Cisneros, quien amenazó a Navarro Bello, es socio de los hijos de personajes ligados al homicidio de otro codirector de ZETA
Consejo Editorial – A eso de las dos de la tarde del viernes 31 de octubre, tras la publicación del reportaje “Crimen de Cisneros: pleito, extorsión y narco”, donde se replican las tres hipótesis -sujetas a comprobarse o desecharse- que la Fiscalía General del Estado investiga en torno al homicidio de Omar Cisneros, su padre, y también empresario birriero de Ensenada, Manuel Cisneros Romero, improvisó una conferencia de prensa con medios digitales frente a las instalaciones de ZETA.
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Aunque el señor Cisneros arguyó su intención de ejercer su derecho de réplica sobre lo publicado en el Semanario y firmado como “Investigaciones ZETA”, ni previamente ni ese día buscó a la codirectora, Adela Navarro Bello -a quien se refirió de manera directa-, para hacer una cita y hacer uso de su derecho. Ni siquiera a la conferencia de prensa que sostuvo en la banqueta frontal del edificio de Semanario ZETA, convocó a esta casa editorial.
Esa fue la primera y única vez que el señor Cisneros acudió a las oficinas de este Semanario para hacer una réplica a los reportajes publicados, sea el de la investigación oficial del crimen cometido contra su hijo, o cuando al menos una de sus empresas fue vinculada a los negocios de Jesús González Lomelí, empresario que figura en la lista de la OFAC, del Departamento del Tesoro, por vínculos con el crimen organizado en Playas de Rosarito.
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Como ha quedado consignado en otras ocasiones, en esta redacción se recibe a los ciudadanos que así lo requieran, sea para proporcionar información, compartir temas o ejercer su derecho de réplica. El caso del señor Cisneros no habría sido distinto, pero él no ha solicitado o advertido de su presencia a tiempo para ser atendido. El día que decidió apersonarse en las oficinas de ZETA, la codirectora de este Semanario no se encontraba en las instalaciones.
Aun cuando no solicitó ser recibido de manera formal, y de ser informado que la periodista no estaba en el edificio, visiblemente alterado, Cisneros Romero exigió ver a la codirectora Adela Navarro Bello. Lo hizo acompañado de su abogado, de sus escoltas que portaban armas, y de quienes, al cierre de esta edición, tanto la FGE como la Secretaría de Seguridad del Estado desconocen la agencia privada para la cual laboran y les provee el permiso para la portación de arma.
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En repetidas veces al señor Cisneros se le informó que Navarro Bello no se encontraba en ZETA. Preguntó por todas las entradas y salidas del inmueble. Se le informó que podía hacer una cita. Dijo que regresaría el lunes 3 de noviembre a las nueve de la mañana; sin embargo, en el día y la hora por él acordadas, no se presentó.
Ante sus reporteros, Cisneros Romero intentó amedrentar a la codirectora de ZETA con frases como: “Porque vamos a ir con todo, porque ella publicó, Adela Navarro”; “quiero verla a ella, vengo a buscarla, porque la nota salió hoy. Vengo a buscarla porque me va a dar la cara; si no es aquí o en otro lado, pero me la va a dar”.
También acusó otros intereses detrás de la publicación, alegando: “Qué tiene de pruebas para comprobar y dañar a la familia así, de negocios; simplemente por un dinero están haciendo eso… o no quiero saber por qué lo están haciendo”.
Más grave aún: uno de los acompañantes mediáticos de Cisneros Romero le alertó y conminó a que fuera a buscar a Navarro a su domicilio particular, proporcionándole la dirección.
En ediciones previas del Semanario ZETA se documentó, a partir del Registro Público de la Propiedad, que los Cisneros tienen vínculos económicos con integrantes del poderoso grupo empresarial La Familia, encabezado por los parientes de Fernando Salgado -amigo y cercano, según presume, del Gobierno del Estado y del Ayuntamiento de Tijuana- con los hermanos Ampudia, a su vez ligados con Jesús González Lomelí, empresario señalado por la OFAC y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por presuntos nexos con La Mayiza.
De acuerdo a la información del mismo Registro Público de la Propiedad de Baja California, en la empresa Grupo Hotelero JJJ S.A de C.V., los Cisneros son copropietarios, junto con el sancionado por el Departamento del Tesoro, González Lomelí, y también aparecen como asociados, Gerónimo Vera Ayala, hijo de Antonio Vera Palestina, quien purgó pena por el homicidio de Héctor Félix Miranda, codirector de ZETA, cometido el 20 de abril de 1988; y con Jorge Alberto Hank Inzunza, heredero de Jorge Hank.
Ante este probado tejido de historias oscuras, asesorados por abogados y por organizaciones de protección de periodistas y libre expresión, ZETA decidió que, adicional a la cobertura del caso y la atención al derecho de réplica que el solicitante ya no pidió, Navarro Bello denunciara los actos intimidatorios contra su persona para que las fiscalías correspondientes investiguen lo que pueda haber detrás de la conducta beligerante del señor Cisneros, y al mismo tiempo, se tomen las medidas para proteger la integridad de la codirectora de este Semanario.
En todo caso, hay un hecho innegable: la respuesta al por qué de las tres líneas de investigación de la FGE está en la misma FGE, al igual que las razones por las cuales a Jesús González Lomelí ha sido sancionado por la OFAC y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, al ligarlos con el crimen organizado.
Las pruebas que Cisneros Romero agresivamente exige a Navarro Bello las tienen las autoridades. Está en su derecho a solicitarlas donde corresponde.
