El Estado que prometió protegerla terminó abandonándola. A tres años de su asesinato, el silencio sobre los autores intelectuales es una afrenta a la memoria, al periodismo libre y a la dignidad ciudadana. El 23 de enero de 2022, frente a su domicilio en Tijuana, fue asesinada la periodista Lourdes Maldonado. No fue una muerte casual. Fue una ejecución anunciada, denunciada y advertida públicamente. Lourdes había acudido meses antes a la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, para pedir protección. Lo hizo con voz firme, con rostro sereno, pero con el peso de quien sabe que su vida corre peligro.
“Temo por mi vida”, dijo Lourdes frente al jefe del Estado mexicano. No en privado, no en una carta, no en una llamada, lo dijo en público, en vivo, en cadena nacional. Y lo dijo con nombre y apellido: estaba en litigio contra la televisora PSN, propiedad del entonces gobernador Jaime Bonilla. Lourdes ganó ese juicio laboral; pero el Estado que debía “protegerla” la abandonó. Y días después, fue asesinada. Ese momento en Palacio Nacional debería haber sido suficiente para activar todos los protocolos de protección. Pero no lo fue. El Estado falló. Y esa falla no es sólo institucional; es ética, histórica y política. Los tres autores materiales del crimen —Julián Guillermo Castro Garzón, Erick Eduardo Contreras Ramos y Kevin Alberto Villarino Hernández— fueron detenidos y sentenciados. Confesaron haber recibido dinero para ejecutar el asesinato.
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Pero hasta hoy, el gobierno no ha revelado quién les pagó. No hay nombres, no hay cargos, no hay proceso judicial contra los autores intelectuales.
¿Quién ordenó el asesinato de Lourdes Maldonado? ¿Quién financió el crimen? ¿Quién se benefició de su silencio forzado?
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La respuesta sigue oculta. Y esa opacidad es una forma de complicidad. Porque cuando el Estado calla, encubre. Cuando el Estado promete protección y entrega abandono, traiciona.
Y cuando el Estado permite que el asesinato de una periodista quede sin esclarecer, legitima la violencia contra la verdad. Pero no es solo el Gobierno Federal quien carga con esta responsabilidad.
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El gobierno de Marina del Pilar Avila Olmeda ha sido cómplice por omisión y por acción. El grupo parlamentario de Morena, con el respaldo de la gobernadora, impulsó una reforma a la Ley Orgánica de la fiscalía general del Estado para reducir el requisito de experiencia de 10 a 5 años. ¿El objetivo? Imponer como Fiscal a Ricardo Iván Carpio Sánchez, quien había sido funcionario ministerial durante el gobierno panista de Kiko Vega.
¿Qué tipo de justicia puede garantizar un fiscal impuesto por intereses políticos y reciclado de administraciones que también fallaron a los periodistas?
Desde esta trinchera ética y territorial, exigimos justicia. No sólo para Lourdes, sino para cada periodista que ha sido silenciado por denunciar, por investigar, por resistir. Lourdes no murió por accidente. Murió por confiar. Murió por creer que el Estado la escucharía. Murió por ejercer su derecho a la palabra. Tijuana no olvida. El gremio no olvida. La comunidad que Lourdes defendió con su voz tampoco olvida. Y quienes la conocimos, quienes compartimos con ella la esperanza de un periodismo digno, no vamos a permitir que su caso se archive como uno más.
El asesinato de Lourdes es también un espejo de lo que somos como país. Si no hay justicia para ella, ¿qué garantías tiene cualquier periodista, cualquier mujer, cualquier trabajador que se atreva a enfrentar al poder? No basta con condenar a los ejecutores. No basta con discursos de condolencia. No basta con promesas de protección. Lo que se necesita es voluntad política, autonomía judicial y valentía institucional para llegar al fondo. Porque la justicia no es un favor. Es una deuda. Y Lourdes Maldonado la merece.
El autor es presidente del Centro de Estudios y Proyectos para la Frontera Norte “Ing. Heberto Castillo Martínez” A.C.
Correo electrónico: [email protected]
