Alrededor de las 2:20 de la tarde del lunes 3 de noviembre, los habitantes escucharon el estruendo de las armas de fuego, además de gritos desde un domicilio. De acuerdo con el reporte oficial, sicarios ingresaron a una vivienda ubicada en Sonora entre Topete y Rangel y atacaron a tiros a Ulises Santiago Higuera, de 29 años, quien se encontraba dentro de la casa; le acompañaba Luis Antonio Parra Jordan, de 39 años, mismo que resultó con lesión en la cabeza por un objeto, al parecer fue un cachazo.
“El asunto es que las dos víctimas fueron tomadas por sorpresa por pistoleros, quienes los amenazaron, y los datos que se tienen es que Ulises fue atacado y asesinado a tiros, mientras Jordan fue golpeado con un objeto contundente en la cabeza, en este caso estimamos la cacha de un arma, para dejarlo lesionado y huir del lugar. Este sitio ya había sido identificado como un picadero en la zona, conocido por los vecinos”, confirmó un agente de investigación criminal de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
El ataque ocurrió a menos de 200 metros de la entrada de las instalaciones de la Cuarta Zona Naval de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar). Tan cerca y tan lejos de que personal de la Marina interviniera y pudiera hacer algo para detener a sicarios en este ataque.
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Versiones extraoficiales refieren que el hecho ocurrió en un punto rojo de seguridad, un presunto picadero que ha gozado de impunidad por muchos años, y que pese a la cercanía con las instalaciones navales, ha servido para camuflarse y mantenerse activo.
“Sonora entre Topete y Rangel, allí está ubicado el picadero; ya han sido varios ejecutados, desde 2017, 2021, podría decirte que hay registros de personas que han sido privadas de la vida y también desaparecidos en el lugar o sus alrededores. Ya por años es sabido por las agencias de investigación, la información dada por inteligencia ha tenido en la mira el punto de venta por muchos años, sin embargo, como otros, se ha dejado operar por alguna razón”.
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Pero lo preocupante es que no sólo es un punto de venta de droga conocido, sino que también ha envuelto múltiples atentados armados, ejecuciones y levantones, ante lo que la autoridad tiene los datos y no ha hecho nada para evitarlo por años.
Por ejemplo, en septiembre del 2017, Eduardo “N”, con antecedentes penales por delitos contra la salud, fue ejecutado alrededor de las cinco de la mañana a la vuelta del “picadero”; el hombre recibió múltiples impactos por proyectiles de arma de fuego, murió en el lugar.
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También, apenas habían transcurrido 24 horas, la tarde del 11 de septiembre del 2021, en que Víctor Manuel Castro Cosío había tomado protesta como gobernador de Baja California Sur, y en Sonora entre Topete y Rangel, dentro del punto de venta de droga, fue ultimado a balazos el comerciante de mariscos José Antonio Casillas Hale, alias el Tatabe, de 44 años.
“Hubo un homicidio el sábado, aquí en este barrio (Manglito), por cierto, y bueno, tenemos que estar muy al alba, que no nos vaya a empezar algo que no nos gustaría”, dijo en su momento Castro.
Víctor Castro Cosío se ha convertido en el antepenúltimo gobernador con menor aceptación del país (44.7), el tercero a nivel nacional menos aceptado y el antepenúltimo de la lista de gobernadores por Morena; en ambos casos sólo por debajo de David Monreal de Zacatecas (44.4) y Javier May de Tabasco (41.0). Estos los tres peores gobernadores, según la Encuestadora Nacional Mitofsky.
BCS MÁS INSEGURA
En el caso del delito de homicidio doloso, 69.7 por ciento se registraron más incidentes durante el 2025 a comparación del 2024; si comparamos este mismo periodo de este año con el 2023, la cifra se dispara a 438.8 por ciento más homicidios en el año actual a comparación de ese periodo de tiempo.
En lo que respecta a la comparación con el 2022, el primer año de Gobierno de Víctor Castro, los homicidios aumentaron 177.7 por ciento, una cifra representativa y que hoy se encuentra en la peor crisis de inseguridad en toda su administración, pues tan sólo en los primeros nueve meses del 2025 se han registrado 97 asesinatos a sangre fría.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) 2025, que presenta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a Baja California Sur no le ha ido nada bien en lo que refiere a la percepción de inseguridad; de hecho se encuentra más abajo de la parte media de la tabla en cuanto a la efectividad del Gobierno para resarcir las necesidades del ciudadano.
En lo que se refiere a la percepción de inseguridad, habitantes del municipio de La Paz experimentaran para el tercer trimestre del 2025, 6.3 por ciento más enfrentamientos y conflictos de seguridad, mientras que Los Cabos tuvo un aumento ligero de 0.7 por ciento en la comparativa entre el segundo y tercer trimestre del año.
En cuanto a la percepción sobre inseguridad pública en general, el municipio paceño alcanzó el 40 por ciento, subiendo de 25.9 en el 2024 a 14.1 puntos porcentuales arriba del año inmediato anterior; Los Cabos subió de 22.9 en 2024 a 39.3 por ciento en el 2025; un incremento considerable en sensación de inseguridad para las ciudades en Baja California Sur.
Para tratar de abatir esa mala impresión en materia de seguridad, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, aumentó la presencia policial en las calles para dar certidumbre a la ciudadanía.
“La Secretaría de Seguridad Pública este año tenemos capacitando a 46 elementos, el próximo año se va a volver a abrir la convocatoria; anualmente hemos estado contratando un promedio de 40 a 45 elementos. Se ha aumentado el estado de fuerza de la corporación, la instrucción del ejecutivo estatal es esa, precisamente seguir fortaleciendo la presencia policial; actualmente tenemos 520 elementos y es cuando la Policía Estatal ha tenido más elementos”, sostuvo Luis Alfredo Cansino Vicente, secretario de Seguridad Pública Estatal.
También funcionarios estatales informaron que debido al incremento de flujo de personas en las principales zonas comerciales, se ha dispuesto el operativo Base de Operaciones Mixtas (BOM), compuesta por autoridades de los tres niveles de gobierno y la instalación de puntos de vigilancia como retenes de manera aleatoria.
La Encuesta Nacional ENSU reveló tres puntos relevantes en físico, donde la ciudadanía teme caminar y sufrir de algún incidente. En primer lugar, consideran inseguridad al acudir a un cajero automático, el transporte público y la calle, por lo que solicitan mayor presencia de unidades de emergencia.
“La seguridad es permanente; en materia de seguridad no nos podemos confiar, no podemos decir que tenemos algún tema controlado, en ningún Estado de la República, en ningún municipio de la República. La amenaza es permanente y el compromiso es seguir trabajando, como siempre pedir el apoyo a la ciudadanía de trabajar unidos, de trabajar coordinados, de que se atrevan a denunciar este 089”, lanzó el secretario de Seguridad Pública Estatal.
Cuando menos el 60 por ciento de las detenciones que ha realizado la autoridad estatal, dijeron, fue por denuncias anónimas de la ciudadanía en el 089; por ello, Cansino Vicente indicó que es muy importante la participación de la ciudadanía para que denuncie y confíe en la institución.
Los delitos que más preocupan a los ciudadanos de La Paz, según la última publicación del Semáforo Delictivo, son: extorsión, narcomenudeo, robo a vehículo, lesiones y violencia familiar; en Los Cabos es el homicidio doloso, narcomenudeo lesiones y violencia familiar.
“Siempre lo dije cuando el estado no tenía ningún o muy pocos eventos de alto impacto en materia de seguridad: es imposible que las autoridades trabajen solas, se necesita la participación ciudadana; y en estos meses de abril a septiembre que hemos tenido temas de homicidios violentos, la verdad es que la ciudadanía ha hecho su parte, nosotros hemos hecho la nuestra”, concluyó Cansino.
CAE EL FLACO DE “LOS FURCIOS”
Apenas en la edición anterior de este Semanario (2692), en la nota “Los Furcios Operan en el Pescadero”, ciudadanos de la comunidad indígena asentada en ese poblado del municipio de La Paz hicieron su denuncia ante ZETA, y autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) ejecutaron una de varias órdenes de aprehensión en contra de Víctor Ángel Maldonado Cortez, alias el Flaco, por el delito de robo y despojo.
De acuerdo a los datos brindados, la Unidad de Aprehensiones de la Procuraduría utilizaron drones para ubicar y dar cumplimiento la orden de aprehensión contra el Flaco, a quien siguieron a distancia en la colonia 8 de Octubre de El Pescadero al sur de la ciudad, donde una vez acorralado, fue capturado.
Víctor, alias el Flaco, actual líder de la banda de Los Furcios, uno de los encargados de sembrar terror en la comunidad indígena, quienes lo han denunciado por extorsión, cobro de piso, amenazas, daños, robo y múltiples delitos, fue detenido la mañana de este lunes 3 de noviembre en cumplimiento de una orden de aprehensión en su contra emitido por el Juez de Control de La Paz, según causa penal J/0651/2025, que se instruye por el delito de robo con violencia.
“Estamos un poco más tranquilos tras su captura, ya que todo el fin de semana, él (el Flaco) y algunos de sus secuaces han estado acosando a los vecinos, amenazando por la denuncia legal y pública que se hizo, ya que quedaron descubiertos en lo que han estado haciendo; ya siendo el segundo día de su detención sí ha estado calmado, pero pedimos apoyo de la autoridad en vigilancia. No queremos que haya venganza. Lo que sí, es que están muy activos en un grupo de su banda, en el que hay algunas personas que están en contra de ellos y han filtrado audios donde van a poner testigos para que declaren a su favor y fabricar pruebas”, expresó uno de los denunciantes de la Asociación de Colonos de la 8 de Octubre en El Pescadero.
Los operadores de Los Furcios se están moviendo entre sus simpatizantes para que muestren pruebas a favor de líder de la banda para poder sacarlo de prisión; incluso en audios que han circulado a través de sus grupos, indican que “hay que guardar cierta información” para no evidenciar delitos.
Lo cierto es que la Asociación de Colonos mostró los recibos de cientos de personas, acompañado de sus firmas, en los que afirman que fueron afectados en su patrimonio; algunos están pagando cantidades de los 20 a 53 mil pesos por un mismo terreno, otros se percataron que su “propiedad” ya fue invadida.
Por ello hicieron un llamado a la autoridad, para que además de la captura del líder, también pongan vigilancia para que no ocurra alguna desgracia en la comunidad de la 8 de Octubre de El Pescadero.
“Acabo de salir de la audiencia del señor Flaco, tiene una denuncia y necesitamos de los testigos para sacarlo facilito de la cárcel; ocupamos testimonios, ocupamos que vengan seis personas, ya se está concretando a las personas que vengan a atestiguar, debemos unirnos. Hay que apoyar, se necesita; ya estuve con los abogados, todo está bien, todo se va avanzando, sólo hay que tener cuidado. Hay que guardar cierta información. Se le invita a todos en este grupo, a todos los que escuchan el audio, su apoyo”, finalizó el representante de Colonos de la 8 de Octubre.
