Poco a poco ha fluido más información de los contratos entregados por parte del Ayuntamiento de La Paz de Milena Quiroga Romero a empresas relacionadas con el Cártel de Sinaloa (CDS) y la facción de La Chapiza a través del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Oomsapas).
Milena Quiroga culpó a su socio Mario Ramón Gálvez Gámez, antiguo director del Organismo desde el 2018 y ratificado por ella en el 2021, de la participación en el gobierno local de las empresas Sumilab, S.A. de C.V. y Favelab, S.A. de C.V. sancionadas por el Gobierno de Estados Unidos por suministrar precursores químicos para la elaboración de fentanilo.
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La alcaldesa de La Paz se deslindó del Cártel. “¿Si nosotros tenemos vínculos? Pues no, para nada; esta empresa entiendo que antes tenía un nombre que era Sumilab y luego cambió el nombre a Favelab, o sea, la misma empresa, pero usaba un nombre antes y un nombre después, y de acuerdo a los registros que se tienen en el Organismo Operador de agua, empezó a proveer los servicios en el 2019, me parece, 2018. Creo que nosotros hemos ido muy claros que no vamos a permitir la corrupción en la administración, no vamos a ocultar nada”, afirmó Milena Quiroga.
Sin embargo, de 305 presuntos contratos con relación con dichas empresas, 119 son de Sumilab, los cuales están ocultos en el Oomsapas, pues el hipervínculo de los contratos fue escondido en la dependencia, y sólo mandan a un http://. y una página en blanco.
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Lo cierto es que el socio de la presidenta municipal en Acora BCS A.C., Mario Gálvez fue quien firmó las solicitudes de adquisición de diversos materiales de laboratorio a las empresas con capital sinaloense; en la mayoría de los casos se hizo por adjudicación directa, aun cuando en contratos en disputa con otras empresas fueron beneficiadas a pesar de manejar precios más altos.
Según Zulema Guadalupe Lazos Ramírez, actual directora del Oomsapas La Paz, hay otras empresas relacionadas con el Cártel de Sinaloa en su administración y que están siendo revisadas.
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“No solamente es Sumilab y Favelab. Nosotros nos enteramos de estas empresas que estaban vetadas por Estados Unidos, y en cuanto nosotros nos enteramos nos pusimos a investigar cuáles eran las empresas y si estaban relacionadas con los proveedores que nosotros tenemos; y sí, tenemos proveedores desde 2019 a este año, y los cuales ya no se les van a realizar más compras hasta no esclarecer este tema”, supuso Zulema Lazos Ramírez.
La directora del Organismo reconoció que ellos no revisan si las empresas tienen nexos con el crimen organizado, ni quiénes son los socios y mucho menos si tienen un historial criminal; simplemente si cuentan con su registro tributario y facturan, es más que suficiente para ser proveedor.
Una vez que fueron detectadas varias empresas relacionadas con el Cártel de Sinaloa, giraron oficios a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Fiscalía General de la República (FGR) para conocer el estatus de su padrón de proveedores, saber qué tan infiltrada está la institución.
“Las compras que se realizaron son dispersas y son material de laboratorio esencialmente, como puede ser cristalería de laboratorio, kits de laboratorios, guantes, mascarillas, cubrebocas, etcétera. Nosotros mandamos un oficio de solicitud preguntando sobre estas dos empresas, primeramente a Hacienda y a la Fiscalía, pero también mandamos todo nuestro padrón de proveedores para saber en qué situación estaba cada uno; entonces, hasta ahorita es lo que hemos estado haciendo”, sostuvo Lazos.
Ante los contratos por adjudicación directa, la presidenta municipal, Milena Quiroga se dijo sorprendida por la forma en que se hicieron las contrataciones; le cuestionaron el porqué de adquirir bienes y servicios más caros con estas empresas ligadas a un cártel de la droga, a lo que respondió:
“Siempre se tiene que cumplir con la Ley de Adquisiciones, es parte de la responsabilidad y, por supuesto, que se está reforzando la revisión de las empresas que participan en las licitaciones públicas de las instituciones para poder aplicar algún contrato; siempre se ha hecho, pero ahora con esto, pues obviamente vamos a reforzar y por eso es que se mandó este oficio por parte de las instituciones, tanto del Ayuntamiento como del Organismo, para que podamos tener la información”, afirmó Quiroga.
DESFALCO EN SAPA POR 21 MDP
Ahora se confirmó el desfalco por un monto aproximado de 21 millones de pesos y que estaría relacionado con el despido del exdirector de Administración y Finanzas del OOMSAPAS, Jonathan Jahir Acosta Gámez, sobre quien, en una auditoría al cierre del 2024, en diciembre, detectaron faltantes.
Además, de acuerdo con información extraoficial recibida por ZETA, Acosta Gámez realizó transferencias a cuentas personales y empresas del estado de Sinaloa.
“En relación con la denuncia presentada por un faltante de recursos económicos detectado en el Organismo Operador, me permito informar lo siguiente: en el mes de diciembre de 2024, cercano al cierre anual, se detectó un faltante de recursos en el Sistema de Alcantarillado, Agua Potable y Saneamiento; posteriormente, y tras realizar una revisión detallada, se pudo cuantificar dicho faltante por un monto aproximado de 21 millones de pesos”, consideró Zulema Lazos.
En el desfalco a las arcas públicas por distraer al menos 21 millones de pesos, y lo que se sabe extraoficialmente, que la actual directora y más funcionarios públicos del Oomsapas La Paz han utilizado recursos de otras partidas para tratar de llenar más huecos financieros del Organismo, lo que ha llevado a que funcionarios como Armando Ruiz Andrade, jefe del departamento de contabilidad, Evelin Rojas Gómez de presupuesto y la propia Zulema Guadalupe Lazos Ramírez, directora general, estén bajo investigación.
Pero quedó muy claro que en el Ayuntamiento de La Paz y en el propio Oomsapas no revisan las empresas proveedoras, mucho menos a los funcionarios que contratan.
Y es que Jonathan Jahir Acosta Gámez, vértice en este caso de corrupción (que entró el 5 de julio del 2024 y fue despedido en diciembre de ese año), al mismo tiempo era asesor administrativo de recaudación de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado en el municipio de Mazatlán, Sinaloa; dependencia homóloga al Oomsapas La Paz.
Supuestamente el fiscal Anticorrupción, Lenin Emiliano Ortiz Amao librará órdenes de aprehensión contra los implicados, incluso las mismas autoridades desconocen dónde se encuentre Acosta Gámez; sin embargo, ni siquiera se esconde: no huyó, presta sus servicios en el Ayuntamiento de Mazatlán.
“Se llevó a cabo una revisión contable y financiera que proporcionó la información suficiente y necesaria para interponer en mi calidad de representante legal del Organismo Operador, y bajo mi propia responsabilidad y convicción personal, una denuncia penal ante la Fiscalía Anticorrupción Estatal en el mes de enero; estamos hablando de este año, en contra de quienes o quien resulte responsable por la probable comisión de delitos relacionados con los hechos detectados. Asimismo, en el mes de marzo se presentó una ampliación de la denuncia, en virtud de que la continuidad de la revisión contable, arrojó nuevos elementos de investigación que debían ser incorporados al expediente”, dijo Zulema Lazos.
Desde enero sabe el Fiscal Anticorrupción del caso, es un tema similar al ocurrido en el Instituto de Vivienda (INVI) del estado, donde ya se encuentra tras las rejas en contador Javier Manjarrez, por el “mal manejo” de una cuenta tripartita, en la que el administrador y directora del INVI debían consentir cualquier movimiento.
En el Oomsapas es igual: al menos tres firmas y el portador del token debían aprobar los gastos, pero en este caso todos están visibles y nadie ha sido detenido. El Partido Acción Nacional (PAN) acusó que la Fiscalía Anticorrupción “aplica la justicia de manera selectiva” y sólo se actúa bajo “intereses políticos”.
“El Organismo Operador ha mantenido colaboración permanente con las autoridades competentes, atendiendo oportunamente todos los requerimientos de información y acudiendo a las convocatorias emitidas por la Fiscalía, con el propósito de coadyuvar plenamente en el desarrollo de la investigación. De igual manera, se inició la apertura de carpetas de investigación administrativa para determinar posibles faltas cometidas por los servidores públicos que pudieran estar involucrados en los hechos”, finalizó la directora del Organismo.
FUNCIONARIOS DE LA PAZ “ERAN MAÑA”
“Teníamos miedo; como comerciantes sólo podíamos protegernos y pagar la cuota, incluso hicieron un operativo bitácora, y les dijimos a los policías que no estaban cobrando piso y nos ignoraron, hasta que quisieron actuar de manera política para atacar a contrincantes. Aun así, siguen cobrando los de Comercio y Protección Civil Municipal”, denunció uno de los comerciantes de la zona dorada de La Paz.
Pese a las “actuaciones” contra la corrupción en el Ayuntamiento de La Paz, sigue habiendo cobro de piso a los comerciantes, especialmente a los puestos semifijos, ambulantes, bares y centros nocturnos.
Y es que, según los comerciantes de la Zona Centro de La Paz, los mismos funcionarios públicos se hacen pasar como “miembros de la maña”, quienes van a cobrar cuotas para sus jefes, algunos funcionarios públicos.
“Actualmente tenemos más de 21 carpetas abiertas por casos de corrupción; 13 de ellas corresponden a la investigación de las licencias apócrifas de alcohol. Tenemos el resto de carpetas de investigación por casos de corrupción, fundamentalmente por dos delitos o dos faltas grave: que es el abuso de atribuciones y el delito, la falta del cohecho; y en este sentido destacan algunas redes de corrupción que estaban ligadas en trámites entre sí, como lo son Protección Civil, obras públicas y comercio en el que se detenían trámites, se pedían favores, dinero a cambio para poder destrabar estos trámites”, reconoció el contralor municipal de La Paz, Pavel Castro Ríos.
Supuestamente desarticularon una red de corrupción de servidores públicos, que se hacían pasar por miembros del crimen organizado para obtener beneficios, se aprovecharon de la presencia de verdaderos delincuentes que se apoderaron de la venta de alcohol, y cobraron horas extra, permisos para vender bebidas alcohólicas y hasta licencias de funcionamiento.
“13 carpetas de investigación por licencias de funcionamiento, que era una red de corrupción de más de ocho personas que estaban involucradas desde manipulación de sistema, desde quienes traían a los clientes; es decir, hablaban con los contribuyentes, les ofrecían esta preventa y manipulaban sin que en el Consejo a Giros Restringidos se hubiera aprobado o sin que hubiera entrado recurso a las haciendas municipales”, comentó Castro Ríos.
También en el Oomsapas, los mismos funcionarios “secuestraban” a los usuarios a cambio de entregar trámites como son los estudios de factibilidad y también se dio aviso a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
“Al igual en SAPA, hubo tres casos, tres personas que estaban monopolizando los trámites y hacían rehenes, de alguna manera a la gente, para poder liberar esos trámites o agilizarlos por algo a cambio; esto se conoce como cohecho”, indicó el contralor municipal.
Al unísono, funcionarios del Ayuntamiento de La Paz de Milena Quiroga vendieron y revendieron fosas de panteones, entregando registros y recibos “oficiales” y a la hora de hacer uso de su servicio, estaban ocupadas.
Otro caso es el de Catastro Municipal, donde los trabajadores modificaron las claves catastrales, primero para adueñarse de terrenos, además de manipular información para reducir los impuestos. Algunos de estos empleados han sido dados de baja definitiva, otros de manera temporal y con una reducción salarial del 70 por ciento, pero el problema sigue.
“Tenemos otro caso; por ejemplo, en Panteones, donde había ventas ilegales de fosas, en el que se vendían dobles o triples fosas a diferentes personas y esas contribuciones no entraban a las arcas del Ayuntamiento de La Paz. Esos casos también en Catastro, encontramos un caso del ISABI; es decir, manipularon los registros, los valores catastrales, para pagar cantidades menores a las que la ley establecía”, concluyó el contralor.
