A la XVII Legislatura del Congreso del Estado llegaron dos iniciativas de parte del gobernador, Víctor Castro Cosío, con las que pretende incrementar el Impuesto sobre Nóminas, así como en servicios de Protección Civil. Esto incluye la creación de nuevos conceptos de cobro que no están contemplados en la Ley de Derechos y Productos de Baja California Sur.
La primera de estas iniciativas solicita a los diputados locales un incremento de un 20 por ciento el Impuesto sobre Nóminas, pasando del 2.5 al 3 por ciento, según como lo establece el siguiente artículo:
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“Artículo 6.- de las cantidades que el Estado perciba por concepto de la captación del Impuesto sobre Nóminas, corresponderá a los municipios un 46.8 por ciento sobre el 37.6 por ciento del total recaudado con relación al equivalente del tres por ciento de la tasa, cuya distribución deberá efectuarse conforme a los porcentajes establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Baja California Sur, quienes podrán ejercerlo de manera directa en obras de infraestructura social, aportarlo mensualmente al patrimonio del Fideicomiso para Obras en Infraestructura Social constituido en su municipio y/o al pago de alumbrado público”.
Ante esto, la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de La Paz manifestó su preocupación y rechazo ante la propuesta de reforma que incrementa este impuesto.
Tal cual, señalaron que este aumento representa una carga adicional, lo que afectaría directamente a las micro, pequeñas y medianas empresas, que son el motor de la economía local y las principales generadoras de empleo formal.
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Esta medida, según detallaron líderes de la Canaco, reduce la competitividad de las empresas frente a otros estados, desincentiva la formalización laboral ya que encarece el costo de contratar personal.
Asimismo, denunciaron que limita la inversión y crecimiento económico en sectores clave, como turismo, servicios e inversión.
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“El Frente Empresarial por La Paz reconoce la necesidad de fortalecer las finanzas públicas, pero considera que los recursos recaudados se administren con transparencia y rendición de cuentas; hace un llamado al Gobierno del Estado y el Congreso local para abrir mesas de diálogo que permitan construir alternativas fiscales que no comprometan la estabilidad de las empresas ni la generación de empleos”, manifestaron.
Por su parte, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Guadalupe “Lupita” Saldaña Cisneros, recalcó que esto afectará a todos los que tengan trabajadores en nómina.
Además, subrayó que esto no significa mayores participaciones para los municipios, sino que en general es más recaudación para el Gobierno del Estado.
El dirigente estatal del PAN, Rigoberto Mares Aguilar, hizo hincapié en que el Gobernador declaró previamente que no incrementaría impuestos, sin embargo, hay por lo menos dos iniciativas en el Congreso del Estado que lo desmienten.
Recalcó que la administración de Víctor Castro ya encareció el Impuesto Sobre Hospedaje, acusando que cuando se castiga a aquellos que generan empleos esto recae directamente en las familias sudcalifornianas.
AUMENTOS DE HASTA EL 880%
La otra iniciativa que ha causado controversia y preocupación en el sector empresarial es la reforma a la fracción V del artículo 16 de la Ley de Derechos y Productos de Baja California Sur, en los que se proponen alzas de hasta un 880.55 por ciento en tarifas de servicios en materia de Protección Civil. De aprobarse, también crearía 11 nuevos conceptos de cobros en este rubro.
En el documento que aparece en la página del Congreso del Estado, Víctor Castro argumentó que la reforma no causaría ningún impacto presupuestal, ya que es para beneficio de la recaudación.
En su exposición de motivos, dijo que si se aprueba la iniciativa podrán dotar las herramientas necesarias para mejores condiciones de la sociedad, esto en un escenario adverso frente a fenómenos naturales o emergencias y situaciones de riesgo, como la temporada de huracanes.
Subrayó que cuentan con un dictamen de impacto presupuesto, en el que la directora de Control Presupuestario de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, Bertha Alicia Olvera Palazuelos, calificó la reforma como presupuestalmente viable, ya que las acciones que se realicen se ajustarán a las asignaciones autorizadas en el Presupuesto de Egresos.
Entre los nuevos conceptos de mayor precio aparecen:
* “Dictamen de medidas de seguridad anual para uso, manejo, transportación y almacenamiento de sustancias químicas, residuos o materiales peligrosos”, con costo de 22 mil 62.30 pesos.
* “Servicio de capacitación individual de primeros auxilios básicos e incendios, grupo mínimo de 15 personas”, por seis mil 618.69 pesos.
* “Dictamen de medidas de seguridad de polvorines o permisos de explosivos, previo acreditamiento de contar con permiso de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)” por cuatro mil 412.82 pesos.
* “Revisión y aprobación de plan de contingencias para la realización de eventos masivos, con fines de lucro anuencia para eventos masivos”, por seis mil 618.60 pesos.
La reforma pretende dividir los programas internos de Protección Civil para crear la nueva denominación “grado de riesgo alto”, en la cual se contemplan costos por servicio según el número de empleados que haya en la empresa:
* De dos a 10 trabajadores, cinco mil 883.28 pesos.
* De 11-25 trabajadores, ocho mil 89.51 pesos.
* De 26-40 trabajadores, nueve mil 560.33 pesos.
* De 41-80 trabajadores, 11 mil 766.56 pesos.
* De 81-199 trabajadores, 17 mil 649.84 pesos.
* De 200 o más trabajadores, 20 mil 591.48 pesos.
Con respecto a los servicios que ya existen y que podrían aumentar si se aprueba la iniciativa, están los programas internos de Protección Civil con la nueva denominación “riesgo ordinario”, que quedarían con el siguiente precio y su respectivo incremento.
* De dos a 10 trabajadores, que actualmente tiene un costo de 300 pesos, aumentaría un 390.27 por ciento y el nuevo valor a pagar sería mil 470.82 pesos.
* De 11 a 25 trabajadores, con costo de 600 pesos, subirá a 2 mil 941.64 pesos, 390.27% más.
* De 26 a 40 trabajadores que actualmente cuesta 600 pesos, se cobrará en 4 mil 412.46 pesos, 635.41% adicional.
* De 41 a 80 trabajadores se cobrará en siete mil 354.10 pesos, cuando actualmente se paga por ese servicio mil pesos, lo que indica un incremento de 635.41 por ciento.
De 81 a 199 trabajadores, que hoy día cuesta mil 500 pesos, subirá a 10 mil 295.74 pesos el cobro (o sea, 586.38 por ciento).
* De 200 o más trabajadores, tendrá un costo de 14 mil 708.20 pesos, contra los mil 500 pesos que se pagan hoy día, lo que da el incremento más alto (de 880.55 por ciento).
Aquí es importante aclarar que también se dividen los rangos de prestación del servicio para generar más conceptos de cobros. La Ley que todavía está vigente permite grupos de 11 a 40 empleados y de 80 en adelante.
ES ABUSIVO Y DESPROPORCIONADO: PAN
El dirigente estatal del PAN, Rigoberto Mares Aguilar, calificó esta iniciativa como un “tarifazo” desproporcionado y abusivo. En este sentido, advirtió que afectará directamente a comercios pequeños, así como a giros regulados y al sector turístico, esto bajo el pretexto de una supuesta intención de fortalecer las labores de Protección Civil, sin embargo, que en realidad se trata de “voracidad recaudatoria”.
Además, hizo hincapié en que se hace la creación de nuevos conceptos sobre “riesgos” sin dejar claro ni especificar exactamente qué son o cómo se definirán, lo que dejaría el cobro de cada rubro a la libre interpretación de funcionarios de Protección Civil. Esto, sostuvo, abre puerta a la discrecionalidad y a la corrupción.
Por otra parte, menciona que poner cuotas por las congregaciones en eventos masivos puede ser un método de control e, incluso, violaría el derecho constitucional de reunión.
“No se puede crear un derecho que no existe en la ley para cobrar por él. Eso no es administración, eso es abuso”, añadió.
En términos reales, según declaró Rigoberto Mares, el golpe económico se vería reflejado en micros, pequeños y medianos empresarios, que tendrían que pagar certificados que sobrepasarán los 700 pesos.
“Transportistas de combustibles enfrentarían dictámenes anuales de más de 22 mil pesos, costos que inevitablemente se trasladarán al consumidor”, agregó.
Tras exigir la revisión a profundidad de esta reforma, advirtió que habría una afectación al sector turismo, principalmente para hoteleros y restauranteros, que sufrirá un estancamiento de la competitividad.
Particularmente esta iniciativa provocó descontento social en Baja California Sur. En respuesta, el Congreso del Estado informó que estará pausada hasta que se dé un análisis más técnico, confirmando que se ha detenido la elaboración del dictamen por ahora.
ES HOMOLOGACIÓN, NO INCREMENTO: MONTAÑO COTA
Ante el debate y los señalamientos, la titular de la Secretaría de Finanzas y Administración de Baja California Sur, Bertha Montaño Cota, argumentó que no se trata de un incremento en el Impuesto Sobre Nóminas, sino de una homologación por solicitud de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP).
Confirmó que esperan una recaudación de alrededor de 200 millones de pesos al año en toda la entidad con este aumento, recalcando que Baja California Sur es uno de los tres estados que no ha homologado la tasa y que llevan 19 años sin una actualización.
Sobre la reforma a la Ley de Derechos y Productos, precisó que es una iniciativa de la Secretaría General de Gobierno del Estado y que se encuentra pausada en el Congreso porque faltan elementos para su análisis.
“Seguramente pasará por Finanzas en algún momento; hasta ahorita nosotros no intervenimos en ella”, compartió.
En contraste, el gobernador del Estado, Víctor Castro, Cosío, insiste en que no forzará impuesto e, incluso, negó que hayan enviado iniciativas para aumentarlos, pero a la vez envió un mensaje a la sociedad para recalcar que el tema de nóminas no afectará directamente a la población.
“No va para la población, eso es sólo es en impuesto sobre nómina; estamos muy atrasados en relación al país. Esperemos que los empresarios comprendan que vamos rezagados y que es necesario que se actualice el impuesto; no es meter nuevos impuestos”, declaró.
“Que no nos engañe nadie, sino que es actualizar el impuesto de nómina; homologarlo al resto del país y pedir la comprensión de ellos y del Congreso. Pero ya que tengamos la propuesta bien elaborada van a ser ustedes los primeros en saberlo”, finalizó.
