El gobernador del Estado, Víctor Castro Cosío, confirmó que su administración se prepara para solicitar un nuevo crédito a corto plazo para hacer frente a las responsabilidades de erogación de recurso para fin de año.
Ya es prácticamente una “tradición” para el mandato de Castro el pedir préstamos para el pago de sueldos y prestaciones, como el aguinaldo, para los trabajadores sindicalizados y de confianza, siendo el cuarto año consecutivo en el que recurren a esta medida.
Publicidad
El mandatario no confirmó cuánto solicitarán ni a qué institución bancaria recurrirán en esta ocasión, sin embargo, adelantó que el monto para este diciembre de 2025 será similar a los otros que ya han pedido.
Es decir que podría ser de alrededor de 550 millones de pesos, tomando en cuenta el historial de créditos aprobado en estos cuatro años de administración.
Publicidad
Recordó que, por la naturaleza de este tipo de préstamos, no es necesario que el Congreso del Estado dé una autorización para proceder con su contratación, ya que se trata de créditos a corto plazo que se cubren en un periodo de un año.
Sostiene que esto no significa que estén endeudando a Baja California Sur, arremetiendo contra quienes han criticado la contratación de este servicio bancario.
Publicidad
“Desmiento a aquellos que han dicho que hemos endeudado a Baja California Sur, ni un dato importante”, señaló, refiriendo que no son una deuda pública que trasciende, y tampoco se heredará a futuras administraciones.
No obstante, este anuncio se hace en medio de señalamientos por los resultados de la fiscalización de la Cuenta Pública 2023, en donde la Auditoría Superior del Estado de Baja California Sur (ASEBCS) marcó observaciones por 229 millones de pesos sin comprobación, que equivalen al 36 por ciento del monto total auditado al Gobierno del Estado.
Asimismo, se subrayó que se detectaron mil 156 millones de pesos de ingresos extras, sin que la Secretaría de Finanzas presentara la documentación necesaria para saber qué se hizo con ese recurso.
A esto se suma que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) marcó en el dictamen final de la Cuenta Pública 2023, ya aprobada por la Cámara de Diputados, que el Gobierno del Estado dejó sin comprobación mil 698 millones de pesos de las participaciones federales.
En este escenario, la oposición cuestiona el motivo de solicitar créditos para hacer frente a gasto corriente cada año, cuando en las fiscalizaciones aparecen montos cuantiosos que no se sabe en qué fueron usados.
SUBIRÁ LA DEUDA A CORTO PLAZO
Como ZETA lo ha dado a conocer en el seguimiento de las solicitudes de préstamos a corto plazo, con base en la información del documento “Disciplina Financiera” de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP), el Gobierno del Estado estaría alcanzando los tres mil millones de pesos en empréstitos de esta modalidad.
En una revisión realizada antes del cierre de esta edición (29 de octubre), se confirmó que el Gobierno del Estado aún no ha ejecutado la contratación de este nuevo préstamo anunciado por el mandatario.
De acuerdo con el portal de la SHyCP, entre noviembre de 2021 y abril de 2022 se adquirieron los primeros créditos del mandato de Castro Cosío, por un monto de 900 millones de pesos con Financiera Santander, BBVA Bancomer, Scotiabank Inverlat y HSBC.
En 2023 se agregaron al reporte de la SHyCP otros seis créditos que sumaron 800 millones de pesos para el Gobierno del Estado, que se concretaron con BBVA Bancomer, Scotiabank Inverlat y HSBC.
En 2024, se adquirieron tres empréstitos más con HSBC y BBVA Bancomer por un total de 750 millones de pesos.
Todos estos préstamos suman dos mil 450 millones de pesos de deuda a corto plazo entre 2021 y 2025, sin embargo, si se concreta el nuevo crédito anunciado por Castro Cosío, esta suma llegaría a los tres mil millones de pesos.
Desde el arranque de su administración, el gobernador argumentó heredaron dificultades financieras importantes por parte del mandato de su antecesor, Carlos Mendoza Davis (2015-2021), que pusieron contra las cuerdas la solvencia del Gobierno del Estado.
Tal fue el motivo, según sus declaraciones, que los orilló a pedir servicios bancarios de esta naturaleza.
La titular de la Secretaría de Finanzas y Administración, Bertha Montaño Cota, informó que entre noviembre y diciembre deben erogar más de dos mil 500 millones de pesos para pagar aguinaldos y nómina para alrededor de cinco mil 500 trabajadores de confianza y sindicalizados en Baja California Sur.
AYUNTAMIENTOS SIN SOLVENCIA
Se aproximan las fechas de mayor carga económica para los ayuntamientos de la entidad. En este sentido el alcalde de Comondú, Roberto Pantoja Castro, confirmó que sí prevén la contratación un crédito; mientras que la alcaldesa de Mulegé, Edith Aguilar Villavicencio, manifestó que aún lo analizan; y la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero, lo descartó.
Roberto Pantoja insistió en que la situación financiera de Comondú está en colapso, esto ante adeudos que heredaron de administraciones anteriores.
Sostiene que todos los ayuntamientos viven una crisis económica en estos momentos, sin embargo, aseguró que Comondú es el que presenta una deuda de pasivos más alta.
Alegó que son más de mil 500 millones de pesos que deben pagar a la SHyCP, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), al Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) y al Fondo de la Vivienda el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste).
“Es una herencia de muchas administraciones anteriores, pero ahorita esto nos está ahogando porque nos quitan participaciones federales; tenemos multas por Conagua, por Fonacot…”, expresó.
Para fin de año, el Ayuntamiento de Comondú debe erogar alrededor de 60 millones de pesos para más de 900 trabajadores, por lo que estima que el crédito que pedirán para 2025 podría ser de alrededor de 30 millones de pesos.
Por su parte, la alcaldesa de Mulegé precisó que requieren de alrededor de 55 millones de pesos para pagar aguinaldos, sueldos y demás prestaciones para más de mil 700 personas que laboran en su Ayuntamiento.
Enfatizó que la idea es no recurrir a un préstamo, ya que este tipo de compromiso bancario afecta a las finanzas municipales, por lo que apostará por mejorar la recaudación de impuestos, como el Predial, a través de promociones de descuento.
Recordó que en 2024 sí contrataron un empréstito por 20 millones de pesos para cumplir con acuerdos con el Sindicato de Burócratas, que apretaron la situación para el Ayuntamiento de Mulegé.
“Empezamos a sacar, a través del Cabildo, un acuerdo para empezar con los descuentos para el pago de predial para la ciudadanía, buscando precisamente empezar a amortiguar para la fecha de diciembre”, contó.
“Es un tema importante que tenemos que analizar todos, porque al final es recurso del erario público, de la ciudadanía”, añadió.
Reiteró que la intención es no pedir un solo peso para la erogación de recursos de fin de año, sin embargo, aún no lo puede descartar.
“Ahorita estamos de acuerdo, los compromisos que nos obliga la ley, tenemos que cumplir con ella. Estamos haciendo todos los esfuerzos que se tienen que hacer. La intención es (pedir) nada; no me gusta deber porque no me gusta verme limitada con los servicios públicos, seguridad, todos los gastos que se dan día a día”, declaró.
En cuanto al Ayuntamiento de La Paz, Milena Quiroga Romero descartó que recurran a una institución bancaria para el pago de aguinaldos y nómina para más de tres mil 600 trabajadores, que conlleva más de 80 millones de pesos.
La alcaldesa de La Paz también apuesta por mejorar la recaudación; al igual que el Ayuntamiento de Mulegé, abrieron promociones y descuentos del pago del impuesto Predial.
PAN CUESTIONA LA DEUDA
El dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Rigoberto Mares Aguilar, se manifestó ante el anuncio del gobernador, recalcando que es absolutamente contradictorio el que se recurra a créditos bancarios para gasto corriente cuando los resultados de las auditorías de los órganos fiscalizadores estatales y federales han marcado observaciones negativas.
Se pronunció con respecto a la Cuenta Pública 2023, en donde la ASEBCS marcó los mil 156 millones de pesos en ingresos adicionales que no cuentan con documentación para explicar su uso.
El líder de la oposición insistió en que el Gobierno del Estado está subejerciendo recurso, devolviendo a la Federación dinero que le pertenece a los sudcalifornianos.
“Es contradictorio: no te gasta mil 156 millones de pesos, pero pides 700 millones de pesos prestados”, dijo.
“Que alguien me explique si esto tiene una lógica normal. Es parte de la opacidad, la falta de rendición de cuentas y la corrupción”, mencionó.
Rigoberto Mares expuso que esto se ha convertido en una dinámica por la ausencia de transparencia, y que los resultados de la fiscalización del gasto federalizado y estatal lo demuestran.
“Es absolutamente contradictorio. Porque además son 700 millones de pesos que serán deuda para aplicar en gasto corriente, al sueldo de funcionarios, aguinaldos y este tipo de erogaciones”, reiteró.
