Cárteles prescriben terrenos

* Célula de narcomenudistas asesinó a la abogada Emilia Ortega, luego que les prescribió una propiedad en la que vendían droga
* Fiscal Elena Andrade declaró que el narco invade predios y asesina para prescribir terrenos en BC
* FGE anunció creación de un grupo especial para investigar delitos relacionados con la tenencia de la tierra, que van desde homicidios, privaciones, secuestros, robos, falsificaciones, extorsiones, fraudes procesales y despojos

Publicidad

Bryan Olivera Hernández, de 20 años, Guadalupe Verónica López García, de 28 años, y Daniel “N”, alias el Güero, de 16 años, integrantes de una banda de narcomendistas del Cártel de Sinaloa que delinque en la delegación Zona Centro de Tijuana, fueron vinculados a proceso como presuntos responsables del feminicidio de la abogada Emilia Ortega Aceves, registrado el 18 de noviembre del 2025 en la colonia Altamira de Tijuana.

Publicidad

De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Baja California, Brayan manejaba uno de los vehículos involucrados en el homicidio; Guadalupe vigilaba la zona; y Daniel, el menor, que pertenece a una familia delincuentes de la zona norte en Tijuana, fue uno de los dos jóvenes que dispararon. Por este asesinato, aún quedan tres órdenes de aprehensión pendientes, contra dos ejecutores materiales y el cabecilla del grupo criminal, el autor intelectual de la muerte violenta de la abogada.

El móvil del homicidio habría sido la prescripción de una propiedad ubicada entre la colonia Altamira y el Cañón K -la misma zona donde vivía la víctima-, predio identificado desde tiempo atrás por las autoridades como un punto de venta de droga, el cual estaba habitado y era usado por el mencionado grupo delictivo. Las autoridades continúan investigando si los vendedores de droga lo habían invadido o despojado, pero en fechas recientes, la abogada Ortega había logrado la prescripción a su nombre y los desalojó legalmente.

Tras la muerte, la familia de la víctima se cerró al tema y se han negado de manera reiterada a declarar o aportar datos para esclarecer la muerte. Sin embargo, por terceras vías las FGE logró obtener información de que los delincuentes la buscaron y la amenazaron, incluso “quemaron unas tablas en el predio en cuestión”.

Gente cercana a Ortega también mencionaron que tras participar en el proceso electoral 2023-2024, como candidata suplente de Dulce Yaneth Valdez, del PRI, a la diputación del Distrito 9, la litigante se dedicó más a las prescripciones.

Respecto de las detenciones, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de Tijuana (SSPCM) informó, el 1 de diciembre, la detención de Daniel “N” en la colonia Guerrero, y le ejecutaron la orden de aprehensión por el feminicidio de la abogada. Cuando la dependencia informó públicamente de la captura, el resto de los participantes sobre quienes existían ordenes de aprehensión se dieron a la fuga.

La Fiscalía General del Estado (FGE) implementó un operativo inmediato de búsqueda de los cinco restantes, pero sólo pudo capturar a dos de los criminales quienes ya tenían antecedentes por narcomenudeo. Al conductor Brayan “N” lo encontraron en su casa; y Guadalupe “N” fue detenida mientras huía, a dos cuadras de su lugar de residencia, porque un dron la siguió y la ubicó.

En lo que va de la administración de la gobernadora morenista, Marina del Pilar Avila Olmeda, en Baja California se han registrado 12 homicidios de abogados, pero sólo tres cuentan con detenidos, mientras que los demás permanecen impunes.

LOS SICARIOS SON DE LOS CHOZA LÓPEZ

ZETA pudo conocer que los dos jóvenes que dispararon contra la abogada, el adolescente detenido y el prófugo pertenecen a la familia Choza López, cuya operatividad criminal se hizo pública tras el homicidio  del bombero de Tijuana Rodrigo Alberto Choza Lupercio -con antecedentes por lesión con arma de fuego y narcomenudeo- , cometido el 25 de abril de 2023 como parte de un pleito territorial por la venta de droga, en el que se estaban enfrentado su esposa Claudia y su cuñada, Mónica Miramontes.

“Con ellas toda la familia participa- en los crímenes-; las parejas, las nueras y usan a los hijos, a los mayorcitos para vender drogas a los menores de punteros… Algunos de su prole… han sido asesinados y otros detenidos por delitos contra la salud” dijeron a ZETA, en aquel momento, las autoridades de la Mesa de Seguridad.

FGE PREPARA GRUPO ESPECIAL

Fue precisamente en la conferencia del 2 de diciembre en la que la fiscal general de Baja California, Ma. Elena Andrade, informó en Mexicali, de la detención de los presuntos responsables del homicidio de la abogada Emilia Ortega, cometido en Tijuana, cuyo móvil implica invasión, prescripción y la participación de un grupo criminal establecido, cuando la titular informó de la integración de un grupo especial para combatir este tipo de delitos que llevan años cometiéndose en la región.

“Vamos a ir con todo el poder del Estado, de la Fiscalía General del Estado, contra esos grupos que están llevando a cabo adjudicaciones ilegales de terrenos, porque esto está llevando a cabo temas de homicidios”, declaró la fiscal, y adelantó que crearán un grupo especializado dentro de la institución para la captura de grupos dedicados a esta actividad ilícita.

Crímenes que implican a delincuentes asesorados por inmobiliarios, abogados, notarios, funcionarios de catastro, del Registro Público, incluso jueces, todos corruptos, para hacerse de bienes con invasiones y prescripciones, como una nueva modalidad de financiamiento para tener casas de seguridad o puntos de venta de droga.

El fiscal de Homicidios, Miguel Ángel Gaxiola, reconoció que el fenómeno no es nuevo, pero indicó que se agudizó después de julio del 2024, tras la captura de Ismael “Mayo” Zambada y el inició de la pugna de los Chapos y Los Mayos en Sinaloa, porque los grupos locales se descapitalizaron; algunos homicidas detenidos refirieron que no les pagaban y cometían otros delitos para tener dinero.

De los crímenes detectados relacionados con despojos y fraudes por tenencia de la tierra, Gaxiola comentó que, además de homicidios, están las privaciones de la libertad, los secuestros, robos, falsificaciones, fraudes procesales y extorsiones.

ZETA preguntó en la Fiscalía especificaciones respecto a cuándo entraría en operación este mencionado grupo, pero se pudo saber que fue, precisamente, apenas la tarde del martes 2 de diciembre, cuando el personal de la FGE recibió la instrucción de tener la primera reunión para trabajar en la información que les permita llegar a establecer las bases para su conformación.

CRIMINALES LO ASESINAN Y VENDEN LA CASA QUE HABITADA

Otro caso es el de Juan Ramón Contreras Rodríguez quien vivía en Estados Unidos y fue detenido con 30 libras de metanfetamina y lo deportaron en 2007; desde entonces vivía en la casa ubicada en la calle Retorno Jerez del fraccionamiento Villafontana, en Tijuana, propiedad de su hermana y esposo, quienes ya residían en la Unión Americana y le permitieron quedarse en la mencionada casa.

El cadáver del hombre de 52 años, asesinado a golpes, fue localizado el 3 de septiembre del 2025 “envuelto en una bolsa negra y una cobija, dentro de un tambo en un camino de terracería, entre basura, en la carretera Tijuana-Tecate, a la altura del fraccionamiento Refugio en Tijuana”.

En seguimiento al homicidio, el 29 de octubre –56 días después del hallazgo-, cuando la FGE fue a realizar un cateo en el domicilio de la víctima, encontró a una pareja pintando; dijeron que ese mismo mes habían comprado la casa por “800 mil pesos adjudicados”, y se las había venido un hombre llamado Max, y después ya no se presentaron a declarar.  La FGE aún investiga si son parte del grupo delictivo o los defraudaron.

Los peritos localizaron sangre de la víctima en el lugar y presumen que fue la escena donde lo privaron de la vida.

EL GRINGO QUE PRESCRIBE TERRENOS EN ENSENADA

En Ensenada, otra carpeta que data desde el 2020 y sigue acumulando delitos, implica a Patrick John Jacobs Gaytán junto con sus apoderados, los Ibarra (Se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad por la autoridad judicial. Art.13, CNPP), señalado por residentes de Lomas del Aguajito, en Ensenada, como “el gringo que prescribe terrenos”, que usa documentos e información falsa para apoderarse de los predios de la zona en mención. Ambas partes han tenido un pleito legal extenso. La FGE informó que ha investigado a los escoltas Jacobs por homicidio, pero la información recabada, ha sido insuficiente para obtener órdenes de aprehensión.

En contraparte, Jacobs y sus abogados también han recibido ataques:

* 23 de abril de 2025. Delincuentes colgaron dos narcomantas en su contra, una frente a Corporativo Jacobs, ubicado cerca del cruce entre las calles Novena y Riveroll, en la Zona Centro: “Patrick John Jacobs pinche ratero de mierda ya estoy cerca de ti y de todos tus chalanes de grupo Jacobs y de tu hijo Jean Jacob putito van valer VRG así traigas escoltas según tú CJNG aquí pura gente del sombrero” [sic].

* Ese mismo día, en la calle Bahía de La Paz y Constitución, en la colonia Moderna se leía: “Vecinos de la Fam JACOBS, aléjense de esas RATAS por k se les va trozar en cuanto se les mire, no será daños colaterales, andamos haciendo limpia de gente rata y lacra d la CJNG información de estas ratas se recompensa Atte: La barredora” [sic].

* 24 diciembre de 2024. Las oficinas de la constructora de Jacobs en la calle Riveroll y calle Nueve de la Zona Centro recibieron cuatro impactos de bala en las paredes y daños en las ventanas.

* 12 de noviembre de 2024. Lanzaron una bomba molotov contra el edificio que alberga oficinas de Jacobs y del despacho contable-fiscalista Márquez Navarro Ceseña S.C. en la calle Alvarado, entre Séptima y Octava del centro de Ensenada; además dejaron un narcomensaje: “Esta familia se dedica a manejar dinero ajeno como servicio, usando empresas fantasmas…paguen los 3 millones de dólares que robaron Uds. ya saben a quién” [sic].

* 10 octubre de 2022. El abogado Antonio Sánchez Sánchez, colaborador del representante legal de la familia, Patrick John Jacobs Gaytán en El Aguajito, fue asesinado a tiros en el patio de su casa en Ensenada.

DELITO VIEJO

A pesar de que en la conferencia del 2 de diciembre la fiscal mencionó esta concurrencia de delitos como algo reciente, en realidad no es nuevo.

Para muestra el caso de la jueza municipal de Rosarito, Diana Marlén Montes de Oca Ramos, de 43 años, asesinada junto con su madre el 17 de enero del 2021; la jueza protagonizaba un pleito legal por propiedades con un grupo de policías aliados con criminales, específicamente un predio de cinco mil 505.891 metros cuadrados del fraccionamiento Vista Marina.

O el ingeniero de 72 años, Eliú Guerrero, quien, en marzo del 2024, denunció que José Ángel Roque García, líder del Cártel Arellano Félix, acompañado de persona de la FGE lo había secuestrado dos veces, el 29 y el 31 de enero del mismo año y lo obligaron a firmar un documento y cederles una propiedad de 170 hectáreas al sur del rancho El Refugio.

Nueve años antes, el 8 de septiembre del 2015, el abogado Antonio Rodríguez Moreno y dos ingenieros que iban a hacer un deslinde de terrenos como parte de un pleito legal iniciado en 2004, fueron encontrados calcinados en la Zona Este de Tijuana, a donde habían acudido a una cita con su contraparte, el ingeniero Eliú Guerrero.

Y el 20 de septiembre del 2024, la agente inmobiliaria Susana López Gámez, de 63 años, fue acribillada mientras circulaba sobre la Carretera Escénica Tijuana-Rosarito. Estaba implicada en pleitos por venta irregular de terrenos; Al momento de su muerte, en se enfrentaba con Lourdes Pequeño, exrecaudadora municipal y exsecretaria de la alcaldesa Araceli Brown Figueredo (2019- 2024), por un predio en Residencial Villas de San Pedro en Rosarito.

Adicionalmente están los casos de los cárteles inmobiliarios en los que aún no se implican delitos de alto impacto, pero sí los fraudes con abogados que, aprovechando huecos legales, documentación falsa y la corrupción gubernamental, se han apoderado de un gran número de casas en condición de abandono que inscriben en Registro Público de la Propiedad y el Comercio (RPPC) y el Infonavit.

Además de denuncias en las que han surgido nombres como el de Mario Ismael Cañedo Ceceña y sus cercanos; y empresas como Eduardo de la Rosa Ingeniería, Casas y Trámites Inmobiliarios, e Inmobiliaria Racace; además del abogado Francisco Javier Mercado Pérez, de HG Innovación y Desarrollos, en Mexicali. O el abogado Christian Pablo López Ortiz con varias carpetas por fraude, fraude procesal, fraude específico y despojo en Tijuana.

Cuando se conforme el prometido grupo especial, finalmente las fiscalías estarán obligadas a compartir información y coordinar las investigaciones, lo que debería permitirles avanzar en las carpetas que permanecen congeladas.