Quirófanos sin insumos y pacientes con cáncer sin quimioterapias suficientes.
En 2018 se nos prometió un sistema de salud como el de Dinamarca. Seis años después, esa promesa se desvaneció. Hoy, a un año de la nueva administración federal, ya ni siquiera se habla de Dinamarca: ahora se promete la atención “casa por casa” y camiones que llegarán a todos los rincones del país. Ninguna de las dos propuestas ha sido objetiva ni sostenible. Mientras tanto, los hospitales carecen de insumos básicos, los programas preventivos no operan y los pacientes en estado crítico, como quienes luchan contra el cáncer, enfrentan un desabasto y en otros casos un acceso incierto.
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El 5 de septiembre de 2023 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el convenio que formalizó la transferencia de personal, infraestructura y recursos del Estado al IMSS-Bienestar. En papel se hablaba de universalidad y progresividad, pero en la práctica Baja California entregó hospitales y financiamiento, mientras retuvo deudas y pasivos laborales. El IMSS-Bienestar asumió la operación, no las responsabilidades previas. El resultado es claro: el Estado paga, pero no decide; la federación opera, pero no responde. Y en medio, los pacientes sufren atención interrumpida, deficiente e insuficiente en un escenario de opacidad.
De acuerdo con estimaciones de COPLADE con base en INEGI y ENIGH, para 2024 el 32.0 % de la población de Baja California presenta carencia por acceso a seguridad social y el 23.3 % carece de acceso a servicios de salud. Esto muestra que no solo quienes no cotizan a una institución de seguridad social batallan para recibir atención médica integral. La situación del personal tampoco es mejor. Trabajadores de ISESALUD fueron trasladados al IMSS-Bienestar sin notificación formal. Algunos recibieron presión para firmar renuncias que nunca solicitaron; otros tuvieron que presentar declaraciones patrimoniales bajo protesta, en procedimientos opacos y coercitivos, sin claridad sobre su patrón ni sobre el reconocimiento de su antigüedad. “No sabemos quién es nuestro patrón, pero sí sabemos que cada día enfrentamos hospitales sin lo mínimo para trabajar”, resumen los propios empleados. Nadie les ha explicado qué pasará con sus jubilaciones, pensiones o derechos adquiridos.
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La zozobra laboral se traduce en protestas. Múltiples manifestaciones se han realizado frente al Ejecutivo estatal y en las propias instituciones de salud, pero hasta ahora los trabajadores no reciben respuesta. Hace apenas unas semanas apareció colgada una manta en el Hospital General de Mexicali dirigida a un presunto líder criminal, pidiendo apoyo para surtir insumos. Aunque se desconoce su origen, el hecho exhibe lo que ocurre cuando las instituciones fallan: diagnósticos tardíos, avance de enfermedades, cirugías pospuestas por falta de material, recetas sin surtir y familias que acuden a hospitales privados para conseguir tratamientos.
En Tijuana, Tecate y Rosarito, cientos de trabajadores y distintos centros de salud denunciaron la falta de uniformes, la suspensión de pagos y el desabasto generalizado. Afirman que el abasto mejora solo cuando hay visitas oficiales; el resto del tiempo trabajan con carencias graves que ponen en riesgo la atención al público.
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En el Congreso local la contradicción es evidente. Diputados exigen cuentas al secretario de Salud, José Adrián Medina Amarillas: unos sostienen que ya no tiene atribuciones porque todo es federal; otros, que debe responder por ser la cara del sector. Mientras tanto, madres cargan niños con fiebre, adultos mayores esperan horas por una receta que no se surtirá y médicos atienden sin herramientas. La política se discute en el pleno; la vida se juega en las salas de espera.
El Paquete Económico 2026 anuncia una reducción real de 4.3 % en salud. La gobernadora promete que próximamente llegará una “bolsa nacional” que compensará este déficit, pero legisladores advierten que es el tercer año consecutivo de recortes y que esa bolsa es una promesa incierta. El discurso oficial insiste en abasto garantizado y fortalecimiento, pero la desconfianza es creciente. El programa “Salud Casa por Casa”, que arrancó en 2025 bajo la actual administración federal, se presenta como la nueva gran promesa, dirigida a adultos mayores y personas con discapacidad. Apenas lleva unos meses en operación y aún no existe evidencia de que sea sostenible ni de que pueda cubrir a toda la población vulnerable. Así, la narrativa cambió: de Dinamarca a la visita domiciliaria. Pero en los hospitales, los quirófanos siguen sin insumos y los pacientes con cáncer sin quimioterapias suficientes.
En paralelo, asociaciones civiles como Mujeres por Mujeres o Justicia vs Cáncer están cada vez más saturadas para atender a la población que busca alternativas para combatir la enfermedad y acceder a un tratamiento digno. Con la salud de los bajacalifornianos, y sobre todo de los más vulnerables, no se debe jugar. Por ello, especialistas y organizaciones coinciden en que se requiere un plan inmediato de abasto de medicamentos e insumos críticos, mecanismos de transparencia que permitan conocer cada mes los datos de personal y recursos disponibles, protección clara de los derechos laborales del personal transferido, la reactivación de programas de prevención y detección temprana de enfermedades como el cáncer, y la participación activa de asociaciones civiles, colegios médicos y sociedad civil especializada en la supervisión del sistema.
Hoy el sistema de salud en Baja California parece haber entrado a una operación quirúrgica sin anestesia y sin cirujano: un procedimiento del que difícilmente saldrá ileso. La salud no puede seguir siendo un experimento político. En este quirófano, lo que está en juego no es un modelo o la siguiente elección, sino la vida de los bajacalifornianos.
Guillermo E. Rivera Millán es director general del despacho De la Peña y Rivera S.C.
y fundador de Justicia que Transforma México A.C.
