Semanas de tensión y nuevas polémicas se suscitaron en San Quintín derivado de las glosas municipales, rubros aclarados de manera tardía, aprobación de la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal 2026 y bloqueo carretero para exigir la revocación de mandato de la presidenta Miriam Cano Núñez, auditoría completa al Ayuntamiento, destitución del titular de la Dirección de Seguridad y Protección Ciudadana, entre otros planteamientos.
Conforme al programa establecido por el Primer Ayuntamiento de San Quintín, del 27 de octubre al 7 de diciembre fue celebrado el desahogo de la glosa correspondiente al Primer Informe de Gobierno Municipal 2024 – 2025. Sin embargo, su aplicación evidenció la falta de conocimiento con la mayoría de los funcionarios, con observaciones que generaron inconformidades y confirmación del impacto de la “restructuración administrativa”.
Publicidad
Destacó el cuestionamiento de la regidora Ashley Giselle Casillas Gómez, quien increpó a la titular de la oficina de Presidencia, Laura Mendoza Corpus, sobre una solicitud por 674 mil 209 pesos por concepto de ambigú y arreglos florales de temporada, proyectadas para diciembre del 2024, unos meses después de iniciar la administración municipal. El cuestionamiento no fue aclarado durante la glosa, quedando inconcluso tras la ausencia de Mendoza Corpus después de un periodo de receso en medio del ejercicio.
En medio de múltiples deducciones, tres días después de la glosa, en la cuenta oficial del Primer Ayuntamiento compartieron un posicionamiento en el que rechazaban que la suma en cuestión fuera una factura pagada al puntualizar que “la documentación no contaba con fundamentos válidos para declararse como información legal”. Asimismo, un día después emitieron un comunicado en el cual remarcaron que el monto exhibido correspondió a una solicitud interna remitida a Oficialía Mayor, misma que no fue aprobada por el área.
Publicidad
La solicitud planteada correspondía a una cotización solicitada a la empresa Grupo ST 300 S.A. de C.V. Para el servicio de ambigú para reuniones de diciembre requerían 500 mil pesos, mientras que para los arreglos florales de temporada, contemplaban 81 mil 215 pesos. La suma total fue por 674 mil 209 pesos. En el posicionamiento confirmaron la intención de solicitar tal cantidad, aunque sin confirmar si lo aprobaron por otra vía ajena a la Oficialía Mayor.
En este contexto, las glosas concluyeron con observaciones que generaron nuevas polémicas en el municipio. Entre los puntos principales pueden enumerarse la confirmación de la reducción de recurso para el cumplimiento del Plan Operativo Anual de cada dirección, incluyendo en áreas primordiales, como Seguridad Pública y Bomberos. También se mostró una distribución discriminatoria en el uso de los recursos, con funcionarios que afirmaron aportar fondos de sus percepciones para continuar con la operatividad de las áreas, además de viáticos destacables para instancias de reciente creación como la Coordinación de Gestión Social, mientras que las unidades de la Dirección de Seguridad y Protección Ciudadana sufren desde agosto una reducción considerable en el suministro del combustible y mantenimiento de unidades.
Publicidad
Otro punto que generó confusión fue la intención de contratar asesores externos para elaborar 20 reglamentos municipales por un monto de un millón 118 mil pesos, con su cronograma de actividades y con fecha máxima del 5 de diciembre del 2025. Tras un cuestionamiento directo, en la glosa de la Secretaría General de Gobierno, el entonces director de Asuntos Jurídicos, Carlos Sánchez Luna, explicó que se trató de una “cotización” que pretendía elaborar: Reglamento para la Protección de Niños y Niñas del Municipio de San Quintín; Reglamento Interior del INMUJER; Reglamento para la Atención a los Pueblos Originarios; Reglamento para la Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres; Reglamento para Garantizar y Proteger los Derechos de la Diversidad Sexogenérica; Reglamento para la Protección de Adultos Mayores; Reglamento de Salud, entre otros.
Sánchez Luna afirmó que dan seguimiento debido a que “son el área solicitante”, aunque el estatus respectivo lo ejercería Oficialía Mayor. El planteamiento motivó cuestionamientos sobre la actuación de los regidores y sus acciones autónomas para la creación de sus reglamentos.
LEY DE INGRESOS VULNERA ECONOMÍA DE CIUDADANOS: EDILES
Al concluir las glosas -quedando pendientes el Sistema DIF, Oficialía Mayor y Tesorería- por dos ocasiones (el 11 y 12 de noviembre), suspendieron la sesión extraordinaria de Cabildo convocada por extrema urgencia. Fue hasta la mañana del viernes 14 de noviembre cuando concretaron la sesión de manera virtual. El punto principal del orden del día fue la aprobación del proyecto para la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal 2026, que contempla 445 millones 683 mil 293 pesos, misma que fue aprobada por mayoría.
Al pronunciarse al respecto, la alcaldesa Miriam Cano Núñez indicó que la Ley de Ingresos está orientada a la estabilidad “al mantener sin incrementos la mayor parte de los impuestos municipales y aplicar ajustes mínimos en áreas específicas para asegurar la operatividad del gobierno”. Afirmó que el 10.5 por ciento de la suma contemplada corresponde a impuestos, mientras que el impuesto predial mantiene sus mismas tasas, así como una actualización aplicada para el Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles.
Con el Derecho de Alumbrado Público, sostuvo que se fijó en 0.51 UMAS mensuales, equivalente a 57.70 pesos, agregando que el resto de los impuestos permanecen sin modificaciones, en busca de contener la carga fiscal para los contribuyentes.
ESTALLAN MANIFESTACIONES CON BLOQUEO CARRETERO
Después de su aprobación, regidores de oposición acusaron que la Ley de Ingresos presenta “observaciones que vulneran la economía del ciudadano”. Simultáneamente, manifestantes tomaron las oficinas de Recaudación Municipal, mientras que por la tarde grupos de manifestantes optaron por tomar la carretera en el puente frente al Centro de Gobierno del Estado.
A través de un pliego petitorio, dos de las líderes que encabezaron el movimiento, Isela Guadalupe García Antuna y Giselle Gómez Sánchez, rechazaron el uso de las UMAS al exponer que se trata de un contexto socioeconómico diferente al resto de los municipios de Baja California, manifestando que la Ley de Ingresos “no refleja las necesidades reales de la población, presenta incrementos que impactan directamente a la economía familiar y carece de un proceso de socialización adecuado con las comunidades”. Por esto, exigieron una reducción del diez por ciento general en todas las contribuciones de impuestos y derechos. Afirmaron que no se oponen al pago de impuestos, sino que solicitan sean acordes a la realidad económica de San Quintín.
Otras de las demandas fueron la revocación de mandato a la presidenta Miriam Cano, la destitución del director de Seguridad y Protección Ciudadana, auditoría completa al Ayuntamiento, entrega del listado de colonias aprobadas bajo el Ramo 33, así como el acercamiento con el Congreso de Baja California y el Gobierno del Estado. Debido a que los manifestantes rechazaron la intervención de funcionarios municipales, el sábado se reunieron con el secretario general de Gobierno, Alfredo Álvarez Cárdenas, y la diputada Evelyn Sánchez Sánchez.
A corto plazo, acordaron la destitución de Alberto Sarabia Espinoza de la corporación municipal, quien fue sustituido de manera interina por Christian Hinojosa Chávez, comisionado a la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC). Otros de los acuerdos fueron la liberación de la carretera, lo cual se concretó hasta la noche del sábado, y una próxima mesa de diálogo que arrancaría desde el martes 25 en el mismo municipio. Plantearon que asistieran diputados, autoridades de los tres niveles de gobierno y representantes del grupo inconforme.
En otro contexto, en Camalú el lunes 17 de noviembre otro grupo de manifestantes obstruyó la carretera para denunciar presuntas irregularidades con la actuación policiaca. Se extendieron por más de tres horas hasta que el director interino se comprometió a retirar a los oficiales e iniciar las investigaciones en coordinación con Sindicatura.
ENCUENTRO ENTRE AUTORIDADES Y CIUDADANOS
Derivado del compromiso asumido tras el bloqueo carretero, por cerca de siete horas autoridades encabezadas por las diputadas Dunnia Montserrat Murillo López y Evelyn Sánchez Sánchez, junto con el diputado Juan Manuel Molina García, sostuvieron un acercamiento con los manifestantes y ciudadanos que acudieron para expresar las problemáticas de sus comunidades.
Los ejes principales que abordados fueron la revocación de mandato a la presidenta municipal, análisis de la Ley de Ingresos 2026 y propuesta para auditoría completa al Primer Ayuntamiento. Al respecto, los diputados se comprometieron a impulsar los mecanismos necesarios desde el Poder Legislativo de Baja California, sin especificar una fecha tentativa.
Asimismo, otros planteamientos y cuestionamientos, con los cuales intentaron comprometer al Cabildo, fueron la reducción de sus percepciones, intervención para regular la próxima construcción de viviendas en el fraccionamiento San Fernando, apoyo para insumos y mantenimiento en unidades de salud, entre otras.
POSTURA DE LA DIPUTADA DUNNIA MONTSERRAT MURILLO
Respecto a los hechos en cuestión, la diputada Dunnia Montserrat Murillo López emitió un posicionamiento en el que enumeró diez observaciones derivadas del manejo de las finanzas públicas. Declaró que las glosas revelaron irregularidades “que no pueden ni deben pasar inadvertidas”, reprobando la actuación de los regidores y el Síndico al referir que aprueban la mayoría de las iniciativas sin conocer su aplicación. Remarcó que fueron omisos en su deber de vigilar el uso, manejo y destino de los recursos públicos, por lo cual exigió la intervención de los órganos de fiscalización.
De igual manera, expuso que las glosas “evidenciaron una profunda falta de transparencia en la utilización de los recursos públicos, duplicidad de funciones, ausencia de personal capacitado, malos manejos administrativos y financieros, así como incumplimiento de metas programadas”.
Por otra parte, argumentó que en el 2025 se apreció una mínima realización de obra pública, falta de transparencia y un rezago evidente. Aseguró que junto con sus colaboradores elaboraron un análisis técnico, jurídico y presupuestal detallado de la Ley de Ingresos. Propuso que vigilarán el destino de cada rubro contemplado, lo cual sería abordado de manera directa con la comparecencia de la alcaldesa Miriam Cano ante el Congreso del Estado, tentativamente, los primeros días de diciembre.
Se solicitó la postura de la presidenta municipal sobre los planteamientos abordados en este artículo, pero hasta el cierre de la edición no hubo respuesta por parte de la Dirección de Comunicación Social del Ayuntamiento.
La situación actual derivó en la intervención del Partido Acción Nacional (PAN) para interponer una denuncia penal contra Miriam Cano Núñez. La dirigente estatal del partido, Lizbeth Mata Lozano, anunció la decisión al afirmar que procederán de manera conjunta con el único regidor blanquiazul en San Quintín, Gabriel Soria Cuevas. Argumentaron que tras un año de administración, el Ayuntamiento evidencia presuntos actos de corrupción, ausencia administrativa, abandono de cargos públicos, omisiones, gasto excesivo del recurso público, escasez de obra pública, desconocimiento con la aplicación de los fondos, entre otros señalamientos.VÍCTOR UZIEL GONZÁLEZ CESEÑA
