Otro año cierra sin que Ayuntamiento de Mexicali, o algún otro de BC, impulse el proyecto de Justicia Cívica; ya hacia los seis años desde colocación de la primera piedra
Cuando en octubre del 2020, la entonces alcaldesa Marina del Pilar Avila Olmeda colocó la primera piedra del edificio que albergaría los nuevos Juzgados de Paz, no se esperaba que cinco años después las cosas quedaran igual o peor que como estaban.
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Nadie, absolutamente nadie dentro del Cabildo de Mexicali ha pugnado por promover el esquema de Justicia Cívica, un nuevo mecanismo de resolución de conflictos mediante Jueces de Paz, que vendrán a resolver conflictos comunitarios o de convivencia, con el objetivo de que no se conviertan en delitos.
El propósito de este nuevo sistema es que los Juzgados de Paz permitan que ambas partes en un conflicto puedan mediar o acordar, en caso de ser posible; o sancionar, si la situación lo amerita, mediante un procedimiento mucho más rápido y transparente. Así, por ejemplo, una detención por estado de ebriedad podría no concluir en una medida punitiva como una multa de nueve mil pesos, sino que el Juez de Paz tendría la facultad de otorgar un criterio de oportunidad a la persona para que se comprometa a medidas preventivas que lo eduque, y así evitar la reincidencia.
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También buscaría que los policías municipales, previa capacitación, estuvieran preparados para atender y mediar casos que surgen de conflictos en la comunidad. Sin embargo, tampoco ha ocurrido.
La figura de los Jueces de Paz fue promovida desde la administración del panista Gustavo Sánchez Vázquez, en la última etapa de su gobierno. Debido a que se trataba de un proyecto federal, Avila Olmeda decidió retomarlo e invirtió dinero para arrancar el proyecto, pero el tema se “paralizó” cuando abandonó la Presidencia Municipal para competir por la gubernatura de Baja California, en el año 2021.
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El entonces regidor morenista, José Ramón López Hernández, se comprometió a sacar un reglamento para comenzar el desahogo de casos mediante la Justicia Cívica, en tanto se le inyectaba recursos para implementarlo en todo el municipio. Sin embargo, salvo por algunas reuniones, tampoco concretó.
López Hernández abandonó la regiduría para ocupar la Dirección de BISOM, ya en la gestión de Norma Alicia Bustamante Martínez, y a partir de ese momento, el proyecto fue totalmente abandonado por los actuales ediles. Nadie sabe ni dirige los trabajos de la Justicia Cívica y los diputados; cuando se acuerdan, hacen alguna referencia para exigir a los municipios, pero se olvida rápidamente.
En octubre pasado se cumplieron cinco años de “inaugurar” la primera piedra del edificio donde se construirían las salas de Justicia Cívica, en las oficinas de la Comandancia de la Policía Municipal de Mexicali, pero en ese punto ya no hay nada; ni piedra, ni construcción. Tampoco carteles o algo que anuncie el próximo arranque del proyecto.
Para este 2026, el Ayuntamiento de Mexicali no contempla propiamente presupuesto para arrancar con la Justicia Cívica; no es prioridad, dado que existen compromisos urgentes, como el pago a Issstecali, que para el próximo año superará los 550 millones de pesos sólo para cubrir los excedentes de jubilados.
En este contexto, todo parece indicar que llegarán los seis años desde que arrancó el proyecto sin que se pusiera en marcha la Justicia Cívica, pese a que actualmente existe una sala medianamente adecuada para llevar a cabo procedimientos mediante este esquema, en las instalaciones de la Subcomandancia Noreste, el último edificio vinculado a la seguridad pública construido en Mexicali, durante la administración del mismo hoy senador, Gustavo Sánchez Vázquez.
