El comerciante de la delegación de Maneadero en Ensenada, Fidel Meraz Betancourt, de apenas 30 años de edad, fue víctima de homicidio y había sido extorsionado por integrantes de un grupo delictivo que está operando dentro del poblado.
Fidel Meraz era propietario de la tienda de abarrotes y expendio de cerveza “Junior”, ubicada en una pequeña plaza comercial establecida en la calle Hidalgo de la Parcela 37, muy cerca del área industrial de la comunidad; ese día del ataque se había negado a dar “cuota”.
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Según las indagatorias, horas antes de que fuera asesinado, los presuntos extorsionadores de Fidel le habían pedido el pago de 25 mil pesos, y no era la primera ocasión que le exigían dinero.
Mientras el comerciante se encontraba acompañado de su familia, nuevamente los individuos acudieron al negocio exigiendo otra suma de dinero.
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De acuerdo con testimonios recopilados, el comerciante decidió primero poner a salvo a sus familiares, trasladándose a su domicilio para dejarlos a salvo, después tomó un arma y regresó a una zona cercana al establecimiento, donde se habría enfrentado a los agresores.
“Regresó con el arma y les hizo frente a los extorsionadores”, añadió un allegado de Fidel.
El cuerpo del comerciante fue localizado a las siete de la mañana del 17 de noviembre por la policía municipal, quien atendió un reporte donde informaban sobre un cuerpo sin vida en un canal en El Salitral, además de dos vehículos abandonados.
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Momentos más tarde, agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad (FESC), localizaron sobre las calles de terracería Lázaro Cárdenas y 16 de Septiembre, en la misma delegación, un vehículo encendido marca Hyundai Elantra color guinda, abandonado, con dos impactos de arma de fuego y rastros de sangre en la parte trasera, lo que sugiere que uno de los participantes pudo haber recibido disparos.
VAN POR QUIENES COBRAN “CUOTA” EN MANEADERO
La carpeta de investigación de la Unidad de Homicidios Dolosos de la Fiscalía General del Estado (FGE) maneja la extorsión como la principal línea de investigación y, en una primera etapa de investigación, los sujetos podrían estar “aprovechando” la situación de inseguridad que se ha registrado en Ensenada, donde grupos del crimen organizado afín al Cártel de Sinaloa han realizado actos de extorsión a toda la cadena económica del sector pesquero.
Informaron agentes estatales que la diferencia con estos criminales, quienes también han colaborado en la investigación, es que se trata de un reducido grupo que ha sido perfectamente identificado por tener residencia dentro de la comunidad de Maneadero y de cometer esos mismos delitos.
Incluso en dos ocasiones han llevado a cabo cateos en domicilios de estos sujetos por asuntos de narcomenudeo. Aunque aún no hay detenidos, afirmaron que están cerca de tener resultados.
Habitantes y comerciantes de la zona señalaron que este no es un caso aislado, porque un día antes otros dos negocios habrían recibido amenazas similares por parte de un individuo identificado Baldovino.
Sin embargo, ninguno ha interpuesto denuncia formal por temor a represalias. “No vamos a denunciar, nadie va a denunciar, porque tenemos miedo”, puntualizaron.
Con este panorama de violencia, otros comerciantes allegados hicieron un llamado a las autoridades correspondientes para reforzar la seguridad en la zona y atender el incremento de casos de extorsión, pues insisten en que son el principal inhibidor económico.
PEQUEÑO NEGOCIO OPERA A PESAR DE LAS AMENAZAS
La propietaria de una carreta de tacos llamada de La Carranza, estilo psicodélico, exhibió en el mismo mes de noviembre en sus redes sociales que a pesar de ser un negocio pequeño de comida había recibido una amenaza de cerrar.
“Como ustedes saben, es el sustento de mis hijos y de su servidora por ya 15 años, y no me voy a quedar callada ni tampoco cerraré algo que tanto esfuerzo me ha costado construir”, señaló la mujer, quien hasta el momento sigue atendiendo de manera personal el establecimiento semifijo.
Este anuncio lo dio a conocer, horas después de que el propietario de una reconocida carreta de tacos conocida como “psicodélicos” en la avenida Reforma, entre López Mateos y San Marcos, fuera baleado en la calle Esmeralda.
En ese evento, Juan Carlos de 46 años, sobrevivió a un atentado armado y aunque en este caso la línea principal no es la de la extorsión, generó gran polémica entre la comunidad de Ensenada por uno de los puestos de comida semifijos con más años en el puerto.
IMPLEMENTAN MÁS PROGRAMA ANTIEXTORSIÓN
Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), reportó el 11 de noviembre pasado que a pesar de la reciente reducción en el promedio diario de casos, la extorsión se mantiene por encima de los niveles registrados en 2019, al mostrar un incremento acumulado de 22.9 por ciento entre enero-octubre de 2019 y el mismo periodo de 2025.
En sus últimas declaraciones la funcionaria reportó que el citado delito registró un incremento en el promedio diario de casos, al pasar de 25.48 denuncias en el 2018 pasado, a recibir 31.30 durante 2025.
El reporte también mostró que, tras el arranque de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, el delito registró una baja de 14 por ciento en el promedio diario de denuncias entre octubre de 2024 y el mismo mes, pero de 2025.
“En el caso de extorsión también, como hemos informado en este reporte mensual de incidencia delictiva, este delito presentó en esta comparación de periodos de 2019 a 2025 un incremento del 22.9”, informó la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Por su parte, Omar Hamid García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), reveló que 12 centros penitenciarios concentraban el 56 por ciento del total de las dos mil 398 líneas telefónicas reportadas por extorsionar en el número 089.
Según lo explicó el funcionario federal, el 33 por ciento de estas líneas fueron bloqueadas por el retiro de la antena en Altamira, Tamaulipas; así como por el bloqueo de la antena en Matamoros, Tamaulipas; además del bloqueo en la totalidad de los servicios 3G y 4G en Santa Martha Acatitla, en Ciudad de México.
García Harfuch abundó que durante el primer trimestre de 2026 estarían bloqueados los 14 reclusorios federales y los 13 ubicados en la capital de la República.
COPARMEX
La aprobación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión representa un avance necesario ante un delito que afecta la seguridad, la actividad productiva y la estabilidad social, reaccionaron empresarios de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
En México, estimaron, la cifra negra es del 97 por ciento de denuncias que no se hacen por miedo o desconfianza en las autoridades; los datos oficiales revelan que cada día 31.3 personas denuncian haber sufrido extorsión y, tan sólo en 2024, este delito generó pérdidas superiores a 21 mil millones de pesos.
Estas cifras corresponden únicamente a los impactos económicos reportados por las víctimas en general, sin especificar empresas o comercios, e incluyen pagos y gastos asociados derivados del delito.
A través de #DataCOPARMEX, se confirma que el 12.8 por ciento de nuestras Empresas socias han sido víctimas, principalmente mediante llamadas telefónicas (70.5%).
Con la recién aprobada ley, el Gobierno Federal y los gobiernos estatales tendrán que dotar de recursos, capacidades técnicas e infraestructura institucional a todas las autoridades responsables.
Iniciando por garantizar presupuesto suficiente y etiquetado para capacitar a policías, fiscalías y jueces para asegurar una aplicación correcta y efectiva de la ley, así como sensibilizar a gobernadores para homologar cuanto antes sus legislaciones.
Además mencionaron las penalidades, donde las sanciones generales oscilan entre 15 y 20 años de prisión y pueden llegar hasta 30 años en casos agravados.
Para evitar más riesgos deben funcionar los mecanismos de protección reforzada para víctimas, como el resguardo de identidad, imagen y voz con herramientas tecnológicas que den anonimato. Pidieron instalar inhibidores de señal y tecnologías de bloqueo en centros penitenciarios en un plazo máximo de 180 días hábiles.
