En una especie de paradoja conductual, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de BC, Alejandro Isaac Fragozo López, podría ser considerado un hombre autoritario y sumiso a la vez, lo cual el togado demuestra cuando se trata de poder y recurso público. Hace unos días anunció que -por decisión propia- se definió que el Servicio Médico Forense (Semefo), a cargo del doctor César Raúl González Vaca, dejará de brindar entrevistas y atención a medios de comunicación. Que ya no hablará de causas de muerte, de feminicidios, homicidios, golpes de calor, casos de tortura, e incluso temas vinculados con muertes por adicciones, pues el Servicio Médico Forense de BC es de los pocos entes en México que realiza pruebas para medir el consumo de enervantes y sus tipos, trabajo que fue reconocido a nivel nacional y permitió que instituciones de Estados Unidos, como la DEA, iniciaran colaboraciones con el Poder Judicial, lo que representó una puerta para donaciones, capacitaciones y estrategias comunes. Fragozo además recalcó que, a partir de ya, no se informaría causas de muerte, dado que podrían afectar las investigaciones de homicidios y feminicidios, lo que nunca ha ocurrido en Baja California. Podría considerarse que con tal acción, el titular del Poder Judicial es un autoritario, pero la realidad es que es dócil y complaciente, dado que la ocurrencia de restringir la información no la tuvo él, sino que surgió en una Mesas de Seguridad, cuando mandos de la Guardia Nacional -la corporación más inoperante en combate a la inseguridad- le exigió al Poder Judicial que dejara de informar sobre temas vinculados al fentanilo, dado que las declaraciones de Semefo estaban haciendo quedar mal al Gobierno Federal. La gobernadora Marina Avila asentó la petición y fue secundada por la fiscal Elena Andrade, cuya inoperancia también ha quedado expuesta en muchos casos de feminicidio y homicidio, por los testimonios brindados a la prensa por parte del doctor González Vaca. Así, Fragozo López, entendiendo que su legitimidad sólo se basa en la opinión de la gobernadora, quebró y cedió. Como ha sido costumbre, sacrificó la autonomía del Poder Judicial para seguir quedando bien con el Poder Ejecutivo, lo que concluyó en una censura institucional, ante su sumisión.
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