La Contraloría Municipal de La Paz y la Fiscalía Estatal Anticorrupción en Baja California Sur dieron carpetazo al “Caso Chayanne” durante la gira “Bailemos Otra Vez Tour 2024-2025”.
Elmer Figueroa Arce, conocido por su nombre artístico Chayanne, arrancó una gira denominada “Bailemos Otra Vez” por el mercado de espectáculos de América del Norte, incluyendo múltiples fechas confirmadas en México y Estados Unidos. En territorio mexicano, la gira incluyó importantes plazas como Puebla, Tijuana y Mexicali en Baja California, Michoacán y León (Guanajuato), principalmente durante el final de 2024 e inicios de 2025, incluyendo La Paz.
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Medios internacionales refieren que giras por Estados Unidos pudo alcanzar un coste de entre 400 y 550 mil dólares, algo así como entre 8 y 11 millones de pesos. La contratación del artista Chayanne por parte del Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur, para presentarse el 18 de febrero de 2025 en el Estadio Guaycura, en el marco del Carnaval La Paz 2025, tuvo un costo de 37 millones 572 mil 400 pesos.
Por otro lado, la cifra real de una contratación del artista Chayanne en México es difícil de establecer, sin embargo, hay dos contratos oficiales de estados más grandes y de mayor audiencia en el mismo periodo, de la misma gira y el mismo artista, lo cual evidenció que en La Paz inflaron el precio a través de un tercero para hacer negocio, en el que están involucrados funcionarios públicos, familiares y cercanos a la presidenta municipal.
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Uno de los casos de referencia de un contrato público, es la presentación del 29 de enero del 2025, 20 días a la presentación en la Capital de Baja California Sur, el artista formó parte del programa de la Feria Estatal de León 2025, cuya presentación tuvo un costo de por 1.27 millones de dólares.
Este contrato fue celebrado con Varr Producciones e incluye los honorarios del artista, las pólizas de seguros, los derechos de autor ante instituciones como la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), y la cobertura de todos los gastos de traslado del artista. Para hacer una comparación directa con la cifra de La Paz, es necesario convertir el costo de León a pesos mexicanos. Utilizando una tasa de cambio de 19.50 pesos por USD (considerando el periodo de contratación 2024-2025), el costo base de León asciende a aproximadamente 24 millones 765 mil pesos.
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El diferencial resultante entre la contratación de La Paz, de 37.5 MDP, y la de León, 24.7 MDP, es de aproximadamente 12 millones 807 mil 400 pesos más. Esto representa que el contrato de La Paz es más de un 51 por ciento superior al costo pagado por la Feria de León. Esta disparidad es notable, ya que León representa un mercado significativamente mayor (Feria Estatal) y el contrato allí ya cubría la mayoría de los gastos logísticos cruciales.
La gran diferencia en el honorario base, lleva a concluir que existe una alta probabilidad de que el precio del contrato en La Paz estuviera inflado o que incluyera comisiones para intermediarios excesivamente elevadas.
Como comparativa adicional, ZETA pudo acceder a un nuevo costo de la presentación de Chayanne, ahora en el estado de Michoacán, con una asistencia de más de 55 mil personas, cuya presentación se dio cuatro días después de La Paz, en el Estadio Morelos de Morelia, Michoacán, el 22 de febrero de 2025, como parte del Festival “Jalo por los Michis y Lomitos”.
De acuerdo a la respuesta obtenida mediante la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), confirma que el concierto brindado por Elmer Figueroa “Chayanne” costó ocho millones 550 mil 636.72 pesos ($8,550,636.72), siendo más de cuatro veces más caro en La Paz, es decir, 439 por ciento el valor de lo que costó en otro concierto, con el verdadero promotor del artista y sin intermediarios.
También hay una factura emitida por la propia empresa Modaclean al Gobierno de Tamaulipas para la gira de Chayanne, en una presentación el 25 de septiembre del 2025; el monto que cobró allá fue de 464 mil dólares a un precio de divisa por 20.6418 pesos al momento, dando como resultado nueve millones 515 mil 869.8 pesos, por lo que pareciera que en la sede de La Paz hicieron negocios con el Ayuntamiento, funcionarios y familiares, y lo pasaron por alto el contralor municipal y el fiscal Anticorrupción.
EN PALABRAS DEL CONTRALOR
En rueda de prensa, Pavel Castro Ríos, contralor municipal y también sobrino del gobernador del Estado, Víctor Manuel Castro Cosío, declaró que ya no dieron seguimiento; el asunto se cerró porque, según él, la contratación y el recurso ya “fue recuperado” o al menos “quedaron tablas”.
Por tanto, expresó que administrativamente ya se cerró, no hay nada que perseguir y muchas dudas sin aclarar.
“¿Cuánto costó Chayanne? Costó aproximadamente, en términos reales 2.3 millones de pesos, que era parte de las controversias que había, que es que no iba a tener costo para ciudadanía y demás; por eso es que se trajo, se cobró un boletaje y nos salió a final de cuentas lo que le llaman en el comercio comúnmente tablas. Salimos tablas en el tema, costando Chayanne 2.3 millones de pesos, que era la diferencia entre lo organizado y lo pagado, y ya se concluyó ese tema administrativamente”, expresó Pavel Castro.
Incluso la alcaldesa de La Paz, Milena Paola Quiroga Romero, señaló que fue una campaña de desprestigio en su contra por un tema que “hicieron de manera legal” y que dicha contratación fue con transparencia y sin corrupción.
Y es que este tema ha tachado la imagen de la servidora pública con una percepción ciudadana de “corrupta”.
“Creo que esa parte, como es del dominio público, se desestimó; públicamente por ahí lo informaron que se desestimó el caso, por no haber materia. Es parte de las lamentables campañas que se hacen para desinformar, desacreditando la imagen, obviamente, de su servidora”, dijo Paola Quiroga.
Pese a la evidencia presentada en la denuncia, los múltiples señalamientos de una contratación irregular, excesiva y que se prestaba para el pago de un intermediario, además del desvío de 18 millones de pesos de un préstamo de la Secretaría de Finanzas y con agravio al erario público, se ordenó la no acción penal.
El anticipo de 18 millones de pesos pagado a Modaclean S.A. de C.V. (empresa originaria de Tampico, Tamaulipas encargada de “traer” a Chayanne), provino de un préstamo otorgado por el Gobierno del Estado de Baja California Sur al Ayuntamiento de La Paz. El destino original de este préstamo era para cubrir una “deficiencia presupuestaria” urgente del municipio.
El Ayuntamiento pretendía subsanar algunas necesidades, entre otras cosas, el atraso del pago de pensiones adeudadas, que nunca llegó.
“En respuesta a su oficio número UEISP/60/2025, de fecha 12 de febrero de 2025, emitida dentro de la carpeta de investigación con Número Único de Caso LPZ/8686/2024/NUC, por el hecho que la ley señala como el delito de PECULADO, donde se pronuncia por la DETERMINACIÓN DEL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, me permito informar a usted que después de llevar a cabo una revisión a su determinación, habiendo analizado y valorado los argumentos, motivaciones y fundamentos legales que sustentan la determinación planteada, SE AUTORIZA EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL en los mismos términos señalados, por lo que deberá proceder a su inmediata notificación para los efectos legales correspondientes”, solicitó Lenin Emiliano Ortiz Amao, fiscal especializado en Materia de Combate a la Corrupción en Baja California Sur.
CREAN VACÍOS LEGALES
El préstamo estatal se usó para apartar fecha del artista, ya que la empresa supuestamente organizadora a nivel local, Baja Vibes Eventos & Producciones, no disponía de la suficiencia presupuestaria para cubrir el anticipo, fungiendo el Ayuntamiento como “prestamista” de una empresa privada insolvente para un evento comercial con fines de lucro. El Ayuntamiento no solo utilizó recursos públicos para una actividad privada, sino que transfirió el riesgo financiero de la promotora al erario público.
El desembolso de 18 millones de pesos para dar solvencia a un privado, representa un abuso de la función pública y una facilitación directa de la operación para la empresa privada Modaclean/Baja Vibes.
Un experto consultado en auditoría y gestión pública, dijo que “la contratación de empresas de servicios generales foráneas y no especializadas para manejar contratos millonarios de espectáculos, se considera un indicio de opacidad y riesgo de desvío de recursos, dado que se utiliza un intermediario que no aporta valor técnico o logístico al costo que se le asigna, y esto encarece los servicios de un intermediario.
La empresa Modaclean fue constituida en febrero del 2019; el objeto principal de la sociedad era el “mantenimiento y limpieza de industrias y oficinas, servicios de vigilancia y fabricación y comercialización de maquinaria y equipo de limpieza”, por lo tanto, no se dedicaba a los conciertos, y por ende, no contaba con los derechos de exclusividad de Chayanne, sólo era un intermediario.
“El comité de adquisiciones autorizó que Chayanne pudiera venir, como hay solamente un artista, es como traer a Ricky Martin o a otras personas, solamente se puede traer a un solo artista, que es el original; entonces, es el derecho de exclusividad y en esta exclusividad pues el comité de adquisiciones autorizó que viniera y se contrató de esta forma. Así que bueno, el procedimiento se llevó de manera correcta”, añadió Pavel Castro Ríos, contralor y sobrino del gobernador.
Primero, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Baja California Sur establece los mecanismos obligatorios para la contratación de servicios por parte de las entidades públicas, en este caso el Ayuntamiento de La Paz.
La dependencia responsable de la contratación fue la Dirección General de Inclusión y Diversidad, a través de la Dirección de Cultura, encargada de la planeación, organización y coordinación de la logística del Carnaval La Paz 2025, denominado “El Mundo Baila”.
El director Jehú Vázquez Sabín solicitó al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, la contratación por asignación directa de la empresa que traería al artista internacional conocido como “Chayanne”, mediante el oficio DGIyD/ADMON/107/24, aunque dicha empresa no es la representante directa.
Sin embargo, para el año 2024 cuando se hizo el procedimiento, la Ley limita la figura de la Asignación Directa a 2,351 veces el Valor Diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Considerando el valor de la UMA de 2024 (aproximadamente $108 pesos), el límite máximo para la adjudicación directa se establece en cerca de 254 mil pesos.
Pero el contrato de Chayanne, con un valor de 37 millones 572 mil 400 pesos, excede por mucho el máximo de asignación directa por más de 147 veces. Esta cifra elevada obliga a la autoridad municipal a llevar a cabo un proceso de Licitación Pública o, en su defecto, una Invitación a cuando menos Tres Personas, conforme a los principios de máxima publicidad y concurrencia establecidos por la ley, sobre todo en este caso que Modaclean no posee los derechos exclusivos del artista.
La contratación de Chayanne se hizo, de facto, mediante un proceso que violó los límites legales de la licitación pública. El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios aprobó la contratación, pero la aprobación de un órgano colegiado no subsana la inobservancia del procedimiento legal de licitación pública, que es obligatorio para contratos de este volumen.
La omisión de este procedimiento vital para llevar a cabo el contrato de manera transparente, facilitó el sobreprecio y la asignación discrecional a un intermediario, que es Baja Vibes y Modaclean, quienes no cuentan con los derechos exclusivos e inflaron los precios del artista en común acuerdo con funcionarios públicos del Ayuntamiento de La Paz a comparación de presentaciones del puertorriqueño en otros estados, en la misma gira y otras empresas.
El proceso contractual de la administración de Milena Quiroga expone responsabilidades tanto administrativas como penales. Pasar por alto la Ley de Adquisiciones en cuanto a los montos máximos para la adjudicación directa es una falta administrativa grave. En el ámbito penal, la evidencia del desvío de los 18 millones de pesos del préstamo estatal al concierto privado sustenta la investigación por posible Peculado y que sospechosamente la Fiscalía Anticorrupción desechó.
La defensa de la alcaldesa de que -supuestamente- la contratación fue aprobada por un órgano colegiado institucional y que el dinero fue recuperado, no elimina la responsabilidad. La aprobación política no revierte el incumplimiento de la norma de Licitación Pública, ni tampoco anula la comisión del Peculado, que se perfecciona con el desvío inicial del fondo a un fin distinto al legalmente establecido y que está debidamente acreditado en la denuncia ciudadana LPZ/8686/2024/NUC.
