El 24 de abril de 2025, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda presentó al Congreso del Estado una iniciativa para reformar el artículo 3 de la Ley de Ingresos. Propuso extinguir el Fideicomiso Empresarial de Baja California (FIDEM) y redirigir el 1.5% del impuesto sobre remuneraciones (más de 180 millones de pesos anuales) a infraestructura escolar. Justificó la medida con una afirmación contundente: “Los recursos públicos son públicos y tienen que ser destinados a lo que más se requiere en Baja California”. El documento reconocía que el fideicomiso había cumplido su propósito original y que su administración por particulares contravenía el principio constitucional de destino del gasto público.
Sin embargo, la iniciativa quedó congelada, y en un giro institucional que pocos se atrevieron a cuestionar, el fideicomiso no fue eliminado. Fue reformulado. El 4 de agosto de 2025, el Comité Técnico aprobó nuevas reglas de operación mediante el acuerdo SEI/230524/12, y el 3 de octubre se publicaron en el Periódico Oficial del Estado. El fideicomiso fue absorbido por nuevas reglas, blindado jurídicamente, sin que se resolviera el fondo del problema.
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Las nuevas reglas establecen tres modalidades de apoyo: fortalecimiento de MIPYMES, promoción de inversión y proyectos estratégicos. Pero muchas de estas líneas de acción (infraestructura urbana, seguridad, educación) son funciones propias del gobierno. ¿Por qué canalizar recursos fiscales a través de un fideicomiso para ejecutar políticas públicas que ya tienen presupuesto asignado? La contradicción es profunda.
Si el Ejecutivo reconoció que el fideicomiso violaba el principio de destino público, ¿por qué lo mantuvo? Si la urgencia era atender el rezago educativo, ¿cómo se solventarán ahora esas cifras? ¿Con una nueva fracción del FIDEM II? ¿O con diverso recurso público para infraestructura educativa? Y si el fideicomiso ya había cumplido su fin, ¿por qué sigue operando bajo nuevas reglas? ¿Quién o quiénes avalan esta ilegalidad?
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Mientras tanto, Baja California recaudará más de 12 mil millones de pesos anuales en este ejercicio 2025 por concepto de ISRTP. Pero el debate empresarial se ha limitado solo al 1.5% administrado por el fideicomiso. ¿No deberíamos exigir que el 100% de la recaudación del impuesto retenido a los patrones, se traduzca en inversión directa para el desarrollo económico de todo Baja California?
El FIDEM fue concebido como un instrumento público-privado para canalizar una fracción del impuesto sobre nómina hacia proyectos productivos. En teoría, debía traducirse en beneficios tangibles para el empresariado. Sin embargo, el impacto real es difícil de verificar.
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Aunque se han financiado iniciativas loables, como aceleradoras de negocios, proyectos educativos, sociales y campañas de promoción, no existe un sistema público de evaluación que permita conocer cuántas empresas han sido beneficiadas, ni qué resultados económicos han generado para el estado, ni cómo se conectan con los indicadores de desarrollo del gobierno.
Además, el acceso al fideicomiso está restringido a organismos legalmente constituidos, lo que excluye a una parte significativa del empresariado bajacaliforniano que no forma parte de estructuras institucionalizadas. Esto ha generado inquietudes sobre una posible concentración en ciertos grupos, sin mecanismos claros de inclusión, ni rendición de cuentas vinculadas a resultados reales.
La falta de representatividad también merece atención. Si el Comité Técnico está controlado por el Estado, ¿quiénes son los empresarios que participan en la validación y autorización de los proyectos? Aunque se afirme que existen reglas y criterios técnicos, es evidente que hay márgenes de discrecionalidad. Si hablamos de recurso público, esta discrecionalidad vulnera el principio de transparencia previsto en el artículo 134 constitucional, que exige eficiencia, honradez y rendición de cuentas en el manejo y asignación del gasto público.
Queremos que el gobierno evolucione, pero también es urgente que las organizaciones empresariales que participan en estos procesos fortalezcan su representatividad. Hoy, las estructuras que deciden sobre el destino de estos recursos están lejos de reflejar la pluralidad del empresariado de Baja California.
La gobernadora, en ese punto, tenía razón: los recursos públicos deben ser públicos. Pero si esa lógica se abandona por conveniencia, entonces el fideicomiso no es una solución. Es una simulación. Si los empresarios desean impulsar proyectos desde sus organizaciones, se vale solicitar apoyo como cualquier programa de gobierno. Lo que resulta cuestionable es mantener un fideicomiso que restringe la participación plural del sector, mientras se evita cuestionar en qué se gastan los más de 12 mil millones que se aporta por los patrones cada año, y qué tan efectivo es su uso en el desarrollo económico del estado.
La corresponsabilidad no se decreta. Se construye. Y hoy, más que nunca, Baja California necesita que gobierno y empresarios dejen de simular y empiecen a transformar.
Guillermo E. Rivera Millán es director general del despacho De la Peña y Rivera S.C. Fundador de Justicia que Transforma México A.C.
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