231 ex funcionarios de administraciones pasadas, 61 municipales y 170 estatales, están siendo investigados en 57 carpetas de investigación, principalmente por uso ilícito de atribuciones y facultades, esto de acuerdo con el Fiscal Anticorrupción de Baja California, Javier Salas Espinoza.
“Tenemos en contra de ex funcionarios públicos del Gobierno del Estado, alrededor de 40 carpetas de investigación, y en contra de ex funcionarios municipales alrededor de 17 carpetas de investigación. Son por uso ilícito de atribuciones y facultades, la mayoría específicamente por adjudicaciones directas de recurso público utilizado de forma ilícita”, refirió el Fiscal Anticorrupción.
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El uso ilícito de atribuciones y facultades no es el único señalamiento contra ex servidores públicos de administraciones anteriores, entre las acusaciones también están tipos penales como el peculado, usurpación de funciones y colisión de servidores públicos.
Las denuncias, en el caso del Estado, son contra ex secretarios de estado, directores de adquisiciones, jefes de departamento y jefes de almacén; mientras que en el caso de los servidores municipales los señalamientos van contra el ex Tesorero, Oficial mayor y el Jefe de compras.
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Se calcula que el total de los montos reclamados en las carpetas contra ex funcionarios estatales, es de 420 millones 848 mil 565 pesos. En el caso de las denuncias contra ex servidores municipales, específicamente solo del Ayuntamiento de Tijuana, es de 607 millones 639 mil 812 pesos.
Sin embargo, de dichos montos no ha sido devuelto un solo peso por parte de los ex funcionarios imputados, esto dado que sólo 27 de los casos han sido judicializados y solo uno ha obtenido sentencia condenatoria, aunque el responsable no ha sido detenido, por tener el beneficio de quedar en libertad, ya que la penalidad no es mayor de 5 años.
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Cuestionado sobre la falta de efectividad de la Fiscalía Anticorrupción, Salas Espinoza, intentó justificar diciendo que, a pesar de que se supone la dependencia inició operaciones en 2023, en realidad comenzó a operar hasta el 15 de enero de 2024, debido que no tenían ni oficina ni personal, por lo que es a partir de esa fecha que se comenzaron a recibir denuncias.
“Si iniciamos en el 2024, este lo que viene siendo los trabajos de la Fiscalía, pues realmente tendríamos que, si lo vas a medir con sentencias condenatorias, no todas las denuncias que tenemos y las carpetas de investigación se iniciaron en esa fecha. Tenemos unas que se presentaron posteriormente en el mismo transcurso del 2024, inclusive en el 2025. Tiene que irse midiendo por etapas conforme son presentadas las denuncias y conforme son llevadas a cabo también las fechas de las audiencias, tanto iniciales para formular la imputación, como lógicamente también en su momento con el tiempo con sentencias condenatorias”, explicó el Fiscal Anticorrupción.
