Para 2026, el Partido Encuentro Solidario (PES), organismo político convertido en el patio de juegos de los hijos del exinterno del Hongo, Jorge Hank Rhon, proyecta recibir un monto de 79 millones de pesos para el cumplimiento de sus actividades político-partidistas, convirtiéndose por tercer año consecutivo en el organismo con mayor financiamiento público en Baja California.
Desde 2024, el PES ha aprovechado una pifia cometida por los diputados de Morena, que impulsaron un proyecto promovido por el legislador Juan Manuel Molina, para reducir el financiamiento de los partidos políticos a la mitad; pero debido a su desconocimiento sobre las leyes electorales y las facultades del propio Poder Legislativo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), echó abajo una parte de la reforma electoral de Morena, lo que abrió una rendija que permitió que el PES se hiciera de una fortuna proveniente del financiamiento público.
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De concretarse el proyecto de distribución del financiamiento público para el 2026, la afectación al erario bajacaliforniano superaría los 250 millones de pesos en tres años, un monto equivalente al doble de la retención que Banca Afirme hizo al Gobierno del Estado como primer pago para la construcción del proyecto Next Energy.
La distribución de los 152 millones de pesos de financiamiento público para partidos políticos en 2026, diseñada por el Instituto Estatal Electoral (IEE), a consecuencia de la reforma electoral de 2023 que fue parcialmente derogada por la SCJN, se distribuye de la siguiente manera:
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PES, 79 millones 497 mil 822.89 pesos; Morena, 31 millones 464 mil 439.62 pesos; PAN, 12 millones 150 mil 752.35 pesos; Movimiento Ciudadano, ocho millones 191 mil 286.75 pesos.
Por su parte, el Partido del Trabajo recibirá siete millones 521 mil 738.90 pesos; Partido Verde Ecologista de México, seis millones 957 mil 430.35 pesos; y en el sótano, el PRI con seis millones 344 mil 553.85 pesos.
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El monto se obtiene de una fórmula establecida en la Ley, donde además se distribuye un 30 por ciento del recurso en partes iguales y un 70 por ciento a partir de la votación obtenida en el último proceso electoral. Es por ello que el partido que más votos obtiene percibe más dinero.
Tanto para el PRI como para el PT, la distribución que beneficia al PES es inequitativa y viola el principio de racionalidad del gasto público y equidad en la contienda, por lo que presentaron impugnaciones contra la medida; Morena, por su parte, también intenta remendar su error y arrancó una batalla legal contra la distribución del IEE.
Los cuatro partidos se juegan el tercer round político en el que se busca reducir de manera sustancial la entrega millonaria del PES, pero que ha ganado en los últimos dos embates, el último de ellos, por un voto de calidad en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
PRI, PT Y MORENA, IMPUGNAN CONTRA EL PES
Apenas anunciada la distribución del recurso público de los partidos políticos, tres partidos políticos presentaron sus quejas ante tribunales electorales. El PRI y Morena arrancaron el proceso legal a través del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California (TJEBC) y quedaron asentados en los documentos 104/2025 y 105/2025, colocando como tercer interesado al PES; mientras tanto, el Partido del Trabajo se dirigió directamente a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con la intención de brincar todo el proceso.
Los argumentos de los tres partidos son prácticamente los mismos, pues atribuyen que la distribución del recurso público planteada por el IEEBC, provoca un desequilibro en la contienda.
“El financiamiento público no es un fin en sí mismo, sino un instrumento para garantizar la competencia equitativa. El principio de pluralismo exige que la regulación no propicie monopolios ni ventajas indebidas. Al otorgar al PESBC una ventaja financiera exorbitante, superando por mucho a partidos con mayor representatividad democrática, la autoridad crea artificialmente una fuerza dominante, distorsionando la realidad electoral”, refiere un fragmento de los argumentos vertidos en el documento presentado ante el TJEBC por el representante del PRI, Joel Abraham Blas Ramos.
“La distribución igualitaria busca nivelar el piso de competencia, no erigir un monopolio financiero para un solo actor. Asignar la totalidad de una bolsa diseñada para un sistema de partidos a un solo partido rompe con el principio de racionalidad del financiamiento público. No existe nexo lógico entre la necesidad operativa del partido y el monto asignado; se trata de una transferencia de recursos del Estado que excede cualquier parámetro de necesidad o proporcionalidad, convirtiéndose en un enriquecimiento sin causa electoral justificada”, refiere el recurso 104/2025 presentado ante el tribunal y que será analizado en los próximos días por las magistradas Graciela Amezola, Carola Andrade, y en espera de la sustitución del magistrado Jaime Vargas Flores.
Y es que hay que recordar que el galimatías surgió cuando el Congreso del Estado llevó a cabo la reforma electoral en mayo del 2023, donde, entre otras cosas, avaló hacer una serie de modificaciones al financiamiento de partidos políticos, donde hizo una modificación en la fórmula de distribución, que anteriormente multiplicaba entre el padrón electoral vigente, que rondaba los tres millones 114 mil 272 millones de votantes, por el 65 por ciento de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que en enero de 2023 tiene como vigencia 103.74 pesos.
Lo que hicieron los legisladores morenistas fue que la multiplicación no fuera por el 65 por ciento de la UMA, sino por el 25 por ciento, lo que impactaría en la distribución del recurso.
Esta regla intentó colocarse también para los partidos políticos locales, pero debido a que los congresos locales carecen de facultades para regularlos -pues a los partidos políticos locales sólo los puede legislar el Congreso de la Unión-, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) derogó los artículos que impactaban a los organismos como el PES.
Con esta modificación, a los partidos nacionales se les aplica una fórmula con el 25 por ciento de las UMAs, mientras que al PES se le aplica el 65 por ciento.
A esto se le agrega que la misma ley establece que con la presencia de partidos políticos locales, el Estado se ve obligado a abrir una bolsa extra para distribuirla entre dichos organismos, pero como sólo existe uno con estas características, el PES se queda con toda la bolsa.
Así, un desatino del Poder Legislativo de mayoría morenista y un análisis de la libertad configurativa de los estados -hasta cierto punto limitada- provocó que el PES perciba 114 millones de pesos durante el pasado proceso electoral de 2024 y un aproximado de 80 millones de pesos en los años ordinarios.
Uno de los argumentos políticos en contra del PES es que la creación de un monopolio artificial financiero, viola cualquier principio de equidad en la contienda e incluso jurisprudencias de organismos internacionales, pues la ventaja financiera del PES, según el documento, es del 1850 por ciento con respecto a sus contrapartes a nivel nacional.
En las dos batallas legales emprendidas por los partidos políticos en Baja California en contra del partido de Aguacaliente, los tribunales le han dado la razón al PES, pero en el último análisis de la Sala Superior, los magistrados estuvieron a punto de revocar la fórmula, bajo el argumento de que -efectivamente- el financiamiento artificial provocaba una inequidad en la contienda.
El pasado 2 de abril, el magistrado Reyes Mondragón subió el tema al Pleno de la Sala Superior, proyectando desechar la queja de Morena, argumentando que la SCJN habría decretado constitucionalidad en la distribución del recurso público.
Antes de votarlo, sus compañeros pidieron reconsiderar el proyecto y llevarlo a un análisis más profundo, pues consideraban que sí había elementos para una posible inequidad en la contienda, por lo que se desechó y turnó el nuevo estudio al magistrado Felipe de la Mata Pizaña.
Lo extraño del caso es que semanas después fue subido a Pleno y se analizó totalmente en contra, pero -a diferencia del pasado análisis- la magistrada, Janine M. Otálora Malassis y la presidenta, Mónica Aralí Soto Fregoso, se pusieron en contra del proyecto; mientras que los togados Felipe Alfredo Fuentes Barrera y De la Mata Pizaña, lo avalaron. El voto de desempate de la Presidencia volcó el sufragio en favor del PES.
REGLAS DE FINANCIAMIENTO DATAN DEL 2014: IEEBC
Ante las críticas y señalamientos vertidos por partidos políticos locales sobre la distribución realizada por el PES, el consejero presidente del IEEBC, Luis Alberto Hernández Morales, aseguró que todo el procedimiento se hizo conforme a la Ley y que se han respetado las leyes vigentes desde el 2014, período en que se hizo la última gran reforma electoral donde se modificó la distribución del recurso a partidos políticos.
“Tienen que ver con un diseño normativo de 2014, donde una mayoría de partidos representada por PRI, PAN, PRD y PVEM, diseñaron esas reglas, y esas siguen vigentes. Actualmente, la nueva mayoría, que son Morena, PT y PVEM, no las han cambiado y a la autoridad electoral nos corresponde analizar la norma, esta discusión que me parece legítima, y comparto las inquietudes de las representaciones en el sentido que puede decirse inequitativa, pero así está la ley; pero esto ha sido reiterado por los tribunales”, reclamó el representante del IEE, quien aseguró que la crítica no debe ser hacia la autoridad administrativa, dado que el “árbitro” del proceso sólo puede interpretar lo que tanto la Ley como los tribunales han establecido.
Será en los próximos días cuando formalmente inicie el primer análisis ante tribunales, mismo que será recurrido por cualquiera de las partes ante la Sala Guadalajara y finalmente la Sala Superior, las cuales analizarán -nuevamente- el incidente sui géneris en México, donde el partido con menos votos obtiene el mayor financiamiento público.
