La transición al modelo IMSS-Bienestar en Baja California, fue presentada como una estrategia para fortalecer el sistema de salud. Pero detrás del discurso oficial, miles de trabajadores fueron desplazados sin certeza jurídica, sin notificación formal, sin respeto a sus derechos adquiridos y sin respaldo sindical. Lo que se prometió como una mejora operativa se ha convertido en una crisis institucional que amenaza no sólo el patrimonio laboral de quienes sostienen el sistema, sino también la calidad de la atención médica que recibe la ciudadanía.
El 30 de junio de 2025, un grupo de trabajadores presentó un escrito formal invocando el artículo octavo constitucional, solicitando claridad sobre su situación laboral. La respuesta institucional del secretario de Salud, José Adrián Medina Amarillas, llegó hasta el 6 de octubre. En lugar de ofrecer certeza, anexó una circular genérica sin firma de recibido, sin responsable administrativo, sin domicilio físico y sin reconocimiento de sustitución patronal. En ella se instruye acudir al departamento de personal de IMSS-Bienestar, sin precisar quién atiende, bajo qué régimen ni qué derechos conservan.
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Lo más ofensivo es que la circular excluye únicamente a las unidades administrativas de oficinas centrales, jurisdicciones sanitarias, laboratorio estatal y la Comisión de Riesgos Sanitarios. ¿Cuántos trabajadores son esos? ¿Para qué sirve entonces ISESALUD y la Secretaría de Salud del Estado si su personal operativo fue transferido sin garantías? Esta omisión no es técnica: es política, jurídica y profundamente humana.
La falta de certeza jurídica no sólo afecta a los trabajadores, también compromete la atención médica y la capacidad del Estado para asumir responsabilidades. Cuando surjan controversias por presunta mala práctica o por daños patrimoniales, será jurídicamente complejo determinar quién responde si no hay claridad sobre el patrón, el régimen laboral y administrativo, las funciones asignadas ni el órgano de control competente. Esta indefinición institucional genera un vacío legal que pone en riesgo tanto la defensa de los trabajadores como la protección de los pacientes y sus familias.
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En materia de competencia, existen criterios judiciales locales que han establecido que los conflictos laborales entre organismos públicos descentralizados como ISESALUD y sus trabajadores deben ser conocidos por el Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California. Sin embargo, ante la supuesta transferencia de funciones de ISESALUD al IMSS-Bienestar —organismo descentralizado de carácter federal—, podrían generarse nuevos debates sobre competencia judicial. Esto abre la posibilidad de que los asuntos o conflictos laborales se canalicen hacia juntas federales, tribunales laborales federales o incluso al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje con sede en Ciudad de México. Esa dispersión procesal representa un riesgo real: dilata los procedimientos, encarece las defensas y debilita la capacidad de los trabajadores para exigir justicia en tiempo y forma.
Por otro lado, cuando se plantea una sustitución patronal, no basta con asumirla de facto. Deben cumplirse formalidades jurídicas claras: reconocimiento expreso, notificación individual, registro ante la autoridad competente y respeto a los derechos adquiridos. Los trabajadores no participan en la decisión de sustituir al patrón, pero sí tienen derecho a exigir certeza sobre quién los emplea, bajo qué régimen y con qué garantías. Hasta ahora, IMSS-Bienestar no ha negado la relación laboral, pero tampoco ha formalizado su carácter como patrón sustituto; ya existen casos donde se está negando a reconocer años de antigüedad y pago de prestaciones laborales. Esa omisión institucional genera incertidumbre jurídica, violación de derechos y vulnerabilidad operativa.
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Además, esta indefinición no sólo afecta el presente, sino que compromete el futuro. En cualquier escenario de responsabilidad —sea por negligencia, daño, omisión o conflicto— la ausencia de claridad sobre el vínculo laboral y administrativo, las funciones específicas y el marco normativo aplicable dificultará la defensa jurídica de los trabajadores y la capacidad del Estado para responder con eficacia.
Los sindicatos han guardado silencio. No han exigido protocolos de transición, ni han defendido los derechos adquiridos de sus agremiados. Algunos incluso han sido cómplices de la omisión. La fragmentación sindical ha generado discriminación laboral, desgaste emocional e indefensión colectiva.
La ciudadanía debe saber que esta crisis no sólo afecta a los trabajadores. También compromete la calidad del sistema de salud. La federalización del sistema de salud se formalizó en papel, pero no en derechos. Hoy, la omisión jurídica se ha convertido en una amenaza estructural.
Es momento de despertar, exigir claridad y defender los derechos laborales y de seguridad social antes de que el tiempo, la burocracia, la falta de presupuesto y la negligencia institucional los borren del mapa jurídico. Porque la salud no se construye sobre la indefensión. Y la dignidad laboral no puede ser una víctima más del modelo IMSS-Bienestar.
Guillermo E. Rivera Millán es director general del despacho De la Peña y Rivera S.C.
Fundador de Justicia que Transforma México A.C.
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