Varios grupos de hombres armados y vestidos de negro colocaron al menos tres narcomantas en distintos puntos de la ciudad de Ensenada, en hechos que generaron movilización de corporaciones policiales municipales y estatales.
De acuerdo con los primeros reportes, la primera manta fue localizada en el Parque Revolución, en calle Sexta y Obregón, en la zona Centro de Ensenada, donde cuatro sujetos de negros llegaron hasta el kiosco, donde colocaron la amenaza; una segunda apareció en las inmediaciones del Centro de Gobierno, y la tercera fue colocada poco después de las 8:00 de la noche, en el CBTA de Maneadero.
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Testigos informaron que cuatro hombres armados, a bordo de dos vehículos, descendieron para colocar una de las mantas, la cual contenía un mensaje dirigido a un agente de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC).
Elementos de la Policía Municipal acudieron a los sitios para corroborar los hechos, aseguraron las áreas y retiraron los mensajes.
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Unas de las imágenes que se recuperaron de la manta tenían el mensaje:
“GERARDO MONREAL.C
DE LA FESCENSENADI SABEMOS QUE APOYAS Y BRINDAS INF A TUS AMIGOS DE LA BIRRIERIA GDL ALANUEL CISNEROS YA TU EX COMP. GUZMAN QUE JALAN P/CJNG. LOS TENEMOS UBICADOS A TODOS”.
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Otra manda que fue localizada en el puente peatonal de Maneadero tenía el siguiente mensaje:
“Gerardo Monrreal Curiel de la FESC ensenada sabemos que apoyas y brindas seguridad y informacion a tus amigos de la Birrieria Guadalajara MANUEL CISNEROS y a tu compañero GUZMAN que operan para el CJNG los tenemos ubicados, igual a tus compañeros”
Tras los incidentes, autoridades estatales y municipales implementaron un operativo de búsqueda con el fin de localizar a los responsables. La Fiscalía General del Estado (FGE) inició una carpeta de investigación y recabó evidencia en los tres puntos donde fueron colocadas las narcomantas.
La organización no gubernamental internacional Artículo 19 exigió, el 1 de noviembre de 2025, a los gobiernos estatal bajacaliforniano y al federal, garantizar la seguridad de los periodistas del Semanario ZETA de Tijuana, incluyendo a su codirectora, Adela Navarro Bello, ante las amenazas, advertidas un día antes, por Manuel Cisneros Romero, el dueño de la birriería Guadalajara, ubicada en Ensenada.
La ONG internacional exigió al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas -dependiente de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) Federal-, así como a la Fiscalía General del Estado (FGE) bajacaliforniana, además, del Gobierno de Baja California, a proteger la integridad de los periodistas y trabajadores del medio local, ya que recordó que durante el último año, había sido objeto de al menos tres amenazas en su contra.
“📢 Exigimos a las autoridades @Mecanismo_MX, @FGEBC, @BCGobierno, que protejan la integridad de @adelanavarro y de las personas que integran el semanario @ZETATijuana ante los actos intimidatorios realizados ayer en su contra. 🔴 Recordamos que en el último año el semanario ha sido blanco de tres amenazas”, escribió, en su cuenta de la red social X, Artículo 19, cuyo director regional para México y Centroamérica, es Leopoldo Maldonado Gutiérrez.
Manuel Cisneros Romero, dueño de la Birriería Guadalajara, se apersonó, el viernes 31 de octubre de 2025, frente a las oficinas del Semanario ZETA en una improvisada conferencia de prensa, donde lanzó amenazas contra la codirectora de dicho medio local.
El empresario, acompañado por su abogado, escolta armada y “blogueros”, exigió que Navarro Bello le presentara pruebas sobre la investigación publicada en el citado medio, respecto al asesinato de su hijo Omar Cisneros Salcedo, ocurrido el 18 de octubre de 2025, al interior del restaurante familiar, ubicado en la zona centro del municipio de Ensenada.
“Quiero verla a ella, vengo a buscarla, porque la nota salió hoy, vengo a buscarla porque me va a dar la cara”, declaró Cisneros Romero, en tono agresivo. El empresario también confrontó al periódico local por lo que denominó publicación sin sustento, acusándolo de recibir dinero para difamar a la familia.
Sin embargo, la nota que molestaba al empresario contenía únicamente las tres hipótesis que la Fiscalía General estatal bajacaliforniana manejaba sobre el crimen de su hijo: una disputa judicial por un terreno, el posible cobro de piso y/o vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El enfurecimiento del empresario cobró dimensiones inquietantes cuando uno de los blogueros que lo acompañaba le proporcionó la dirección domiciliaria de Navarro Bello, exhortándolo a buscarla en su casa. Ante estas amenazas, múltiples instituciones -incluyendo los Mecanismos de Protección Federal y Estatal, la Fiscalía, y autoridades municipales- realizaron llamadas de alerta a ZETA.
Los reportes citados por el Semanario revelaron que Cisneros Romero figuraba como socio en empresas donde también participaba Jesús González Lomelí, personaje sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos (USDT, por sus siglas en inglés), por supuestos nexos con el crimen organizado. Asimismo, ZETA subrayó que basó su investigación en documentos públicos y declaraciones oficiales de autoridades, no en acusaciones infundadas.
