La XVII Legislatura del Congreso del Estado votó por la no aprobación de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2023 del Instituto Sudcaliforniano del Deporte (INSUDE) y del Instituto de Vivienda (INVI), esto al detectar diversas irregularidades que arrojan montos sin comprobación por más de 150 millones de pesos en estas dependencias el Gobierno de Baja California Sur.
La Auditoría Superior del Estado de Baja California Sur (ASEBCS), al igual que en la revisión de cuentas públicas anteriores, informó que los entes fiscalizados no presentaron la información del manejo de sus recursos.
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Lo anterior en conformidad con los títulos tercero y cuarto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.
Ante esta situación, el Congreso del Estado instruyó a los directivos del INVI y del INSUDE que realicen las acciones y medidas necesarias en las áreas internas encargadas de la administración, manejo y ejercicio de los recursos públicos.
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Esto con el objetivo de que cumplan a cabalidad con cada una de las recomendaciones realizadas por la ASEBCS.
Tras solicitar al INVI e INSUDE que no reincidan en la falta de comprobación de recursos ante la Auditoría, el Congreso del Estado pidió al órgano fiscalizador que presente las denuncias penales y administrativas correspondientes.
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También solicitaron a la ASEBCS que tramité el procedimiento de investigación de faltas administrativas para deslindar responsabilidades por las observaciones no solventadas y/o atendidas en cada auditoría.
MÁS DE 111 MDP SIN COMPROBACIÓN EN INSUDE
El INSUDE tuvo 72 observaciones en el ejercicio de recursos en 2023, de las cuales quedaron en estatus de solventación parcial un total de 36.
De los 142.9 millones de pesos fiscalizados, el 77.69 por ciento no fue comprobado satisfactoriamente, es decir, alrededor 111 millones de pesos.
El órgano fiscalizador expuso en el dictamen que el área de Egresos concentró el mayor número de observaciones, con 15: dos en nómina, que dan un monto de 26.7 millones de pesos; y 13 en adquisiciones, que son 41.4 mdp; que en total son 68.2 millones de pesos sin aclaración en este rubro.
La auditoría detectó también una diferencia de 50.1 millones de pesos en montos pagados por concepto de “ayuda”, esto entre lo publicado por el INSUDE y el Estado de Actividades.
Se observó en el documentó una variación de 27.5 millones de pesos en el Estado Analítico de Ingresos y la relación de comprobantes fiscales de ingresos, que tampoco tuvo comprobación por parte de autoridades del INSUDE.
Continuando con la revisión del Estado Analítico de Ingresos y la base de datos de la recaudación, el instituto presenta 152.3 millones de pesos de diferencia que no tienen, hasta el momento, una explicación comprobable de su uso.
“Se solicitó los documentos que aclaren, comprueben y justifiquen la diferencia entre estos montos, pero el INSUDE no cumplió satisfactoriamente”, indicó la ASEBCS en la auditoría.
Otro aspecto que rebotó en la fiscalización de la Cuenta Pública 2023, es el pago por 693 mil pesos en combustible, lubricantes y aditivos que se hizo mediante proceso de contratación por licitación pública, sin embargo, las bitácoras no contienen nombre y firma de los recibido, así como los datos del vehículo.
El INSUDE realizó diversas contrataciones de servicios por medio de adjudicación directa, en contra de lo que marca la ley, en donde se destacan los siguientes aspectos:
* Pago por 2.7 millones de pesos en servicios de alimentación a Servicios de Alientos El Pato S. de R.L. de C.V.
* 8.4 millones de pesos en adquisición de servicios de reserva y compra de pasajes aéreos y servicios de hospedaje.
* Un millón de pesos por prestación de servicios de seguridad y vigilancia, pagados al l XVII Ayuntamiento de La Paz.
* 848 mil pesos en arena blanca ultra fina.
* 577 mil por servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación.
En este sentido, cuando se revisó el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en el importe devengado y los gastos reflejados en el Estado de actividad también detectaron una diferencia por 28.3 millones de pesos sin comprobación.
Otro punto subrayado en la auditoría es que el INSUDE amplió en 13.4 millones de pesos la partida presupuestaria del Capítulo 1000 “Servicios Personales”, cuando la ley sólo les permite gastar 44.5 millones de pesos en este rubro.
El INSUDE no comprobó ni justificó las causas por las que excedió el monto pagado con respecto al límite permitido en cumplimiento con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Baja California Sur.
Observaron variación de 21.1 millones de pesos en los gastos generados y los ingresos recaudados, sin que comprobaran en qué se utilizó la recaudación no devengada.
MÁS DE 160 OBRAS SIN ACLARACIÓN EN EL INVI
El INVI nuevamente está bajo el ojo público tras la revisión de la Cuenta Pública 2023, ya que la ASEBCS describió diversas observaciones en las que esta instancia incumplió en la entrega de documentación que compruebe que 168 obras se ejecutaron conforme al marco legal vigente.
Se trata de 34 viviendas progresivas y 134 recamaras con baño incluyente, que no cuentan con la información que demuestre que fueron autorizadas para construcción y ejecución en distintos municipios de Baja California Sur.
Tampoco remitieron estudios de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), ni la licencia de construcción, ni escrituras, títulos de propiedad o contratos de compra venta de los predios donde se realizaron esas obras.
Aunque la ASEBCS solicitó al INVI el Proyecto Ejecutivo de estas viviendas y recamaras, no contaban con la firma ni sello de autoridad municipal competente para su autorización.
Las autoridades de la dependencia estatal no entregaron las memorias de cálculo estructurales de la losa de cimentación, losa de azotea, instalaciones eléctricas, instalaciones hidráulicas e instalaciones sanitarias del proyecto ejecutivo, ni presentaron el calendario o programa de ejecución de obra elaborado por la institución ejecutoria que debe estar firmado y sellado por los servidores públicos responsables.
Para finalizar con la auditoría de estas 168 obras, el órgano fiscalizador recalcó que no hay rastro de la convocatoria de licitación en COMPRANET, ni del presupuesto de cada una de ellas.
En total, se fincaron 95 observaciones al INVI por la Cuenta Pública 2023, de las cuales 21 fueron solventadas y 74 se mantienen con un estatus de solventación parcial.
De los 144.3 millones de pesos que se auditaron en este ejercicio fiscal, 45.1 siguen sin comprobación alguna por parte del instituto, es decir un 33 por ciento aproximadamente del recurso utilizado ese año.
También se precisó que en el área de ingresos las observaciones sin aclaración ascienden a 35.5 millones de pesos, que equivale al 100 por ciento de lo autorizado para ese rubro.
Asimismo, la ASEBCS reveló que las autoridades del INVI realizaron transferencias a terceros no identificados por 28.4 millones de pesos.
En cuanto a inspecciones sobre adjudicación directa, encontraron que se hicieron contrataciones bajo este esquema ilegal por 5.2 millones.
Refacciones para equipo de transporte, vestuario, uniformes, accesorios menores de edificios, productos alimenticios y materiales, útiles y equipo de oficina, materiales de remodelación, trabajos de construcción y remodelación de vivienda son los conceptos en los que el INVI incurrió en adjudicación directa.
En este contexto, al analizar el presupuesto aprobado en el acta de Reunión Ordinaria del Consejo del INVI y lo que refleja el Estado Analítico se comprobó que hay una diferencia 81.3 millones de pesos sin explicación.
También hay una diferencia de 14.9 millones de pesos entre los ingresos y el ejercicio del presupuesto.
“Detectándose la falta de acciones que logren mantener un equilibrio presupuestal ya que los presupuestos iniciales deben ser congruentes y tener un balance presupuestal base cero, que permita el manejo sostenible de las finanzas públicas”, señaló la ASEBCS.
Por último, se subrayaron 87.1 millones de pesos de diferencia en el presupuesto de Egresos aprobado y el gasto devengado, que hasta el momento tampoco tienen comprobación.
En el caso particular del INVI, el órgano fiscalizador enfatizó que hay cierta información que no puede ser presentada debido a investigaciones en contra de funcionarios que estaban a cargo de ciertas áreas.
Esto en referencia al caso del excontador que se encuentra vinculado a proceso por el supuesto desfalco de más de 55 millones de pesos, según informó en su momento la Fiscalía Anticorrupción.
Cabe recordar que, ahora que las cuentas públicas no fueron aprobadas, la ASEBCS debe proceder ante la Contraloría del Estado en cuanto a las observaciones calificadas como no graves, para que se investigue y se sancione a las y los responsables.
Por otra parte, en cuanto a las faltas que se califican como graves, la Auditoría deberá acudir ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur (PGJEBCS) y la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción para interponer las denuncias correspondientes.
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