A partir de diciembre de 2018 los centros penitenciarios del país han mostrado una desbordada ocupación al aumentar -hasta el día último de septiembre de 2025- su población en aproximadamente 56 mil personas privadas de la libertad (PPL) e impulsar un sobrecupo en al menos 136 de los establecimientos con los que cuenta el Sistema Penitenciario Nacional, existiendo cárceles en las que hay hasta un 525 por ciento de hacinamiento, como ocurre en el Estado de México.
De acuerdo con datos de Prevención y Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en su último Cuaderno de Información Estadística Penitenciaria Nacional existe una población carcelaria de 254 mil 109 personas, de las cuales 238 mil 536 (el 93.87 por ciento) son de sexo masculino y 15 mil 573 (6.13 por ciento) mujeres, siendo que la capacidad total de las prisiones en su conjunto es de 226 mil 446 espacios, situación que revela un excedente de 27 mil 663 internos que no tiene un espacio digno para reinsertarse adecuadamente.
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El maestro Juan Morey, coordinador de Empoderamiento Jurídico y Activismos Comunitarios de Documenta A.C., destaca que el crecimiento poblacional de las personas en contexto de encierro se incrementó sustancialmente y más del 40 por ciento de estos reclusos “son personas que están en situación de prisión preventiva y muchas de ellas, la gran mayoría, están en prisión preventiva por la figura de la prisión preventiva oficiosa. Entonces, este es uno de los motivos por los cuales la población ha crecido mucho”.
Efectivamente, el reporte corrobora que en las prisiones hay 103 mil 991 personas procesadas, 90 mil 156 (41 por ciento) de ellas presas por delitos del fuero común y 13 mil 826 por conductas ilícitas del ámbito federal; mientras que las personas privadas de la libertad que cuentan con sentencia son 150 mil 118 (59 por ciento), divididas en 133 mil 688 del fuero común y 16 mil 430 del federal.
“Al margen de esta cuestión del funcionamiento o el comportamiento de los índices de la población penitenciaria, en la vida cotidiana en reclusión tenemos dos realidades muy diferentes en México. Una es la de los centros federales y otra es la de los centros locales, estatales. Los centros federales están, en general, con cuestiones de cupo muy razonables”.
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“Muchas están incluso por debajo del cupo y esto da un margen de operación a las autoridades que tienen que controlar estos espacios; estos, que son espacios públicos, les dan un margen de operación mayor, más holgado”, asegura el entrevistado.
La mayor carga de los conflictos, la sobrepoblación, la falta de personal en todas las áreas y el suministro de servicios o programas está en los penales estatales, destaca Juan Morey, “porque la prisión la podemos pensar como una especie de municipio confinado, de alguna manera. Entonces, se producen problemas poblacionales de la misma naturaleza, por decirlo así; que los problemas que se producen en libertad son problemas vinculados con la convivencia, son problemas vinculados con los servicios, son problemas vinculados con diversas cuestiones, las relaciones entre las personas que viven en la prisión y las comunidades que lo circundan, etcétera”.
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“Cuando el margen operacional es un margen amplio, las autoridades pueden gestionar estos problemas, estas dificultades; pero cuando los márgenes de operación no son tan amplios, como sucede en los centros estatales, gestionar estos problemas es muy muy complejo. Entonces, lo primero, lo mejor que podríamos señalar es esto, que no es lo mismo una prisión federal que una prisión estatal”, concluye el experto.
De los 276 penales del país sólo 14 son federales y el resto son de administración estatal y de los gobiernos de la Ciudad de México.
SOBREPOBLACIÓN
Desde hace varios años el Estado de México es la entidad federativa que tiene el mayor número de personas privadas de la libertad, con 37 mil 257 PPL, y también es el que registra la mayor sobrepoblación en la mayoría de sus centros penitenciarios, algunos de los cuales, como el Centro Preventivo y de Reinserción Social (CPRS) de Chalco, alcanza el 525. 21 por ciento de sobrecupo; sin embargo, no es el estado con mayor índice sobrepoblacional, ya que Nayarit, que tiene una capacidad de mil 173 espacios, cuenta con tres mil 272 reclusos, por lo que llega hasta un 178.94 por ciento de sobrepoblación, por encima del 157.28 por ciento del Edomex.
El resto de las entidades con sobrepoblación son: Durango, donde caben dos mil 295 presos y tienen cuatro mil 832 en sus estancias; Morelos, con capacidad para dos mil 47 personas privadas de libertad y hay cuatro mil 151. Le sigue Sonora, que ha crecido mucho en sus índices ocupacionales durante los últimos dos años y cuenta con siete mil 988 espacios, pero tiene 14 mil 756 internos; Quintana Roo, con dos mil 695 lugares y cuatro mil 520 reos; Chiapas, que antes no estaba en los diez primeros sitios de esta estadística, pero ingresó al tener cuatro mil 610 espacios y meter a siete mil 34; Hidalgo, cuatro mil 17 colchonetas para cinco mil 712 PPL; Coahuila, tres mil 915 lugares y cinco mil 511 presos; y San Luis Potosí, pues de tres mil 230 sitios, hay cuatro mil 110 personas.
Después del CPRS de Chalco, le sigue en sobrepoblación el Centro Preventivo y de Reinserción Social de Zumpango, en el mismo Estado de México, con 510.83 por ciento de sobrecupo; el Centro de Reinserción Social (CRS) número 7 Huixtla, Chiapas, con 505 por ciento; el Centro Estatal de Reinserción Social (CERS) Jojutla, Morelos, 418.94 por ciento; CPRS Jilotepec, Edomex, 373.26 por ciento; CPRS El Oro, Edomex, 364.44 por ciento; CRS número 17 Playas de Catazajá, Chiapas, 358.33 por ciento; CERS Cuautla, Morelos, 332.87 por ciento; CRS Bucerías, Nayarit, 293.68 por ciento; y CPRS Tlalnepantla, Edomex, 282.98 por ciento.
En Baja California también se padece de la crisis sobrepoblacional carcelaria, con todos los problemas que conlleva el fenómeno, agravado por la presencia de importantes pandillas y grupos de la delincuencia organizada, lo que se refleja más en las penitenciarías de Tijuana (históricamente conflictiva), Mexicali y Ensenada. Sólo los dos centros penitenciarios de El Hongo, en Tecate, escapan al sobrecupo, más no a las riñas, presencia de droga y demás bemoles que suceden intramuros en instituciones totales.
Mientras que el Centro de Reinserción Social de Tijuana “Lic. Jorge A. Duarte”, tiene capacidad para albergar a dos mil 556 internos, al último día de septiembre de 2025 tenía en sus celdas a tres mil 525, para una sobrepoblación del 37.91 por ciento. El CRS de Mexicali, con mil 780 espacios, contaba con dos mil 366 presos (32.92 por ciento de excedente). Y el CRS de Ensenada que puede contener a mil 199 reclusos, contaba a mil 462 encarcelados, rebasando su cupo en 21.93 por ciento. El penal de El Hongo, creado para cinco mil 922 tiene población efectiva de cinco mil 75; mientras que El Hongo II, donde caben cuatro mil 608, apenas tiene dos mil 52.
ENSENADA
Además de la sobrepoblación, la presencia de las pandillas de Los Paisas y Los Sureños, entre otras, mantiene en zozobra permanente a los Ceresos de Tijuana, Mexicali y Ensenada; sin embargo, un informe rendido en 2024 por autoridades penitenciarias para justificar el traslado de reclusos de alto perfil criminal del penal de Ensenada a otros centros de mayor seguridad, desnuda la vulnerabilidad de esta última instalación carcelaria, cuyas condiciones de emergencia prevalecen en 2025.
El informe detalla que el Cereso de Ensenada cuenta con una infraestructura débil y antigua, que data de 40 años, inmerso en la mancha urbana y un terreno aledaño que vulnera la seguridad y representa un riesgo latente para una evasión, toda vez que el particular lo utiliza como estacionamiento público, lleno de maleza, escombros y arboles pegados a la barda perimetral. Los árboles obstaculizan la visibilidad del personal de vigilancia de las torres y Central de Radio, lo que ha favorecido el ingreso de los llamados “pelotazos” de droga, pues colinda con el área de esparcimiento “B”, módulos 1 y 2, y módulo 4 femenil.
Dentro del oficio justificante para traslado de reos peligrosos se menciona un informe de infraestructura emitido en fecha 1 de febrero de 2022, por un ingeniero adscrito a la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario, y que establece que por “lo antiguo del centro y la falta de mantenimiento adecuado derivado del uso continuo, ha resultado en el desgaste excesivo de sus edificios, tanto en las losas de cubierta, muros y cimentación de los mismo, así como el exceso de humedad en muros y pisos derivado de fugas de agua potable y sanitaria, lo que también ocasiona es una excesiva corrosión de la herrería del celdas y topes vulnerando la seguridad de las instalaciones; así también estas filtraciones están debilitando al acero de refuerzo de las estructura”.
Por lo tanto, se considera que el centro penitenciario ensenadense no cuenta con la infraestructura necesaria para albergar a personas privadas de la libertad que requieren de medidas especiales de seguridad, tomando como aspectos fundamentales los materiales de construcción, antigüedad de las instalaciones, falta de mantenimiento, desgaste de equipamiento, condiciones climáticas, falta de planeación y distribución adecuada: “Se percibe que este Centro Penitenciario de Ensenada, es obsoleto para lo que fue creado, iniciando como cárcel pública municipal de acuerdo a las necesidades de esa época, sin embargo, fue creciendo sin una planeación hasta convertirse en Centro Penitenciario Estatal”.
A ello se le agrega el alto perfil de muchas de las personas privadas de la libertad, por lo que esta prisión “se ve rebasada en población penitenciaria, grupos de pandillas existentes como lo son ‘Los Sureños’ y ‘Los Paisas’, entre otras ranflas o pandillas, registrando infraestructura inadecuada y con una carencia sistemática de personal de seguridad así como de área administrativas, técnicas y jurídicas, en relación a las personas privadas de libertad que se encuentran en este Centro Penitenciario”.
“Dicha situación interpenitenciaria ha llevado a situaciones que han trastocado la seguridad y gobernabilidad del centro y de la población penitenciaria, teniendo como antecedentes diversos hechos que no pasaron a situación mayor por la oportuna reacción de las autoridades del Centro; esto es un reflejo de la problemática que acontece, derivado de la sobrepoblación, hacinamiento, falta de personal de seguridad y custodia, falta de espacios de esparcimiento, falta de espacios y personal para llevar a cabo las actividades propias de la reinserción social, falta de espacios y personal médico, etc.”, describe el informe.
Y agrega: “Los líderes de la pandilla Los Paisas y Los Sureños han logrado organizarse de manera estratégica para ingresar drogas al interior del Centro, específicamente las sustancias denominadas heroína y fentanilo, por medio de la visita familiar, mismos que ingresan la sustancia oculta en sus cavidades corporales, aprovechando que el Centro Penitenciario Ensenada por el momento no cuenta con los dispositivos de tecnología para la revisión no intrusiva que permitan la detección de sustancias u objetos ocultos en las cavidades del cuerpo (vagina, recto, boca etc.,)”.
Concluye que el consumo de sustancias por los internos se incrementó de forma excesiva, e inclusive se cuenta con historial de decesos a consecuencia de intoxicación por sustancias, y el incremento de tratamiento con el medicamento Naloxona para revertir los efectos de intoxicación por opiáceos.
