La crisis que desgarra al campo mexicano ha alcanzado un punto de colapso logístico y político. El sector agropecuario nacional se encuentra en estado de emergencia, atrapado entre la inviabilidad económica de producir granos básicos, la asfixiante extorsión del crimen organizado que actúa con impunidad, y la constante inestabilidad comercial generada por plagas que reactivan el cierre de fronteras.
El panorama más reciente, que sirve como punto de partida para este análisis, es la ruptura total del diálogo. La noche del 25 de noviembre y la madrugada del 26 de noviembre de 2025, agricultores y transportistas se levantaron de la mesa de negociación con la Secretaría de Gobernación (Segob), declarando la falta de acuerdos satisfactorios y el mantenimiento de los bloqueos en al menos 10 estados del país.
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Los líderes campesinos, agrupados en el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), exigieron precios justos y se pronunciaron en contra de la polémica reforma a la Ley de Aguas Nacionales. La Secretaría de Gobernación, por su parte, afirmó que el diálogo se tensó porque las demandas de los dirigentes habían cambiado de manera inesperada.
Este fracaso en la negociación es la culminación de un ciclo vicioso de protestas y promesas incumplidas que inició semanas antes, motivado por la caída histórica del precio del maíz y la desesperación de los productores. La Presidenta Claudia Sheinbaum ha reconocido la legitimidad de algunas de estas demandas, pero también ha advertido que hay protestas que buscan mantener “privilegios”.
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En este contexto de inestabilidad, la inseguridad ha dejado una marca de sangre: el asesinato del líder limonero Bernardo Bravo Manríquez, en Michoacán, en octubre. Este crimen, y las extorsiones generalizadas a los productores, evidencian cómo el crimen organizado se ha convertido en un socio forzoso que infla los costos de los agroalimentos hasta en un 20 por ciento.
La crisis nacional es multifacética. Mientras las carreteras son el escenario de la protesta social y la inseguridad, el sur del país lucha contra una plaga animal que amenaza la principal fuente de exportación ganadera hacia el vecino del Norte, sumando más presión a una economía rural al límite.
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LA RAÍZ DE LA RUPTURA
La controversia sobre el precio de los granos es el principal motor de la parálisis logística y el descontento social en el campo, generando pérdidas económicas multimillonarias y afectando directamente la canasta básica. El corazón del problema reside en el maíz blanco. La Presidenta Sheinbaum explicó que el precio de este grano cayó “muchísimo este año”. Mientras que en el periodo posterior al inicio del conflicto en Ucrania la tonelada superaba los siete mil pesos, para el segundo semestre de 2025 se situó alrededor de tres mil 200 pesos, una disminución enorme. Este precio de venta, según denuncian los productores, está atado al juego del mercado bursátil de la Bolsa de Chicago debido a los tratados comerciales.
Los agricultores, que han enfrentado una crisis económica de más de tres años, señalaron que el incremento en los costos de insumos ha vuelto la producción incosteable. Un exsubsecretario de Agricultura, Francisco López Tostado, detalló que el costo promedio para producir 10 toneladas de maíz en una hectárea es de unos 52 mil pesos. Sin embargo, el pago de las empresas apenas alcanza los 60 mil pesos, dejando una utilidad mínima. Para subsistir, los productores exigen un margen de utilidad de al menos el 20 por ciento, lo que requeriría un precio de por lo menos 62 mil 400 pesos por cada 10 toneladas.
Ante esta inviabilidad, la demanda unificada del sector fue establecer un precio de garantía de siete mil 200 pesos por tonelada. La movilización de los agricultores se intensificó en octubre de 2025 apoyados por el sector transportista, que, por su parte, demanda seguridad. Los primeros bloqueos itinerantes iniciaron el 14 de octubre en carreteras de algunas entidades de las regiones Occidente y Bajío, con automovilistas enfrentando largas horas de espera. El 27 de octubre, la protesta se volvió nacional. Tras fracasar la primera ronda de negociaciones en la Segob, donde la oferta máxima del gobierno fue de seis mil 50 pesos por tonelada, los campesinos de Jalisco, Guanajuato, Michoacán y Morelos iniciaron cierres de carreteras indefinidos.
La presión surtió efecto el 29 de octubre, cuando el secretario de Agricultura, Julio Berdegué, anunció un acuerdo: la Federación y los gobiernos estatales sumarían recursos para otorgar un apoyo adicional de 950 pesos por tonelada (800 pesos federales y 150 estatales), elevando el precio total a seis mil 150 pesos por tonelada. Este acuerdo iba dirigido a productores de hasta 20 hectáreas e incluía la ampliación del programa Cosechando Soberanía, ofreciendo créditos a una tasa preferencial del 8.5 por ciento anual y seguros agropecuarios. Se prometió además la creación del Sistema Mexicano de Ordenamiento de Mercado para fijar precios de referencia.
El acuerdo se desmoronó rápidamente. El 4 de noviembre, agricultores del Bajío rompieron el diálogo y cualquier pacto con el gobierno federal. La causa fue el incumplimiento de la Secretaría de Agricultura de facilitar una reunión conjunta con los industriales (los compradores del grano). Los productores señalaron que la industria se negaba a pagar un precio base de al menos cinco mil 700 pesos (costo internacional), ofreciendo solo entre cuatro mil 700 y cinco mil 200 pesos por tonelada.
Ante la imposibilidad de llegar a un precio rentable, los agricultores reanudaron los bloqueos y escalaron la protesta, llegando a tomar y bloquear los accesos de las plantas harineras de Maseca y Cargill en Guanajuato, exigiendo que los industriales pagaran seis mil pesos por tonelada. Pero el conflicto logístico alcanzó su punto máximo el 24 de noviembre, con el Paro Nacional de Agricultores y Transportistas. Las protestas se intensificaron en 36 puntos carreteros de al menos 20 estados, incluyendo el cierre de la aduana del Puerto de Manzanillo y la toma del Puente Internacional Córdova de las Américas en Ciudad Juárez. Los industriales estimaron pérdidas por más de 2,300 millones de pesos a nivel nacional.
El conflicto ha generado fricciones políticas y legales, mezclándose con la oposición a políticas federales clave, como la reforma a la Ley General de Aguas, ante la cual agricultores de Chihuahua protestaron, temiendo que la nueva ley les impida la transferencia de concesiones de uso de agua para riego entre familiares; los productores de Guanajuato también se declararon preocupados y desesperados si la ley no se modifica, ya que quedarían “desprovistos de toda capacidad hídrica”.
La Ley de Aguas busca que el líquido deje de ser una mercancía y no se permita la transmisión o negociación de títulos de concesión entre particulares, aunque sí se respetará el derecho de herencia.
FLAGELO CRIMINAL
Mientras los agricultores luchan por sobrevivir al desplome de precios, el crimen organizado ha impuesto un “arancel” violento y generalizado a la producción nacional, elevando los costos y amenazando directamente la seguridad alimentaria. El Consejo Nacional Agropecuario (CNA) ha calificado la violencia e inseguridad como una amenaza directa para los productores y la seguridad alimentaria del país. La estimación del CNA es contundente y alarmante: entre el 10 y el 20 por ciento del costo final de varios agroalimentos es atribuible a los pagos exigidos por grupos criminales, haciendo la situación “insostenible”.
La extorsión por derecho de piso no es un fenómeno aislado de Michoacán. La exdirectora del Centro de Derechos Humanos del ITESO, Alejandra Nuño, advirtió que el delito se ha extendido impunemente por todo el país, afectando no solo a los limoneros, sino también a los aguacateros. La crisis de seguridad se hizo brutalmente palpable con el asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, líder nacional de productores de limón y presidente de la Asociación de Productores de Limón Valle de Apatzingán, ocurrido el 20 de octubre de 2025. Bravo fue privado de su libertad por hombres armados en una zona de influencia del Cártel Michoacán Nueva Generación.
Avances en la investigación revelaron la siniestra motivación: el homicidio fue acordado por tres líderes criminales -César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias el Bótox; Andrés Alejandro Sepúlveda Álvarez, el Jandos o la Fresa; y Ricardo Madrigal Ávalos, el Barbas- después de que el gremio de citricultores levantara la voz contra las extorsiones. Bravo había recibido amenazas por denunciar el cobro de derecho de piso. El Gobierno Federal condenó el asesinato y activó una respuesta de seguridad inmediata. Rápidamente se detuvo a Rigoberto N, alias el Pantano, encargado del cobro de extorsiones y presunto autor intelectual, junto con una segunda persona y la pareja sentimental del Bótox.
Ante la escalada de violencia, que incluye el paro indefinido de empacadoras de limón desde agosto de 2024 debido a las cuotas exigidas, el crimen contra Bernardo Bravo y más aún con el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, el Gobierno Federal presentó el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia (o Plan Paricutín). Este plan contempla el despliegue de más de 12 mil elementos del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional para “sellar el estado”. La estrategia, supervisada por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, tiene como eje combatir la extorsión y garantizar la seguridad de los productores en zonas clave como las aguacateras y limoneras.
El flagelo criminal no se limita a los campos de cultivo. Los transportistas, que se unieron al paro nacional de noviembre, denunciaron la impunidad en las rutas federales. El presidente de la ANTAC, David Estévez, afirmó que los robos al transporte de carga alcanzan hasta 60 unidades diarias. La Cámara de Diputados se vio obligada a discutir un paquete de reformas para frenar la extorsión y la inseguridad en las carreteras.
SANIDAD Y FRONTERAS
Como telón de fondo de la crisis económica y de seguridad, el sector agropecuario enfrenta constantes amenazas sanitarias que han provocado cierres de frontera, impactando gravemente las exportaciones de ganado en pie. La reaparición del gusano barrenador del ganado (Cochliomyia hominivorax) ha sido la causa directa de la inestabilidad en las relaciones comerciales binacionales, dejando pérdidas millonarias. El 12 de mayo de 2025, Estados Unidos suspendió las importaciones de ganado mexicano por 15 días tras detectarse brotes de la plaga en Oaxaca y Veracruz. El Consejo Nacional Agropecuario estimó una pérdida diaria de 11.4 millones de dólares. La Presidenta Sheinbaum calificó el primer cierre como un tema político-electoral y no justificado sanitariamente.
Para combatir la plaga, México implementa la liberación de moscas estériles. Estados Unidos acordó destinar 21 millones de dólares para renovar la planta de producción de mosca estéril en Chiapas, con capacidad de producir hasta 100 millones de insectos por semana. Tras un acuerdo para la reapertura gradual de la frontera a partir del 7 de julio, que puso fin a un cierre que generó pérdidas estimadas en 700 millones de dólares, la estabilidad duró apenas tres días. El 10 de julio de 2025, Estados Unidos suspendió de inmediato la importación nuevamente tras la confirmación de un nuevo caso en Ixhuatlán de Madero, Veracruz. Decisión que Sheinbaum consideró como “totalmente exagerada”.
El Servicio Nacional de Sanidad (SENASICA) confirmó seis mil 703 casos de gusano barrenador entre noviembre de 2024 y septiembre de 2025 en ocho estados, concentrados principalmente en el sur-sureste (Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo). La importancia de este comercio es tal, que Texas, responsable del mayor porcentaje de producción doméstica de carne en EE.UU., urgió a reabrir la frontera “lo antes posible” en octubre, señalando que México es vital, pues provee cerca del 60 por ciento de las importaciones de ganado en pie a ese país. El 7 de noviembre de 2025 se detectó un nuevo caso confirmado en Jalisco, en una res que provenía de Campeche. El brote fue contenido.
La confluencia de la ruina económica causada por los precios colapsados, la violencia endémica que encarece los productos y la inestabilidad sanitaria, ha empujado al sector agropecuario mexicano a una crisis de múltiples frentes, donde los productores, agotados, han optado por la confrontación directa en las carreteras, mientras el diálogo institucional permanece roto y las soluciones de fondo se diluyen.
