La estrategia de seguridad de Víctor Castro Cosío, gobernador de Baja California Sur está rota; el crimen organizado destruyó lo que habían hecho “bien” durante su gobierno: mantener la “tranquilidad” que le había heredado su antecesor Carlos Mendoza Davis, en septiembre del 2021.
“Lo que pase Cabo San Luca nos perjudica en Mulegé y viceversa. Tenemos que sellar a Baja California Sur, íbamos muy bien y nos rompieron el trabajo que veníamos realizando en seguridad a partir de marzo, por la disputa”, indicó Víctor Castro.
Sin embargo, la tranquilidad se quebró el 11 de octubre del 2024 en la colonia Marcelo Rubio en Guerrero Negro, municipio de Mulegé; ahí es cuando inició la disputa entre las facciones del Cártel de Sinaloa, La Chapiza contra La Mayiza, tras la ejecución del líder de plaza de la comunidad salinera identificado como José Eleazar Toscano alias el Profe, de 36 años.
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Desde ese entonces, ambos grupos rivales han concentrado una guerra por el control de la plaza de la zona norte de Baja California Sur y el sur de Baja California, así datan los informes de inteligencia militar y de la misma Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
La madrugada del pasado jueves 4 de diciembre fue localizado el cuerpo de un masculino sin vida al norte del poblado de Guerrero Negro; presentaba rastros de violencia y estaba acompañado por un narcomensaje, el cual amenazaba con aumentar la violencia en la parte media de la Península, incluyendo comunidades de Mulegé en Sudcalifornia y San Quintín en el estado vecino.
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El cuerpo del masculino, que fue identificado extraoficialmente como Andrés Felipe López Moreno, supuesto vendedor de droga, estaba recostado, y junto a él, sobre un árbol, el narcomensaje que decía lo siguiente:
“CON ESTE MSJ SE LES ADVIERTE A TODO EL CABRON QUE APOYE AL SARGENTO AL 50 O CARLITOS Y TODA LA BOLA DE MARRANOS QUE CARGAN CON ELLOS TODO EL QUE LES APOYE ABRACE A TIEMPO O LES CARGARÁ LA VERGA, PRIMER Y ÚLTIMO AVISO ATTMT LA FEDERACIÓN” [sic], se lee.
El gobernador del Estado confirmó esta muerte, también el que hay una amenaza con incrementar la violencia, a lo cual ya solicitaron nuevamente, por tercera vez, la intervención de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal para erradicar la violencia, ya que de nueva cuenta la Mesa Estatal de Seguridad Pública está rebasada.
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A pregunta expresa de Semanario ZETA, sobre que las fuerzas de inteligencia militar hablan de que se tienen que tomar medidas extremas en Mulegé principalmente, por ser la entrada, y los municipios adyacentes de Loreto y Comondú, derivado a que la violencia se ha extendido hasta esas zonas, Víctor Castro lo confirmó.
“Es lo que queremos hablar con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, porque ha habido acontecimientos en los límites; por ejemplo, hace unos días asesinaron a alguien en Jesús María, pero vienen y se refugian en Guerrero Negro, encontramos un auto con balas, eventos que van de un lado o de otro”, reconoció Castro.
Los recientes informes de seguridad, es que del lado de Baja California Sur están “Los Burros”, célula delictiva de La Chapiza y que concentra gran presencia en Guerrero Negro; mientras que del lado de Baja California se encuentran “Los Venados”, grupo delictivo al servicio de Los Aquiles, y que a su vez es un brazo armado de La Mayiza en el estado vecino.
Estos dos grupos son los que sostienen enfrentamientos constantes en los límites de ambos estados; en redes sociales uno y otro grupo han compartido “topones” con vehículos “monstruo” (camiones con blindaje artesanal) y otros autos blindados, incluso con uso de explosivos y drones; todos los vestigios han quedado en medio del desierto, sin que las mismas autoridades puedan intervenir.
LA GUERRA ENTRE BCS Y BC
Los reportes de los últimos meses en la zona entre Guerrero Negro y el Ejido Villa Jesús María, en Baja California, se ha convertido en terreno minado por células de La Mayiza y La Chapiza: entran y salen hombres armados, atacan y se refugian, tal y como lo confirmó el propio gobernador.
Además, sicarios del lado de Baja California Sur levantan y ejecutan a sus víctimas y las arrojan en los límites de Baja California, en el municipio de San Quintín, lo que provoca un retraso en las investigaciones y dilata la acción contra los grupos criminales.
Un ejemplo muy claro, fue la desaparición de Gael de la O Ceballos y Ulises Piñuelas Vega, jóvenes que el 6 de enero del 2025, en Guerrero Negro, fueron privados de la libertad, cuyos restos fueron arrojados embolsados y encintados en un camino vecinal al Ejido El Costeño en Villa Jesús María, ambos con signos de violencia.
“Los habitantes tienen miedo, porque estos canijos están operando con total impunidad en Mulegé, andan con mucha saña Los Chapos de Guerrero Negro. Esos dos morros que desaparecieron y muchos otros, ni siquiera estaban metidos en asuntos que tengan que ver, eran familiares de alguno; pero es como si quisieras matar a todo el pueblo, todos son familia. Se va a poner feo, porque tienen rienda suelta y no van a poder detener los golpes”, afirmó una fuente de inteligencia militar en la Zona Norte.
Los cuerpos de seguridad no llegan a atender o son incompetentes, denuncian. Y, para atacar la insuficiencia de las fuerzas de seguridad para acudir a los eventos de inseguridad, que ha ocurrido por años, apenas se dieron cuenta las autoridades de ambos estados que está descuidada la zona; es como una zona de silencio entre los gobiernos, por ello buscarán “coordinación interinstitucional”.
“Acabamos de suscribir un convenio con la compañera Marina (del Pilar) para poder intervenir rápidamente los Ministerios Públicos, las investigaciones, de manera conjunta; no esperarnos, porque ellos de San Quintín a Jesús María hacen seis, siete horas y nosotros pues estamos más cerca, entonces el convenio es facilitarnos la investigación y la inteligencia de manera conjunta, eso queremos afinarlo con el compañero secretario García Harfuch”, refirió Castro.
Los datos de inteligencia, señalan que la presencia de células delincuenciales en el norte del estado, ha generado inestabilidad desde Mulegé hasta Comondú, lo que ha desatado una guerra interna por el control de la plaza.
Los grupos criminales ya dieron muestra que no se van a tentar el corazón para reclamar “su terreno”; la muestra más clara fue la masacre de la familia Ceseña en Loreto el pasado 19 de noviembre, cuando un comando armado irrumpió en dos domicilios de la colonia Miramar INVI, llevándose a siete integrantes, entre ellos un niño de 10 años.
“No está solo Loreto; el martes tenemos una reunión con Harfuch para ver este periodo que se nos complicó de marzo-abril a la fecha; ha estado complicado en estos municipios, principalmente, no descansan los criminales y tenemos que seguir trabajando coordinando esfuerzos en los tres órdenes de gobierno para mantener Baja California Sur entre los primeros estados más seguros”, sostuvo el gobernador.
LAS CIFRAS DE CASTRO
Víctor Castro acaba de rendir su cuarto informe de gobierno, y ante la falta de resultados en materia de seguridad, ha repetido una y otra vez que ha reducido los homicidios dolosos en más del 300 por ciento.
“Lo hemos logrado porque les digo en este periodo, en estos cuatro años que he informado, bajaron más del 300 por ciento los homicidios dolosos; nunca había estado en el periodo pasado ni cerquita. Nosotros llevamos aproximadamente, que no es con (intención de) comparar, mejor ni lo comparo porque la verdad da pena. En un año murieron más de 1000 personas en Baja California Sur (Mendoza). Nosotros no llegamos ni siquiera a 300 decesos”, lanzó Castro.
Lo cierto es que su antecesor, Carlos Mendoza Davis, recibió en septiembre del 2015 un estado con cifras calientes en materia de delincuencia organizada; ese año los homicidios dolosos cerraron en 177, y la violencia iba en ascenso, mientras que para su primer año de gobierno los asesinatos subieron a 269.
Y en 2017, el peor momento de su administración, las ejecuciones alcanzaron las 788 víctimas del crimen organizado; para el 2018 se vino el descenso con 185; el año siguiente (2019) la cifra cayó aún más, en 84. Posteriormente la curva de inseguridad se aplanó, y para el 2020 llegó a sólo 67 homicidios dolosos.
Para ese momento, la estrategia de seguridad -que fue modelo nacional, según el propio Andrés Manuel López Obrador en el 2021- logró que de ser la entidad con mayor número de muertes cometidas por el crimen organizado, los homicidios descendieron a 51; así fue como el panista Carlos Mendoza entregó un estado en paz al Morenista Víctor Castro.
Su primer año (2022), tuvo un ligero aumento a 57 víctimas de homicidio doloso; en el 2023 los números fueron a la baja, con 27 privadas de la vida con violencia; pero todo empezó a complicarse para el 2024, 69 personas fueron asesinadas, muchas de ellas por el crimen organizado.
Y ahora en los primeros 10 meses del 2025, el narco ha tenido mayor presencia en Baja California Sur, se tiene un registro de 111 víctimas oficialmente, lo que ha significado más del 95 por ciento de incremento en víctimas por homicidio doloso en comparación con los primeros 10 meses del 2024 con el 2025, un aumento en la violencia criminal.
“Mal en relación al año anterior, porque habíamos tenido resultados extraordinarios comparados con el periodo del Prian; más del 300 por ciento bajamos, aún con este año difícil, sobre todos los municipios de Comondú y Loreto. Deleznable, repudiable quienes hayan cometido estos crímenes; el último fue, la verdad, creo que de los más repudiables. En todo debe de haber honor y estos no tuvieron escrúpulos para asesinar a dos niños, me parece que es lo más terrible que he vivido en este periodo de la violencia irracional de estos grupos criminales”, lamentó Víctor Castro.
Para respaldar los “resultados” durante su gobierno, Víctor Castro indicó que se han incautado equipos de telecomunicaciones; entre ellos se encuentran también 120 cámaras parásito que se aseguraron, las cuales pertenecían al crimen organizado para vigilar las actividades de las fuerzas de seguridad.
Lo preocupante, es que se destruyeron dos pistas aéreas clandestinas, mismas que operaban “quién sabe desde cuándo”, las autoridades de la Mesa de Seguridad Estatal desconocieron desde cuándo estaban activas en el municipio de Los Cabos.
Pareciera que no hay una estrategia de inteligencia en Baja California Sur, como si los resultados fueran acciones por inercia o complicidad, pues en el caso de las pistas “clandestinas” están localizadas en Google Maps, en el mapa digital están señaladas como “aeródromos” activos, incluso hay fotografías y que las autoridades “no conocían”, según el propio ejecutivo estatal.
“Hemos (incautado) 16 antenas de radiocomunicación de alta fidelidad, de alto nivel; 16 van ya. Dos pistas aéreas que venían funcionando, no sabemos desde cuándo aquí en Los Cabos con una infraestructura que nos prendió. Ahí tenemos desde ya hace meses una vigilancia estricta. Dos pistas aéreas, una de 1 km 600; hemos incautado más de ciento y tantas armas, toneladas de cocaína, hemos sacado del mercado más de tres millones de dosis de cristal”, finalizó el gobernador de Baja California Sur.
