Representantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) informaron, el 27 de noviembre de 2025, que habían pedido a sus agremiados liberar las carreteras que mantenían bloqueadas en al menos 10 estados del país, como muestra de buena voluntad en la negociación con el Gobierno federal. Señalaron que la etapa de diálogo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y la Secretaría de Gobernación (SEGOB) había entrado en su fase final, luego de seis horas de trabajos en la Ciudad de México.
La organización Campesinos Unidos de Sinaloa, encabezada por Baltazar Valdez Armenta, reportó que liberaron las vías y mantuvieron a los productores a pie de carretera. En un mensaje público, la agrupación indicó: “Negociación entra a etapa final. El proceso de diálogo en la Ciudad de México ha entrado a su tramo decisivo. Como parte de esta última etapa, el Gobierno ha solicitado la liberación de los puntos de presión como muestra de buena fe para avanzar en la construcción de compromisos”. Añadió que “los productores permanecerán presentes, atentos y a un costado de cada punto de manifestación, en resguardo y observación, a la espera de que los resultados que surjan de esta negociación sean realmente favorables para el campo mexicano”.
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Para esa fecha, los integrantes del FNRCM habían acumulado cuatro días de bloqueos carreteros, con presencia en alrededor de una treintena de puntos en, al menos, 10 entidades del País. Los cierres afectaron autopistas, tramos libres y cruces estratégicos utilizados por transportistas y cadenas de suministro.
Horas antes, la mañana del 27 de noviembre de 2025, líderes del FNRCM reanudaron el diálogo en la Secretaría de Gobernación, en un intento por destrabar sus demandas en materia de agua, precios y seguridad. En la mesa de trabajo participaron el subsecretario de Gobernación, César Yáñez Centeno, y el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Antonio Berdegué Sacristán. Antes de ingresar a la reunión, Valdez Armenta, delegado del Frente para Sinaloa, afirmó que, tras la visita realizada el día 26 del mismo mes y año a la Cámara de Diputados, observaba “una clara intención de resolver” las exigencias de los productores respecto a la Ley de Aguas.
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Valdez Armenta informó que ya contaban con un borrador de propuesta para presentar en Segob, en el que se contemplaba la protección de los derechos de los productores agrícolas en el marco de la iniciativa de reformas a la Ley de Aguas Nacionales. “Donde sí hay una clara intención de resolver es en el tema de agua, en la iniciativa para reformar la Ley de Aguas Nacionales, tenemos un borrador que se va a presentar y que contempla la protección de los derechos de los productores agrícolas”, declaró a medios de comunicación antes de su ingreso a la mesa de negociación.
En paralelo, Eraclio Rodríguez Gómez, ex diputado del Partido del Trabajo (PT) y delegado del Frente para Chihuahua, sostuvo reuniones el 26 de noviembre de 2025, con sus ex compañeros petistas en la Cámara de Diputados, con quienes elaboró un documento respecto a las demandas del sector. Ese mismo día fue recibido por el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal Ávila, con quien acordó la instalación de una mesa permanente de trabajo para dar seguimiento a los planteamientos de los productores y a las eventuales modificaciones legislativas.
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Mientras continuaban las negociaciones, organismos empresariales alertaron respecto a los impactos de los bloqueos. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y la Asociación Mexicana de Concesionarios de Infraestructura Vial (AMCIV) señalaron, en comunicados difundidos el 27 de noviembre de 2025, que los cierres carreteros realizados por transportistas y organizaciones campesinas habían generado retrasos, pérdidas económicas y perjuicios en las finanzas públicas. COPARMEX sostuvo que las interrupciones provocaban riesgos para empresas y transportistas que dependían del flujo continuo de mercancías y respaldó las demandas de quienes enfrentaban robos, extorsiones, cobro de piso y agresiones en carretera.
Según un sondeo interno de Coparmex, en 33 ciudades se registraban afectaciones directas en carreteras, aduanas fronterizas, nodos logísticos y rutas estratégicas, particularmente en estados como Jalisco, Guerrero, Chihuahua, Michoacán, Zacatecas, Veracruz, Durango, Puebla, Sonora, Baja California, Guanajuato, Tamaulipas y regiones de San Luis Potosí, así como en los municipios de Ciudad Juárez, Guasave y Hidalgo del Parral. La Confederación pidió instalar una mesa nacional de diálogo con participación de los sectores afectados y representación equilibrada de las entidades con mayor conflictividad.
Por su parte, la AMCIV advirtió que los bloqueos impactaban negativamente en el funcionamiento de la infraestructura vial estratégica del país, vulneraban el derecho a la libre circulación, comprometían la seguridad de los usuarios y generaban pérdidas económicas al interrumpir cadenas de suministro y procesos logísticos. Señaló que la situación también provocaba perjuicios en las finanzas públicas al poner en riesgo la estabilidad operativa de las vías concesionadas y afectar su equilibrio financiero. El organismo llamó a privilegiar “el diálogo institucional, responsable y constructivo”, como vía principal para atender demandas y resolver diferencias sin detener la movilidad ni afectar a millones de personas y consumidores.
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