevar es más inflación de lo habitual”, advirtió.
Gracia Hinojosa expone que los restauranteros también resentirán el incremento de pagos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda de los Trabajadores (Infonavit).
Detalló que cuando suman todo el escenario, prevé un incremento en operación de los restaurantes entre el 20 e, incluso, hasta el 30 por ciento en algunos casos.
“Eso es lo que nosotros señalamos, lo que hemos pedido en muchísimas reuniones a las autoridades: antes de que aprueben un aumento, antes de que aprueben la creación, de nuevo vean la mesa completa”, reiteró.
“No pueden analizar en lo particular y en lo aislado la situación, tenemos que ver qué es lo que va a representar en el contexto general. Recibimos esto con preocupación e incertidumbre porque más del 90 por ciento de los restaurantes, no solamente en nuestra entidad, sino en el país entero, son micro empresas que no superan los 10 empleados”, agregó.
El líder de la Canirac explicó que esto no solamente puede ocasionar un aumento de la informalidad, sino que también puede haber cierre de restaurantes que no podrán con los gastos de operación.
“Es por eso que ahí radica nuestra preocupación y nuestra incertidumbre; porque tampoco es como que todo pare aquí”, afirmó.
Recordó que el Congreso del Estado ya tenía un dictamen sobre la reforma a la Ley de Derechos y Productos, que de aprobarse generaría 11 nuevos conceptos de cobros y aumentos de hasta el 880.5 por ciento en servicios de Protección Civil.
Aunque el dictamen está en pausa, no tienen ninguna garantía de que el Poder Legislativo dé marcha atrás, a pesar de las promesas de diálogo.
