Barcel y Bimbo obtuvieron sentencias favorables contra sobretasa que abastece el Fideicomiso Empresarial, ente evidenciado de ser utilizado para cometer actos de corrupción que ha sido criticado por la gobernadora
Cada vez se vuelve más difícil justificar al Fideicomiso Empresarial (FIDEM). Desde hace dos años, la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda ha emitido posicionamientos claros en contra de la discrecionalidad del recurso público que se destina a ese fideicomiso, y aquí se ha dejado evidenciado el uso corrupto que se le ha dado a lo largo de los años.
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Pese a los múltiples jaloneos entre empresarios y el Poder Ejecutivo, el FIDEM se ha mantenido, aunque ahora con una mayor intervención del Estado, que tiene interés en impulsar proyectos de su agenda con ese recurso.
El pasado 5 de noviembre, una demanda de amparo promovida por las empresas Bimbo y Barcel rompió con el planteamiento histórico que se le había dado al FIDEM e indirectamente exhibió la discrecionalidad del manejo del recurso; pero también puso en duda la legalidad de la sobretasa del Impuesto sobre Remuneraciones al Trabajo Personal de 1.5 por ciento, la más alta del país.
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Y es que el Juzgado Segundo de Distrito, dirigido por la abogada Karla Garay Díaz y secundado por la secretaria Hilda Andujo Guerrero, otorgaron la protección de la justicia federal para que ninguna de las dos empresas cubriera dicho impuesto, debido a que había varias irregularidades.
“La parte discordante alega que el artículo 3 de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California para el Ejercicio Fiscal dos mil veinticinco (2025), es violatorio del principio de destino al gasto público, ya que dispone que el 1.5 por ciento de los ingresos estatales obtenidos del impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal se destinará a un fideicomiso empresarial”, refiere parte del alegato plasmado en la versión pública del expediente 306/2025, donde se asegura que “destina recursos públicos a un fideicomiso empresarial con objetivos dirigidos a satisfacer una necesidad de carácter privado o individual. Aunque estos objetivos pueden representar un beneficio indirecto para la economía, el hecho de que los recursos se orienten a apoyar a particulares, en lugar de destinarse directamente a servicios públicos o necesidades colectivas, implica una desviación de la finalidad constitucional del gasto público”.
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Reclaman que el FIDEM sólo pretende apoyar a empresas radicadas en la entidad, mientras se les cobra a otras que operan en la entidad, pero que no cumplen con el requisito de radicar en Baja California, además de mencionar a personas físicas que también requerirían apoyo.
“Que al concentrar los recursos en un grupo específico de empresas, la medida deja de ser una política de beneficio general y se convierte en un mecanismo de apoyo selectivo, lo que contradice el principio de equidad en la distribución del gasto público”, refiere parte del alegato expuesto en la sentencia donde también reclama que no existe transparencia en el manejo del recurso, porque en la misma Ley de Ingresos -aprobada por los diputados- establece que la recaudación de dicho impuesto es de 12 mil 142 millones 120 mil 147 pesos, y lo que se destinará al FIDEM son 148 millones 664 mil 748 pesos, lo que representa el 1.22 por ciento. Esto, sin mencionar que, con las modificaciones realizadas para este 2025, no queda claro en qué se gastará el recurso público, lo que deja en incertidumbre a las empresas que pagan dicho impuesto.
“Los recursos destinados a este fideicomiso se utilizarán para financiar viáticos, promoción de inversión y proyectos estratégicos alineados con la Política de Desarrollo Empresarial y los Planes Estratégicos Municipales. Sin embargo, no se establece un beneficio directo para la totalidad de la población ni se garantiza que el apoyo económico genere un impacto equitativo en el desarrollo del estado. En contraste, si estos recursos se destinaran a servicios públicos esenciales, como infraestructura, educación o salud, el impacto sería mucho más amplio y generalizado, cumpliendo con las directrices que todo tributo debe observar”.
La justicia federal terminó por exhibir que no hay certeza de que el tributo pagado se destine a actividades que beneficien a la sociedad, sino que sólo representa ganancias para unos cuantos; así como exhibir que el gobierno no ha implementado reglas claras para la operación del mismo.
Otra vez, el FIDEM, la mina de oro para los “empresaurios” de Baja California, se vuelve insostenible ante el evidente abuso de la iniciativa privada privilegiada para manejar el recurso público, frente a un gobierno y Congreso que son incapaces de poner reglas claras a sus planteamientos.
