La Alianza Mexicana de Abogados cuestionó la postura que adoptó el alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, ante la denuncia anónima interpuesta en su contra ante la Fiscalía General de la República.
“Las denuncias anónimas proceden en México y las autoridades están obligadas a investigarlas. Aunque por sí solas no tienen valor probatorio sirven como datos que orientan el inicio de una investigación penal por parte del Ministerio Público”, manifestó la agrupación de abogados.
Publicidad
Recalcó que de acuerdo con el artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales “las denuncias anónimas deben ser investigadas, incluso si no incluyen pruebas inmediatas”.
Ismael Burgueño Ruiz fue citado a comparecer esta semana ante la FGR. El presidente municipal no se presentó. Optó por enviar a representantes legales a atender el citatorio.
Publicidad
En una atención a medios celebrada el 19 de noviembre, manifestó que le parecía “una vacilada” lo que se había estado diciendo del citatorio que le giró la FGR.
“Se me hace una vacilada lo que han estado mencionando sobre el tema de la Fiscalía. Yo respeto mucho los procedimientos de la Fiscalía y el que se me haga una vacilada de fondo me refiero a que ser producto de una denuncia anónima sin elemento alguno para ser citado y ser presuntamente ligado con temas de lavado de dinero, obviamente no existe esa parte, esa acusación”, aseveró.
Publicidad
Sostuvo que la denuncia en su contra obedecía a intereses políticos y explicó: “Yo creo que aquí hay quienes están preocupados precisamente por el avance que hemos tenido aquí en Tijuana, los trabajos que hemos llevado a cabo”.
Asentó que no se distraería en situaciones de ese tipo. “Obviamente al ser citado yo ya tengo un grupo de abogados revisando el tema. Claro que si la fiscalía, al momento que nos cita tenemos que acudir, precisamente a declarar y dejar claro esta parte donde tratan a nosotros de dejarnos mal”.
La Alianza Mexicana de Abogados, presidida en Baja California por Rafael Cruz Manjarrez, estableció que “la información proporcionada de forma anónima permite a las autoridades recabar indicios, evidencias o elementos que posteriormente puedan sustentar una acusación formal”.
