La Suprema Corte de Justicia de la Nación negó, el 19 de noviembre de 2025, el amparo que Grupo Elektra promovió contra una multa de 67 millones 165 mil 827 pesos, con un pronunciamiento dividido en la máxima instancia judicial. Por seis votos contra tres, los ministros revocaron la decisión de un tribunal colegiado que había favorecido a la empresa controlada por Ricardo Salinas Pliego.
La sanción proviene de 2012, cuando el Servicio de Administración Tributaria detectó que Nueva Elektra del Milenio declaró pérdidas fiscales superiores a las efectivamente sufridas derivadas de la venta de acciones entre empresas del mismo grupo. El proyecto de resolución fue encabezado por la ministra Lenia Batres.
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El tribunal colegiado que anteriormente había otorgado el amparo sostuvo que bajo el régimen de consolidación fiscal, el SAT únicamente podía ejercer facultades de comprobación sobre las empresas controladas y no directamente sobre la sociedad controladora. La mayoría de la Corte rechazó este argumento al considerar que existe facultad constitucional para fiscalizar sin excepciones para sociedades específicas.
Los tres ministros disidentes consideraron que el recurso carecía de temas de constitucionalidad y debía desecharse por esa razón. El expediente estuvo en la Corte desde mayo de 2024, antes de someterse a votación esta semana.
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Este fallo no cierra el litigio. El caso regresará al Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa para que revise otros argumentos presentados por Elektra contra la multa. Simultáneamente, la Corte impuso sanciones de 33 mil 942 pesos tanto a Elektra como a Salinas Pliego, considerando que actuaron de mala fe al promover impedimentos sin pruebas y utilizar tácticas dilatorias.
El impedimento de Batres fue desestimado después de que la nueva integración de la Corte determinara que sus declaraciones públicas previas sobre Salinas Pliego, hechas en 2020 y 2021, no comprometían su imparcialidad al no dirigirse contra la empresa y preceder su designación como ministra.
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La Corte también aplazó dos recursos relacionados con Total Play, otra empresa de Salinas Pliego, que enfrenta un crédito fiscal de 621.9 millones de pesos por deducciones consideradas ilegales en 2011.
