La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó, el 8 de octubre de 2025, que el artículo transitorio que incluía el principio de retroactividad de la Ley de Amparo, era “totalmente legal” y que la mayoría de los legisladores estaban de acuerdo en corregirlo.
“Creo que lo importante la mayoría de los senadores y diputados que no quedó claro el artículo de acuerdo que lo platicamos con el ministro [Arturo Fernando] Zaldívar [Lelo de Larrea], hay una parte en las leyes procesales”, comentó la titular del Poder Ejecutivo Federal, durante la conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde el Salón Tesorería, en el Palacio Nacional.
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“Quiere decir que regula el proceso en un juicio, hay jurisprudencia en la [Suprema] Corte [de Justicia de la Nación] que ser aprobando leyes y aunque venga un juicio desde antes, se hacen a partir de la nueva ley parece lo que hizo establecer los senadores en este transitorio que es totalmente legal que son los tiempos de los procesos”, explicó la mandataria nacional.
La presidenta confió en que en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se corrigiera la redacción confusa en el transitorio de la Ley de Amparo, a fin de evitar cualquier interpretación sobre una pretendida intención de aplicación retroactiva. Señaló que desde el Poder Ejecutivo Federal se sugirió una nueva redacción de ese artículo, que fuera menos confusa.
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Sheinbaum Pardo dijo que había jurisprudencia, según la cual cuando había cambios en las etapas de cada juicio, cuando era aprobada, se mantenía la ley vigente en la etapa en que se encontrara cada proceso. Sin embargo, en las sucesivas etapas ya era aplicable la reforma legal.
La mandataria nacional puntualizó que había dos maneras de corregir esta redacción confusa: mediante una fe de erratas del Senado o que los diputados federales pudieran modificar la redacción y devolver la iniciativa a la Cámara Alta del Congreso de la Unión. Se optó por esta última alternativa, afirmó.
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El mismo día, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) exigió al Congreso de la Unión corregir la retroactividad en la reforma de Ley de Amparo, porque de lo contrario, según advirtió, México enviaría una señal negativa a inversionistas nacionales y extranjeros.
“De aprobarse esta reforma sin correcciones de fondo, México enviaría una señal negativa a inversionistas nacionales y extranjeros. La confianza en las instituciones y la certidumbre legal son condiciones indispensables para atraer capital, generar empleo y mantener la estabilidad económica”, manifestó, en un comunicado, la COPARMEX.
El sindicato patronal añadió que un debilitamiento del marco jurídico mandaría un mensaje de desconfianza internacional, que podría complicar las negociaciones y revisiones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), afectando la posición de México frente a sus principales socios comerciales.
“Desde Confederación Patronal de la República Mexicana demandamos respetuosamente a las y los Diputados Federales revisar con responsabilidad la reforma a la Ley de Amparo aprobada en el Senado, pues su contenido representa un grave retroceso en materia de justicia constitucional y vulnera la defensa de los derechos de los ciudadanos y de las empresas en México”, señaló la COPARMEX.
El sindicato patronal explicó que el amparo era un instrumento que había protegido la libertad, la propiedad y la seguridad jurídica de millones de personas, siendo un pilar esencial del Estado de derecho, así como una garantía para la vida democrática y económica de la nación.
La Confederación Patronal de la República Mexicana consideró que modificarlo sin un análisis técnico, incluyente y responsable, ponía en riesgo su eficacia como herramienta de equilibrio entre la autoridad y la sociedad.
“Reconocemos que la reforma contempla sanciones para las autoridades que incumplan sentencias y la incorporación de elementos de colectividad en el interés legítimo. Sin embargo, los riesgos persisten, ya que la suspensión del acto reclamado continúa siendo rígida”, subrayó la COPARMEX.
El sindicato patronal agregó que en materia fiscal y de bloqueo de cuentas bancarias, se limitaba este mecanismo de salvaguarda, afectando la operación de miles de empresas. Además, indicó que los créditos fiscales firmes y prescritos serían prácticamente imposibles de impugnar.
“Nos inquieta especialmente la incorporación de un artículo transitorio que permite la aplicación retroactiva de la reforma, afectando juicios que se encuentran en trámite. Este cambio vulnera la certeza jurídica y rompe con principios constitucionales básicos, entre ellos el artículo 14 constitucional”, argumentó la Confederación Patronal de la República Mexicana.
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