Los diputados de la XVII Legislatura del Congreso del Estado determinaron no aprobar las Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2023 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur (CEDH), así como del Instituto Tecnológico de La Paz y del Ayuntamiento de Loreto.
Lo anterior como resultado del análisis y discusión técnica llevada a cabo por la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado de Baja California Sur (ASEBCS).
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En los proyectos presentados destaca la falta de transparencia del manejo de recursos públicos en las áreas de adquisiciones y nómina, donde se hicieron observaciones por montos millonarios sin comprobación por adjudicaciones directas o erogación de pagos sin justificación legal.
El dictamen de cada una de las instituciones subraya que los entes fiscalizados no presentaron la información del manejo de sus recursos, en conformidad con los títulos tercero y cuarto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.
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La XVII Legislatura también instruyó a los directivos de cada institución y gobierno municipal a que realicen las acciones y medidas que resulten necesarios en las áreas internas encargadas de la administración, manejo y ejercicio de los recursos públicos, para que cumplan con las recomendaciones realizadas por la ASEBCS.
También exhortó a los entes a no reincidir respecto a las omisiones que el órgano de fiscalización ha detectado en las Cuentas Públicas del 2023.
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Por último, el Poder Legislativo instruyó a la ASEBCS a que presente las denuncias penales y administrativas correspondientes, incluso a tramitar el procedimiento de investigación de faltas administrativas para deslindar responsabilidades por las observaciones no solventadas y/o atendidas en cada auditoría.
CEDHBCS NO COMPROBÓ MÁS DEL 74%
La CEDHBCS recibió un total de 21 observaciones, de las cuales ocho fueron solventadas y 13 se mantienen con estatus de solventación parcial.
El importe fincado fue de dos millones 440 mil 127.44 pesos de los cuales un millón 861 mil 848.38 pesos están pendientes de comprobación, es decir el 74.29 por ciento del presupuesto que se tomó como muestra para la auditoría.
Del recurso que no ha sido aclarado, 937 mil 65.29 pesos son observaciones del ejercicio de nómina y 916 mil 716.46 pesos en adquisiciones.
La ASEBCS resaltó en un apartado que no hubo justificación para que CEDHBCS no presentara en tiempo y forma los informes mensuales de febrero, julio y diciembre de 2023, aunque sí reconoce que es claro que se dieron situaciones extraordinarias, como la destitución del entonces ombudsman, Elías Camargo, que ocasionaron el retraso de la entrega de estos documentales; sin embargo, el órgano enfatiza que sigue siendo un incumplimiento institucional.
Por otra parte, en la revisión y fiscalización del Manual de Remuneraciones de los Servidores Públicos de la CEDHBCS y el pago de nómina de los aguinaldos, detectaron un exceso de 74 mil 60.76 pesos.
Aunque presentaron tabuladores de sueldos, la ASEBCS precisó que estos no cuentan con firmas de autorización ni datos debidamente formalizados que avalen las prestaciones mencionadas; tampoco se remitieron las nóminas físicas del pago de aguinaldos con la firma de beneficiarios.
Otro aspecto que destaca en la auditoría del organismo autónomo, es que se observó que en la nómina del pago de prestaciones de fin de año se erogó el concepto de despensa por la cantidad de tres mil 112 pesos por cada trabajador.
No obstante, esta prestación ya se había pagado en la primera y segunda quincena de diciembre de 2023. Sobre esto, el Manual de Remuneraciones no establece que el pago de despensa se otorgaría de forma doble en fin de año, lo que causa un hueco de 87 mil 136 pesos en el ejercicio de recursos.
Asimismo, la CEDHBCS otorgó una prestación por concepto de bono navideño, que tampoco aparece en el Manual de Remuneraciones, por la cantidad de 269 mil 223.62 pesos.
En otro apartado se expone la institución no remitió el cálculo del finiquito ni recibos de pago de cinco trabajadores: Ricardo Flores Higuera, Dulce Hernández Trasviña, Manuel de Jesús León Ceseña, Fernanda Sugey Pacheco Díaz y Rodrigo Piñeda Villedazveytia, que arrojan un monto sin justificación por 295 mil 930.63 pesos.
Además, se detectó el pago de un finiquito por 210 mil 714 pesos a nombre de Roberto Carlos Espinoza Lucero, quien trabajó en la CEDHBCS de mayo de 2019 a marzo del 2023.
De este caso en particular, la ASEBCS precisó en el dictamen que no se justifica el concepto de pago de indemnización de tres meses para Espinoza Lucero por 178 mil 670 pesos ni de antigüedad por 19 mil 232.25 pesos, ya que en un convenio de la instancia se revela que el fin de la relación laboral no fue por despido ni por discapacidad, sino por voluntad mutua.
En otros aspectos se detectó la contratación por Adjudicación Directa de Monserrat Alejandra Serramia para elaboración y creación de un sistema eficiente de seguimiento de expedientes y acuerdos.
Sin embargo, en la revisión de la Cuenta Pública 2023 la ASEBCS no localizó la adjudicación o compra en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.
En el contrato abierto se estableció un pago por 209 mil 248 pesos por este servicio, pero lo que se erogó al final fue un monto por 265 mil 638.36 pesos según facturas externas.
Además, la Auditoría enfatizó que el contrato abierto carece de la firma por parte de la autoridad competente de la CEDHBCS, el proveedor de dicho servicio no es local, sino de la Ciudad de México; y no se anexaron las cotizaciones que acrediten que se buscaron las mejores opciones en cuanto a precio, calidad y oportunidad, transparencia y honradez.
También hallaron otra contratación por adjudicación directa para la elaboración del logotipo de la Comisión Estatal por 46 mil 400 pesos.
Al igual que con el caso anterior, éste también se trató de un proveedor foráneo de la Ciudad de México; tampoco se acreditó que llevaron a cabo un concurso de licitación como lo marca la ley.
Por último, en la revisión de los estados de cuenta bancarios Banorte de enero a diciembre se observaron ocho movimientos cuya documentación comprobatoria y justificativa no fue localizada, que dan un monto por 90 mil 567.31 pesos.
En la contestación de las observaciones, la CEDHBCS argumentó en reiteradas ocasiones el no poder cumplir en tiempo y forma con la documentación requerida, esto debido a la toma ilegal de las instalaciones del organismo, hecho que se registró durante nueve meses en el 2024 y que ocasionó un rezago en las responsabilidades.
ITES SIN ACLARAR 1.1 MDP
La Universidad Tecnológica de La Paz, mejor conocida como “el Tec”, fue sometida a evaluación tomando un monto de 37 millones 79 mil 500.22 pesos para revisión.
Como resultado, la ASEBCS arrojó tres observaciones, de las cuales 19 fueron solventadas y 14 quedaron con solventación parcial, que dan un monto pendiente de aclaración de un millón 118 mil 814.75 pesos
Los directivos del Tec todavía deben aclarar el ejercicio de 243 mil 749.61 pesos en el manejo de su nómina y 875 mil 65.14 pesos en adquisiciones.
Uno de los aspectos que subrayó la ASEBCS a la universidad es que no remitió el acta firmada en donde se aprobó la modificación de su Presupuesto de Egresos del 2023, que pasó de 26 millones 358 mil 126 a 30 millones 57 mil 584 pesos.
Tampoco presentaron como evidencia la publicación del Presupuesto de Egresos modificado en su página de internet.
En algunos procesos faltó la autorización del Comité de Adquisiciones que cumpla con lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Gobierno del Estado, así como comprobantes fiscales digitales por compras por 88 mil pesos.
REPRUEBAN A LORETO
El Ayuntamiento de Loreto fue otro ente cuya cuenta pública del 2023 no fue aprobada por la XVII Legislatura; en ese año el municipio era gobernado por la ahora exalcaldesa, Paola Cota Davis.
La Auditoría Superior fincó 64 observaciones a este ejercicio fiscal, de las cuales dos fueron solventadas, 52 persisten con solventación parcial y 10 no fueron atendidas.
La ASEBCS tomó una muestra de 265 millones 583 mil 332 pesos, de los cuales están pendientes de aclaración 263 millones 569 mil 617 pesos, es decir, el 99.24 por ciento del universo sometido a evaluación.
Más de 57 millones de pesos sin justificación aparecen en el área de nómina, mientras que en adjudicaciones se detectaron más de 25.2 millones de pesos.
Por otra parte, la auditoría arroja una diferencia en la base de datos por 28.9 millones de pesos en ingresos.
En disciplina financiera el monto asciende a 121 millones de pesos sin comprobar, cantidad que no fue atendida en ninguna de las observaciones marcadas por la ASEBCS.
En las precisiones que el órgano fiscalizador hizo al Ayuntamiento de Loreto, evidenció que hay diferencias en los registros contables por hasta 22 millones de pesos en el padrón vehicular y por más de 50 millones de pesos en el inventario físico de Bienes Muebles.
Aunque la autoridad solicitó información para comprobar el saldo de las cuentas contables al 31 de diciembre de 2023, tampoco se presentó dicha documentación, quedando sin aclaración el uso de más de 90 millones de pesos en más de nueve cuentas del Gobierno Municipal.
Se detectaron también casos de adjudicación directa por más de 9.5 millones de pesos en arrendamiento de mobiliario, compra de insumos para reuniones, sonido para eventos, contratación de artistas y adquisición de vehículos.
En este sentido, en la revisión también se apreció un monto por 10.5 millones de pesos por conceptos de ayudas sociales, sin embargo, el Ayuntamiento de Loreto no presentó los documentos comprobatorios ni las pólizas de los registros contables que integran estos importes.
La ASEBCS informó que el Gobierno Municipal, que encabezó Paola Cota, estableció el límite establecido del porcentaje del crecimiento real y el crecimiento real del Producto Interno Bruto (PIB) por asignar 312.7 millones de pesos al Capítulo 1000 “Servicios Personales”, causando un posible detrimento a situación de Loreto por 66.2 millones de pesos.
