Luftar Hysa, el empresario de origen albanés que encabeza una red transnacional de compañías presuntamente vinculadas con el Cártel de Sinaloa y con operaciones en México, Canadá y Polonia, está amparado contra una orden de aprehensión y extradición por el delito de crimen organizado en su país de origen.
El miércoles 12 de noviembre, empleados del Casino Skampa y del restaurante Ochuna, en Ensenada, así como de su homónimo ubicado dentro del Midas Casino, en Playas de Rosarito, fueron evacuados por personal de la Secretaría de Gobernación como parte de una redada nacional destinada a clausurar 13 centros de apuestas considerados irregulares.
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La orden de sanción fue emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro y por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), ambas por sus siglas en inglés, y retomada para investigación por la Fiscalía General de la República (FGR).
La sanción contra la familia Hysa y sus empresas implica el bloqueo inmediato de activos bajo jurisdicción estadounidense, así como la prohibición para que ciudadanos y empresas de los Estados Unidos realicen transacciones con las personas o entidades involucradas.
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Con esta medida, las autoridades buscan limitar la capacidad operativa del grupo e impedir su expansión en los sectores comerciales donde ha tenido presencia.
Desde 2024, Luftar Hysa sabía que existía una orden de aprehensión en su contra para que el Gobierno de México lo detuviera y ejecutara su extradición hacia la Estructura Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado de Albania.
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En torno a Luftar están sus tres hermanos: Arben Hysa, Ramiz Hysa y Fatos Hysa, quienes, junto con hijos, yernos y nueras, habrían “usado su influencia o control sobre sus inversiones en México para blanquear el producto del tráfico de narcóticos”, según autoridades estadounidenses.
Los integrantes de la familia Hysa forman parte de círculos sociales de élite en los estados donde residen, principalmente en Monterrey, Nuevo León, y en Baja California, en los municipios de Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada.
En Ensenada, sus vínculos están estrechamente relacionados con el Casino Skampa, el restaurante Ochuna, dentro del mismo centro de apuestas, y el restaurante Pranvera, ubicado sobre la avenida Clark Flores, en la colonia Ampliación Moderna.
De acuerdo con información del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el 31 de enero de 2017, Arben Hysa registró la marca “Casino Skampa” a través de la empresa Entretenimiento Palermo, S.A. de C.V. Esta misma razón social aparece en facturas y recibos emitidos por el restaurante Pranvera, tanto en San Luis Río Colorado como en Ensenada, con el mismo diseño y logotipo.
En Tijuana, documentos oficiales revelan que la Secretaría de Gobernación, durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, concedió el permiso a Juegos y Sorteos de Tijuana, S.A. de C.V., empresa vinculada a Ernesto Alfonso Bustamante, familiar del exalcalde de Tijuana, Carlos Bustamante Anchondo.
Ernesto Alfonso también figura como socio accionista en una empresa relacionada con la familia Hysa, según el Registro Público de Comercio.
En el caso de Midas, en 2023 el gobierno de Araceli Brown Figueredo, en Playas de Rosarito, aprobó el permiso de alcoholes para el restaurante Ochuna, ubicado dentro del casino, el cual opera bajo la razón social Procesadora de Alimentos HS, S.A. de C.V.
PROMINENTE FAMILIA ALBANESA EN MÉXICO, DENTRO DE LA RED CRIMINAL
El grupo identificado por autoridades de los Estados Unidos como organización criminal transnacional, en coordinación con el Cártel de Sinaloa, que hasta un par de años bajo el liderazgo de Ismael “El Mayo” Zambada, funciona mediante una red de compañías vinculadas a sectores como el entretenimiento, juegos y apuestas, maquinaria industrial, servicios financieros, alimentos y transporte.
Según información publicada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), entre los individuos sancionados se encuentra Eselda Bakú, también conocida como Eselda Hysa, originaria de Elbasan, Albania, y residente en Ensenada, Baja California.
De acuerdo con la designación, su vínculo principal es con la empresa Entretenimiento Palermo S.A. de C.V., también incluida en las medidas restrictivas.
Otro de los señalados es Arben Hysa, nacido en Belsh, Albania, y residente en México, identificado como figura clave dentro de la estructura del grupo.
La OFAC también incluyó en la lista a Fabjon Hysa, radicado en Canadá; Fatos Hysa, residente en Albania; así como a Luftar Hysa, con residencia en Montreal y México; y Ramiz Hysa, establecido en Rosarito, Baja California.
La designación también alcanzó al mexicano Gilberto López López, originario de Culiacán y residente en Mazatlán, relacionado con Entretenimiento Palermo S.A. de C.V., empresa señalada por las autoridades estadounidenses.
Los documentos oficiales trazaron conexiones entre los sancionados y una amplia red de negocios con presencia en Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Quebec y Cracovia, entre otras regiones.
Entre las compañías incluidas se encuentran BLIRI S.A. de C.V., Diversiones Los Mochis S.A. de C.V., LH Pro-Gaming S.A. de C.V., Transportistas Hysa S.A. de C.V., Rosetta Gaming Inc. (Canadá) y Rosetta Gaming SP ZOO (Polonia).
EL LÍDER QUE PRESENTÓ LOS PRIMEROS AMPAROS CONTRA LA EXTRADICIÓN
El empresario identificado como Lufta Hysa se convirtió en el primero en promover un amparo para frenar una orden de aprehensión y su eventual extradición, según registros judiciales.
El 14 de junio de 2024, Hysa presentó una demanda de amparo en contra del comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM). Sin embargo, el juicio fue sobreseído un mes después sin que se realizara una revisión de fondo.
Meses más tarde, el 25 de noviembre de 2024, interpuso una nueva demanda ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal en Nuevo León, bajo el expediente 961/2024, esta vez contra una orden de extradición o aprehensión. La demanda fue inicialmente desechada.
Ante ello, su defensa presentó una queja ante un Tribunal Colegiado, registrada bajo el expediente 40/2025.
Tras analizar el caso, los magistrados determinaron que la demanda debía ser admitida, revocando la decisión inicial del juzgado de distrito y permitiendo que el proceso continúe.
Con esta resolución, el juicio de amparo se encuentra nuevamente en curso, y corresponderá al juzgado de distrito determinar si la orden reclamada vulneró derechos constitucionales.
EMPRESAS OPERABAN IMPUNES Y PROTEGIDAS
Las empresas referidas en el documento habían sido señaladas por irregularidades en sus operaciones, según consta en documentos la autoridad clasificó toda la información pública relacionada con estos grandes negocios.
Desde el 2022 las corporaciones de investigación del gobierno federal sabían de las irregularidades pero ocultó toda la información pública relacionada con la operación de los negocios.
El Instituto de Transparencia, recibió al menos 17 peticiones de información sobre el estatus legal de las empresas de apuestas: Bliri S.A. de C.V., Entretenimiento Palermo, S.A. de C.V., Entretenimiento Villahermosa, S.A. de C.V., Entretenimiento y Espectáculos B.C., S.A. de C.V., Grupo Internacional Canhysamex, S.A. de C.V., Faberio, S.A. de C.V., Hysa Forwarders, S.A. de C.V., Rosetta Gaming, S.A. de C.V., PROCESADORA DE ALIMENTOS HS, S.A. DE C.V., OPERADORA DE EMPRESAS LH, S.A. DE C.V., H HIDROCARBUROS, S.A. DE C.V., GRUPO LUMEX PROYECTOS INTERNACIONALES, S.A.P.I. DE C.V., MEXAL IMPULSORA DE NEGOCIOS INTERNACIONALES, S. DE R.L. DE C.V., y Diversiones los Mochis, S.A. de C.V., así como de casinos a nombre de las personas Lufter Hysa y Arben Hysa.
Ciudadanos le solicitaron a las corporaciones, a través del organismo de transparencia, las licencias para operar, permisos, sanciones y carpetas de investigación abiertas, a las autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR), a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Secretaría Anticorrupción y a las Fiscalías Generales de Tamaulipas, San Luis Potosí, Nuevo León, Baja California, Ciudad de México, Tabasco, Sinaloa y Chihuahua, donde hay operación de esto establecimientos con resultados negativos.
El argumento de las autoridades para evadir las respuestas de las dependencias federales fue la “incompetencia” o “ausencia de atribuciones del sujeto obligado”, o “clasificada” para proteger la privacidad de quienes conforman las empresas.
“Esta Institución Federal se encuentra ante la imposibilidad jurídica para pronunciarse respecto a la existencia o inexistencia de alguna denuncia, averiguación previa y/o carpeta de investigación, relacionada con las personas morales aludidas en la petición. El carácter de confidencial daría cuenta de hechos presuntamente irregulares. Lo cual podría afectar sus derechos fundamentales relativos al buen nombre, fama y/o prestigio que gozan ante los demás”. Con ese argumento omitieron transparencia.
