Les dicen “Los Furcios” y están despojando de sus tierras a familias indígenas de la comunidad de El Pescadero, en el municipio de La Paz; los presuntos delincuentes se hacen pasar o dicen que son miembros de la delincuencia organizada para amenazar a la comunidad indígena arraigada en esa zona.
Este grupo delictivo se dedica a la venta y menudeo de droga, robos, cobro de piso, extorsión y fraude con la reventa de terrenos, especialmente en la colonia 8 de Octubre, habitada en su mayoría por migrantes provenientes de estados del sur y sureste de México, como: Oaxaca, Guerrero, Puebla, Michoacán y Veracruz.
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“Son una familia problemática, se adueñaron de la colonia, ellos han defraudado a cientos de personas con la reventa de terrenos que ya están ocupados; los mismos van a los predios a cobrarles cuotas a las personas que viven ahí con amenazas de que si no pagas te quitan el terreno. Ha habido personas desaparecidas, golpeadas y la autoridad no hace nada, ya estamos cansados”, lanzó Víctor Pereira González, presidente de la mesa directiva de colonos 8 de Octubre de la comunidad de El Pescadero.
Los Furcios es un alias de una banda local o microcélula delincuencial, destinada a la ejecución de actividades de coacción económica (cobro de piso, fraude y extorsión) y violencia localizada (robos, vandalismo y narcomenudeo), protegida por autoridades locales.
La autoridad municipal tiene conocimiento de las actividades, incluso es un grupo criminal ya identificado en los registros policiales que datan del 19 de junio del 2023; el encargado de grupo, policía segundo, Francisco Méndez Andrade, confirmó ese día a las 11 de la noche que tenían pleno conocimiento de dicha célula criminal.
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Los oficiales atendieron el reporte de una persona encontrada lesionada, sobre lo que la comandante de Bomberos Paramédicos de El Pescadero, Griselda Lorena Sotelo Amaya, reportó que atendieron en el bulevar de Pescadero, y cita textualmente: “Adelante de la Frutería Salgado (en la casa de Los Furcios)”, allí encontraron a Víctor “N” alias el Cholo, de 47 años; presentaba varias lesiones en la cabeza, fracturas de ambas rodillas y tobillo derecho.
Los policías de La Paz conocen y saben de las actividades delincuenciales de Los Furcios, incluso los han llegado a proteger. Semanas atrás, habitantes reportaron que estaban robando material en la bloquera “La Noria” propiedad de los miembros de la mesa directiva, ubicada en el Barrio de San Juan en la comunidad; a pesar de agarrarlos robando y el carro cargado, los dejaron ir.
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“Se metieron a la bloquera, de la cual soy socio, La Noria se llama; estaban dos de Los Furcios Enrique y Víctor Maldonado, y estaban con los policías municipales dialogando, y llegamos y les decimos que están robando. Ya tenían el carro cargado, y los policías no querían detenerlos, incluso salen corriendo ‘se les escapan’ y uno grita todavía enfrente de los policías: ‘Vas a valer verga’ y así fue. Me apedrearon el carro de mi esposa, lo hicieron tiritas, me agarraron a pedradas, mi casa”, contó José Alfredo Rosas Ramírez, comisario.
Justo cuando huyeron, los criminales regresaron más tarde a su casa y destrozaron todo, dos vehículos, una palapa y robaron material, además de realizar disparos de arma de fuego, a lo que la autoridad simplemente guardó silencio.
Los miembros de esta banda criminal han sido identificados como: Víctor Ángel Maldonado Cortez, alias el Flaco, y sus hermanos de nombre Francisco y Enrique, como líderes; su padre Víctor Maldonado García; Víctor “N”, alias el Cholo; Diana Marlene Salcedo Aguilar, y sus hijos Yuleni Yerania, Diana Marina y Sergio; Néstor Gabriel Pérez Izazaga, encargado de cobranza violenta; Alfredo “N”; Ramón Villalobos Falcón; Néstor “N”; Ubaldo Palomares, golpeador; y Nicolás Valentín, que apoya en el retiro de cercos.
La denuncia inicial presentada por la comunidad indígena de El Pescadero se dirigió contra una familia por actos de extorsión, cobro de piso, intimidación, amenazas, fraude y despojo. Sin embargo, la gravedad del conflicto no ha sido atendida por las autoridades de fondo.
LOS DESPOJAN DE SUS TIERRAS
La falta de seguridad en la tenencia de la tierra, es lo que ha permitido que habitantes sean explotados por terceros; allí entran Los Furcios, que se aprovechan de la carencia de servicios básicos y el estatus irregular de asentamientos humanos, convirtiendo la necesidad en la base logística del fraude en la tenencia de la tierra.
“Estas personas nos han intimidado en la parte de los predios porque ellos no quieren regularizarlos; nos intimidan para que nadie tenga un terreno legal y seguir viviendo del despojo”, denunció el presidente de la mesa directiva de colonos 8 de Octubre de la comunidad de El Pescadero.
El cobro de piso es visto como un impuesto a la comunidad, opera efectivamente como un impuesto ilegal a la ocupación de los predios. Al no contar con títulos de propiedad ni servicios, la comunidad es forzada a negociar su permanencia con la estructura criminal conformada por una familia que busca sustituir a la autoridad en el control territorial por evitar el desalojo.
Actualmente la colonia 8 de Octubre está sobrepoblada, ya no cabe una familia más; he ahí el negocio de Los Furcios, quienes despojan a las familias de sus viviendas o simplemente las desplazan con uso de la violencia, para después revender.
“Yo digo como fraude, porque pues prácticamente ya no hay predios y siguen metiendo, trayendo más gente con engaños; están despojando a las personas, más que nada a las de tercera edad. Hay muchas personas y quieren un pedacito de terreno; lo que esas personas están haciendo es meter personas, desalojando a las que anteriormente había”, dijo Pereira González.
Anteriormente, miembros de Los Furcios pertenecían a la mesa directiva, pero gracias a una auditoría lograron identificar un desfalco los colonos de la 8 de Octubre por 900 mil pesos de mayo a noviembre de 2024, donde se acreditaban las mensualidades de pagos para regularizar la tenencia de la tierra y todo iba a dar a sus bolsillos.
De acuerdo con Guadalupe Javier Pereira Torres, del Consejo de Vigilancia de la asociación, del dinero que defraudó la banda, “el 25 por ciento era para representante legal, 25 por ciento era para topografía, 25 por ciento era para la mesa directiva, que era la asociación y el otro 25 por ciento era supuestamente para los dueños”, dinero que desaparecieron de las arcas, pues hay recibos de todo lo que ingresó, pero nada de lo que salió cuando estaban al frente.
“Ellos pertenecían a la mesa directiva, pero en las cuentas de dinero ellos siempre se basaron de que ellos eran los dueños, y realmente son tierras nacionales; no, las tierras nacionales no se pueden vender es de todos los mexicanos. Yo por ahí tengo los recibos donde ellos cada cierto tiempo pedían una mensualidad, porque ellos decían que eran propietarios de todas esas tierras”, comentó Víctor Pereira González, el actual presidente de la mesa directiva.
Pero además del desfalco a la agrupación de colonos de la comunidad indígena, también les han cobrado piso a los residentes, a nuevas familias y muchos otros que han sido despojados; hay recibos de al menos 900 afectados con fraudes.
“Yo traje aquí poca evidencia, poquitos recibos que tengo aquí; aparte en la casa tengo otras 100 hojas más, donde viene la cantidad de ocho mil, 10 mil o 20 mil pesos. Somos en total como 900 personas afectadas; en ese momento ellos vieron el negocio con todas esas personas: ellos no trabajan, ellos se sustentan viviendo en sus fechorías que hacen”, añadió Víctor Pereira González.
Pero en cuanto a lo que se refiere de personas despojadas de su terreno, que ya habían pagado y que estaban viviendo y fueron sacadas a la fuerza por Los Furcios, dijeron que hay por lo menos 300 personas.
“En total que ya quieren (regularizar) y que están todavía al pie del cañón, son 600, pero las que están viviendo son 300; las otras 300 están con miedo porque ya les quitaron sus terrenos y esperan a que se aclaren esto, se regresan. Pero cuando empezamos eran 1500 personas”, apuntó Irving Francisco Castro Trujillo, habitante de la colonia indígena y también tesorero de la agrupación de colonos 8 de Octubre.
El cobro de piso impuesto de manera constante —como un sistema de vida delincuencial— hacia la comunidad constituye una forma en que el crimen organizado ha monetizado la vulnerabilidad generada por los asentamientos irregulares, en este caso asentamientos en terrenos nacionales.
Las cuotas van según el alcance de los “arrendadores”: depende de cuánta necesidad tienen las familias y qué tanto pueden pagar es como instalan la cuota.
“Por ejemplo, los que tenemos terreno, llegan, cercan su terrenito, lo limpian; y llegan ellos los venden, los revenden y quitan el cerco y se los revenden a otras personas, ya limpio. Ya no estamos hablando de un costo de cinco mil pesos, estamos hablando un costo de 10 mil, 15 mil; hay una persona que me mandó una foto que a ella le vendieron un terreno en 50 mil pesos, entonces, imagínese tanto dinero que han defraudado y ellos no tienen ni un papel”, detalló el presidente de la agrupación.
TERROR EN LA COMUNIDAD
“Yo vivo ahí enfrente: ellos han tenido armas, son tan problemáticos que se han tirado balazos de una casa a otra entre ellos; han quemado casas de los mismos colonos ahí, han destruido casas. Cuando venden un terreno, les dicen: ‘En una semana tienes que tener limpio el terreno, cercado’ y una casita, sobre todo los que vienen de fuera, se van y dejan sus terrenos limpios y cercados; y cuando vuelven, Los Furcios ya le vendieron a alguien más, y si reclamas se ponen violentos, todos les temen”, recordó José Alfredo, el comisario de la agrupación.
A finales del 2024, una reunión con los diputados derivó en la denuncia por “lesa humanidad” por extorsión e incluyen robo con violencia, privación ilegal de la libertad y presunta desaparición, afectando a Irving Castro Trujillo, Arnulfo Almanza Verdugo y Aurelio Fabela. La denuncia fue formalmente respaldada por el delegado regional de pueblos indígenas, Rafael Ornelas Ramos.
Los habitantes ya están hartos. Temen por sus vidas, ya que las autoridades no hacen algo para detenerlos; pese a las múltiples denuncias por diferentes delitos, no han atendido la necesidad de la comunidad indígena, han discriminado su sentir.
“Así es —se hacen pasar por maña—, empiezan a intimidar a la gente que si no te vienes con ellos (a su grupo), ellos inmediatamente te quitan tu terreno. Entonces, como la gente ya han visto que sí lo han hecho, ese es el temor de la persona”, lamentó Irving Francisco.
Las comunidades indígenas no sólo migran de sus estados natales para trabajar por salarios irrisorios, sino que en el caso de quienes habitan en El Pescadero, también viven secuestrados por la delincuencia organizada, que los obligan a vivir bajo sus propias condiciones.
“Ellos se apersonan en los predios de la gente; como vienen bien drogados, vienen con sus riflitos, con sus machetes, llegan a los terrenos, empiezan a decir: ‘Este no es tu terreno, esto es calle, quítense de ahí’. Son intimidaciones que ellos están a agarrando y diciéndoles que si no obedecen, pues no tienen terreno; te hacen sentir como si fueron los dueños de todas las tierras que él puede quitar y los amenazan de muerte”, explicó Irving Francisco, de Tesorería de la agrupación.
Para reforzar la denuncia, expuso un nuevo caso, una pareja recién casada y proveniente de Los Cabos; apenas se está recabando la documentación para añadirla al bloque de denuncias, pues también fueron despojados y amenazados, además de que la banda se quedó con sus ahorros.
“En una ocasión, una pareja que venía de Los Cabos, ella se vino unos días antes porque su esposo estaba trabajando en Cabo, y agarraron estos (Los Furcios) y le cayeron a su casa; y ella nos contó, que le decían: ‘¿Y no tienes novio?’, intimidando como queriendo con ella, hasta violarla; y como no se dejó, le tumbaron todo, le destruyeron todo. Nomás le dijeron: ‘Ya no tienes terrenos, se te perdió tu dinero’ y puras de esas”, finalizó el tesorero de la asociación de colonos de la 8 de Octubre.
Debido a que los residentes carecen de títulos de propiedad, tienen limitada capacidad para recurrir a la policía en caso de invasión o abuso territorial; de hecho, decidieron crear la agrupación para darle certeza jurídica a los habitantes y así regularizar las tierras, situación que Los Furcios no quieren porque de esta manera habría un dueño legal por terreno y perderían la oportunidad de seguir revendiendo los terrenos.
Ese es el temor de los habitantes: que una vez que regularicen y sigan operando estos individuos, lleguen y con amenazas los obliguen a dejar su patrimonio; por ello piden la intervención inmediata de las autoridades en Baja California Sur.
