El jueves 30 de octubre, 27 menores de edad y un joven de 18 años fueron rescatados por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. Este hecho fue anunciado por autoridades de Sinaloa, luego de que el buque Santa Marcela II de la empresa Transportación Marítima de California (TMC) atracó en Topolobampo.
A bordo se encontraban los menores que oscilaban entre los 14 y 17 años de edad, mismos que fueron puestos bajo resguardo de las autoridades del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) de esa localidad, por lo que la autoridad de justifica aperturó una carpeta de investigación por el delito de trata de personas en su modalidad de explotación laboral.
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Datos obtenidos en entrevistas con los menores por parte de la Fiscalía General, a través de la Vicefiscalía Regional Zona Norte, coincidieron en que estos llegaron meses atrás provenientes de Chiapas para trabajar en campos agrícolas en Comondú y posiblemente en el municipio de La Paz.
Para especialistas en esta materia, la ruta marítima de traslado podría ser una estrategia de las redes criminales de enganche para eludir los controles de seguridad y migratorios terrestres que se han intensificado en el corredor sur-noroeste. Además, al inicio surgió la versión de que el grupo se encontró “varado” y pidió rescate; esto podría ser una posible maniobra para buscar que el incidente sea tratado como un accidente marítimo fortuito y no como la interrupción de una cadena de trata planificada.
“27 niños fueron rescatados en altamar en Baja California Sur, los habían sacado de Chiapas para explotarlos en Baja California Sur. Niños indígenas engañados cruzando altamar para buscar sobrevivir, esto no fue un error, esto fue una red. Alguien lo llevó, alguien cobró y alguien lo permitió. Mientras tanto, en todo Baja California Sur sólo 66 inspecciones laborales en campos agrícolas en el último año; y ¿son suficientes? El propio gobernador admitió que hay campos agrícolas donde, cuando llega la inspección, los esconden”, denunció Susana Zatarain, Senadora del Partido Acción Nacional (PAN).
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Desde el año 2015, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos detectó oficialmente la trata de personas con fines de explotación laboral, al detectar más de 200 jornaleros y jornaleras tarahumaras víctimas de trata para explotación laboral en ranchos agrícolas en Comondú; de hecho, en 2016 la Comisión inició de oficio el expediente de queja CNDH/5/2015/2374/Q, del que se emitió la Recomendación 28/2016.
Sin embargo, las redes de enganche a través de coyotes no han podido ser erradicadas; a la fecha, siguen llegando año con año menores de edad a trabajar en campos agrícolas y por transporte legal, sin que la autoridad pueda detectarlo.
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“Pues buscamos que no haya, pero no dudo que haya gente tramposa que siga de forma totalmente incorrecta e ilegal, contratando a menores de edad en los campos agrícolas. Lo que no estamos de acuerdo es que se haga la explotación totalmente ilegal en los campos, en los que parecen campos de concentración algunos; en donde los esconden cuando va la autoridad, cuando los van a censar o a revisar los campos agrícolas, los esconden porque de esa manera explotan a los muchachitos. Es una manera absolutamente reprobable”, admitió Víctor Manuel Castro Cosío, gobernador del Estado.
Para ilustrar la magnitud del problema, en Baja California Sur se cuenta con 31 mil hectáreas para uso agrícola; según los censos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), difícilmente la autoridad podría verificar cada uno de los ranchos. Aún con la falta de personal, el Gobierno Estatal desarticuló las visitadurías de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en Mulegé, Loreto y Comondú, este último que concentra el 70 por ciento de los campos agrícolas activos.
Y es que es bien sabido que los enganchadores o coyotes trabajan en estados donde hay población vulnerable, como Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Michoacán y Guerrero. De estos puntos trasladan a personas con vulnerabilidad con promesas de trabajo bien remunerado, pero al llegar se topan con trabajos forzados, salarios irrisorios y en muchos de los casos en condiciones precarias.
De acuerdo con datos proporcionados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en Baja California Sur en comparación con el año 2024 y el 2025, los delitos de trata de personas y corrupción de menores aumentaron 15.5 por ciento.
La CNDH identificó también que el 53 por ciento. de las víctimas de trata y explotación son niños, niñas y menores de edad en Baja California Sur.
“Y si sabe todo esto, ¿por qué no aplica todo el peso de la Ley en esos campos agrícolas? Porque no hace más de 66 inspecciones al año, que no protege a la niñez sudcaliforniana, porque si actuaran con todo el peso de la Ley, estos no siguieran operando de esta forma. Exijo como senadora de México justicia y aclaración de los hechos, transparencia del trabajo que se hace para evitar que esto vuelva a pasar; ningún niño debería cruzar el país y el mar para trabajar y ser esclavizado”, finalizó Susana Zatarain.
BANDAS DE TRAFICANTES DE PERSONAS OPERAN IMPUNEMENTE
Datos que surgieron durante el operativo, revelaron que los menores de edad tuvieron que ser enviados a Sinaloa, porque las autoridades en La Paz no atendieron la problemática.
Una fuente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), dijo a ZETA que el personal se encuentra muy molesto con las acciones de su presidenta Chalene Ramos y del propio gobernador por solapar el recorte de Visitadurías estratégicas y necesarias, como las de Loreto, Comondú y Mulegé, especialmente las últimas dos, por su vitalidad para atender a los afectados en campos agrícolas.
Sin atención alguna, los menores de edad fueron sacados de los campos de concentración laboral, puestos en transporte terrestre federal y llevados hasta la terminal marítima el 29 de octubre y posteriormente trasladados a Sinaloa. Igualmente llegaron al estado provenientes de Chiapas con todo y documentación.
“Es muy común para allá. A pesar de que nosotros tuvimos muchas pláticas con los empresarios y en autoridades, se da mucho que vengan menores, que vengan familias completas y que traigan menores, o que vengan con documentos falsos a trabajar; el problema está en la gente que mandan los empresarios. Contratan a un coyote, por decirlo así, que se va, un ejemplo, a Veracruz; entonces, él recolecta gente y lo sube al camión y se viene el camión lleno de trabajadores, ahí mismo él les consigue actas de nacimientos falsas o CURP o credenciales, y ya cuando llega aquí ya cae la bronca. Cumple con mandar a su gente, porque a él le pagan por mandar a la gente”, explicó uno de los trabajadores de la CEDH.
El Gobierno de Baja California Sur no ha publicado sus cifras de trata de personas, no tuvo la capacidad de acción y tampoco cuenta con espacios de atención a personas migrantes.
Las razones que señalaron trabajadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, como factor para los 27 menores de edad y un joven de 18 años, son:
*No se cuenta con albergues, refugios o casas de medio camino para la atención de las y los ofendidos de los delitos en materia de trata de personas, ni se les canaliza a otra institución para su atención.
*No brindan atención a testigos de los delitos en materia de trata de personas.
Según la Ley de Asistencia Social del Estado de Baja California Sur, son sujetos de asistencia social preferentemente, todas las niñas, niños y adolescentes, en especial aquellos que se encuentren en situación de riesgo o afectados por: desnutrición, por condiciones familiares adversas, maltrato, discriminación o abuso; ser víctimas de cualquier tipo de explotación, vivir en situación de calle, ser víctimas del tráfico de personas, la pornografía y el comercio sexual, entre otros grupos vulnerables.
“Desgraciadamente, el Seguro Social está bien metido, la Delegación del Trabajo también está bien metido ahí; de que llegan y pretenden levantar actas y al último les dan mochada. De hecho, las inspecciones del trabajo y el seguro, más que nada ellos buscan eso, el encontrar algo para poder agarrar lana. Esa es la bronca: hacen las inspecciones para encontrar algo, no tanto para meter trabajo o para cortar o arreglar las cosas, sino para agarrar lana, como un soborno”, afirmó el trabajador de la Comisión.
Muchos de los casos de trata de personas ni siquiera llegan como queja o denuncia.
“Los trabajadores del campo es difícil que denuncien, pues regularmente los casos que llegaban, por ejemplo, en Guerrero Negro o Comondú, eran porque el patrón no los quería regresar o les quedaba debiendo una lana; o que el trabajo no era lo que esperaban o buscaban ayuda ya casi casi para finalizar; o porque no les cumplieron con algo, con lo que el coyote les promete. Porque allá el coyote en sus lugares de origen promete que van a vivir en una casa bonita, y que esto, y comida y buenas instalaciones y aquí se topan con la realidad”, indicó el trabajador de la CEDH.
TRATA DE PERSONAS Y EXPLOTACIÓN SEXUAL
Con el fin de abatir la explotación sexual de la niñez y adolescencia, la Diputada del Partido del Trabajo (PT), Alondra Torres García promovió la reforma a las fracciones décima primera del artículo 39 y fracción novena del artículo 40, y se adiciona un primer párrafo al artículo 56 a la Ley de Turismo para el Estado de Baja California Sur. Con ello se buscan mecanismos de acción contra este mal que aqueja a destinos turísticos como Los Cabos.
“Uno de los problemas más preocupantes que se vienen presentando con mayor aumento en las ciudades y destinos turísticos, como es la trata de personas, explotación de sexual de niñas, niños y adolescentes con o sin fines comerciales y el turismo sexual infantil. Ocupamos el nada honroso primer lugar en el mundo en materia de difusión de prostitución infantil, identificándonos como el paraíso para hacer los contenidos. Y el segundo lugar también a nivel mundial en turismo sexual infantil”, comentó Alondra Torres.
Desde el 2016 se reportó que un agente de la Policía Municipal de la Paz fue aprehendido por operar una red de trata con fines de explotación sexual de niñas y mujeres adolescentes en Baja California Sur; en ese momento se supo que de la red operaba en La Paz y Los Cabos, a la fecha muchos de sus integrantes siguen en libertad.
También, la CNDH en su diagnóstico publicado en 2019, dijo que la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de la Fiscalía General de la República, reportó que durante 2016 realizó operativos relacionados con delitos en materia de trata de personas en las ciudades de Cancún (Quintana Roo), Los Cabos (Baja California Sur) y Papalotla de Xicohténcatl (Tlaxcala), en los que se rescataron a 34 personas.
Los delitos identificados fueron: utilización de personas menores en actos delictivos, prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, adopción ilegal de menores y explotación laboral.
El alcalde de Los Cabos, Christian Agúndez Gómez, reconoció que hacen falta instalaciones para brindar refugios a niños y niñas maltratados, explotados y víctimas de trata; asimismo, recordó el arranque de la construcción de la primera Casa Cuna – Casa Hogar Rayitos de Sol, que será un refugio para niñas y niños más vulnerables del municipio.
“Faltan políticas y hacen falta instituciones quizá, y edificios, para poder atender a todas las niñas y niños que se encuentran en esta situación de explotación infantil. En Los Cabos hemos llegado a tener diferentes casos al respecto, y siempre es un tema el marco legal; obviamente no puedes simplemente llegar con un niño que está vendiendo, llegar y llevártelo, y tratar de resguardarlo. Es importante realizar adecuaciones a las leyes para poder cubrir mayor territorio y mayores edificios de atención”, apuntó Christian Agúndez.
