La que, de acuerdo a su abogado, demandará al Gobierno de los Estados Unidos, es la exalcaldesa de Rosarito, y diputada federal por Morena, Araceli Brown Figueredo. Lo hará, argumenta el licenciado en derecho Jesús Rodolfo Cruz, por difamación, al haberla incluido en las sanciones de la OFAC, titulado “El Imperio del Contrabando: la red de Playas de Rosarito”, junto a los empresarios Candelario Arcega y Jesús González Lomelí, en una red de protección y lavado de dinero. Según el representante de la exalcaldesa, pedirán al Gobierno de los Estados Unidos que rectifique o se retracte, pues dicen haber solicitado información al Buró de Investigaciones (FBI) y a la Agencia Antidrogas (DEA) para demostrar que el comunicado de la OFAC podría incurrir en difamación. En México también demandarán a la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, institución que, en coordinación con la OFAC, congeló las cuentas en el país a los mencionados. “En México tuvimos un cierre de argumentos, estamos en un tema administrativo en el caso del congelamiento de las cuentas; si hay una negación nos vamos a un tema judicial contra la UIF en México. En Estados Unidos, primero estamos administrativamente, estamos solicitando al Departamento de Tesoro, que tomen en consideración de eliminar a Araceli Brown de esa lista, amigablemente; si no, nos vamos a una corte federal en Estados Unidos mediante cartas certificadas donde van gastos de abogado y de ejecución”, dijo el abogado. La cuestión, aseguran, es que hasta el sueldo de diputada federal le tienen retenido a Brown, quien, a manera de deslinde, dice que conoció a Arcega “como líder transportista” con actividades cercanas a candidatos políticos, y a González Lomelí cuando fue regidor. Así las cosas.
Brown contra USA
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