Rumbo al cuarto año de gobierno de Marina del Pilar Avila Olmeda, las dos instituciones más importantes para el combate a la inseguridad en Baja California se encuentran en jaque por motivos diversos, por lo que han acaparado la atención pública, al grado que se ha puesto sobre la mesa la renuncia de sus titulares, en momentos de crisis.
El general Laureano Carrillo Rodríguez lleva tres semanas con un robo de 180 kilogramos sobre su espalda. Se sacude y reparte culpas; aguarda, cambia órdenes, pero sigue con la gran losa de corrupción del cuerpo de seguridad pública que tiene bajo su mando, la policía del gobierno estatal. La acusación es severa y merece una reacción contundente, pero la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) se divide en grupos: unos para que los deslinden de responsabilidades y otros para desviar la atención del robo que perpetraron.
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De lo único que hay certezas es que la investigación confirma que hubo un “baje” en la colonia Ojo de Agua de Tijuana, que era cocaína y que elementos de la FESC están involucrados, por lo que ahora la Fiscalía General de la República (FGR) se ha visto obligada en atender la investigación, a petición directa de la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda, mediante su secretario General de Gobierno, Alfredo Álvarez Cárdenas.
Mientras tanto, la fiscal Elena Andrade ha recibido un imponente ataque de drones a las instalaciones del grupo élite de Antisecuestros ubicado en Playas de Tijuana, el cual ha evidenciado la vulnerabilidad de las instituciones de seguridad y procuración de justicia, tanto para ser atacados como para reaccionar ante la agresión.
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Al respecto, el general Carrillo optó por formalizar una serie de suspensiones de los agentes y mandos que -presuntamente- están involucrados en el “baje” de drogas; al tiempo que la fiscal Andrade ordenó cambio de mandos en la estructura orgánica de la corporación, con la promesa de que habrá más modificaciones.
En lo que va de la administración, los gobiernos municipales y estatal han realizado más de 30 cambios de titulares en las dependencias de seguridad, a lo que se le suman otra gran cantidad de modificaciones en puestos claves de cada dependencia.
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14 SUSPENDIDOS EN LA SSC POR EL ROBO DE DROGA
En la pasada edición de ZETA se documentó el involucramiento de varios agentes en el robo de drogas ocurrido el pasado 4 de octubre -aparentemente- a un grupo independiente que intentó cruzar un cargamento de droga sin pagar piso; y que -presuntamente- sería ofrecido a Crescencio Beltrán Murillo, alias el Chencho, junto a César Quintero Beltrán, alias el Lico, y su operador James Bryan Corona, alias El Apache, integrantes del Cártel Arellano Félix.
Aunque se involucra a varios agentes, cinco fueron suspendido de manera preliminar mediante el oficio IAT/065/2025, signados por el director de Contraloría Interna, Saúl Haro Medina, donde los implicaba en presuntas conductas que pueden ser consideradas ser violatorias a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana de Baja California, y son los siguientes: “González Murguía Myrko Ángel, Morúa Soriano Jorge Iván, Valenzuela Bernal Joel Héctor Manuel, Rendón Campos Dionicio, Guerrero Sánchez Karla Noemí y Arámbula Limón Jesús Manuel”.
Sin embargo, en su última aparición pública, el militar aseveró que la cifra subió a 14 agentes presuntamente implicados.
Las decisiones tomadas por el general Laureano Carrillo Rodríguez no están grabadas en piedra; al contrario, el funcionario cambia de parecer de un momento a otro. El pasado 10 de octubre, cuando Semanario ZETA publicó la información relacionada con el “baje” de droga, ordenó una reunión en la academia de Tecate, para anunciar la suspensión de los primeros seis agentes que -presuntamente- estaban implicados en el robo. Algunos uniformados fueron notificados desde la noche anterior en sus casas, pero aun así acudieron para conocer la situación.
Laureano Carrillo, rodeado de todo su equipo, notificó a sus subordinados, pero la inesperada reacción beligerante de algunos suspendidos, así como los señalamientos directos en contra del director de Inteligencia, Juan Ventura Quiroz, lo hicieron cambiar de parecer. De viva voz, el general pidió tres días para definir una ruta de investigación más profunda; mientras tanto, les anuló la suspensión.
Tras el plazo cumplido, la Secretaría de Seguridad les notificó su separación preventiva del cargo. Durante este periodo, prácticamente todas las reuniones de seguridad con su cuadro de mando han tenido relación con el “baje” de droga y la suspensión de los agentes, y poco de resultados y combate a la inseguridad.
Ante la suspensión, los agentes y mandos Jorge Morúa, Joel Valenzuela Bernal -alias el Princeso- y Mirko González, respondieron mediante oficios que no estaban involucrados en el robo. Morúa y González afirmaron estar en una reunión con el propio general Laureano Carrillo, mientras que Valenzuela Bernal aseguró estar de vacaciones.
De la misma forma, los agentes Karla Nohemí Guerrero Sánchez y Jesús Manuel Arámbula Limón, radicados en Mexicali y comisionados temporalmente al municipio de Tijuana durante esos días, decidieron ir más allá, pues no sólo presentaron escritos a la Contraloría Interna de la SSC, sino que además exigieron una investigación profunda y la exposición de las pruebas que tiene el teniente coronel Juan Ventura Quiroz, para acusarlos directamente como participantes en el robo. También solicitaron audiencia con la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda, logrando reunirse con integrantes de su equipo cercano posterior a la mañanera del pasado miércoles, en la Capital bajacaliforniana.
A esto, le sumaron la advertencia de una denuncia de abuso de autoridad ante la FGE, en caso de que no comprueben su involucramiento en el crimen, dado que -consideran- habrían violado sus derechos como trabajadores, causándoles afectaciones severas a su persona.
El pasado 22 de octubre, a pregunta expresa de ZETA, el secretario anunció la suspensión de 14 agentes de la FESC que -presuntamente- están implicados en el robo de 180 kilos de droga, y que -según dijo- tenían información y pruebas que los vinculaban al caso.
Agregó que los autores del crimen habrían participado en un vehículo Kia gris, y no blanco, como se refirió inicialmente. ZETA logró obtener una copia de una conversación de un grupo de WhatsApp llamado “Camicetas” seguido de una playera color turqués, donde se capta la imagen de una unidad Kia blanca, estacionada, y donde, según los halcones, se localizan policías vestidos de civil.
“Hay 2 de gobierno carro blanco enfrente del punto vergel vestidos como civiles”, textea el número telefónico (633)381-81-25, seguido de la fotografía de la unidad. Dicha información fue extraída de detenciones realizadas por propios agentes de la FESC a “punteros” de la zona, quienes señalaron, según videos mostrados a este Semanario, que hacen referencia a un robo de droga de un vehículo Kia blanco, donde se observó a una mujer alta y de cabello rubio, además de otros agentes implicados.
Carrillo Rodríguez fue cuestionado por los medios de comunicación si hay elementos para considerar que el coordinador estatal, Omar Rosiles, pudiera estar involucrado en dicho robo de droga, pero el general aseguró que no hay evidencia que lo involucre, pese a las mantas colocadas en Mexicali, donde le referían que “contestara el teléfono”. En el mismo cuestionamiento, el general no descartó que militares que forman parte de la fuerza también pudieran estar involucrados en el robo de droga.
Respecto a los nuevos sancionados, la Secretaría de Seguridad Ciudadana no informó mucho, pero trascendió que se trata de los mismos que fueron evidenciados en la edición anterior de Semanario ZETA.
Las nuevas suspensiones recayeron en Christian Noe Orozco Garay, jefe de uno de los dos grupos operativos de Investigación que trabajaron el sábado 4 de octubre, quien en la pasada edición de este Semanario se expuso su presunta colaboración con el narcotráfico, además de otros episodios donde Orozco intervino en incidentes de detenciones de delincuentes con droga que nunca fueron puestos a disposición.
También Jorge Osuna Marcelo, quien en 2017 no aprobó los exámenes de control y confianza, ha tenido señalamientos vinculados a casos de tortura y de otros procesos judiciales, para los cuales incluso se ha visto en la necesidad de tramitar amparos.
El resto de los agentes suspendidos en esta nueva ola son Susana Andrea Zavala Álvarez, Eduardo Sánchez Sánchez, Brandon Alejandro Peralta Bocardo; Jorge Gaynor Munguía, Hugo Leonardo Muñoz Galván (atacado en 2020 por un grupo delictivo que disparó contra varios policías), Francisco Adán Valdez Mendoza y Erick Drive Falomir Bojórquez.
Los motivos por los cuales estos agentes forman parte de esta averiguación se deben a que sus unidades se ubicaban en la zona de Ojo de Agua y sus alrededores, como parte de operativos ordenados por el propio director de Inteligencia, Juan Ventura Quiroz.
Cámaras de vigilancia de negocios y establecimientos capturaron su presencia en diversos puntos cercanos. Sin embargo, poco se ha podido recabar de la información de GPS de las unidades -supuestamente- por el uso de inhibidores en las unidades. Sin embargo, versiones refieren que pudo haber manipulación en los sistemas internos de la SSC a cargo del área de Inteligencia, que impidieron el rastreo.
“ESTÁN PROTEGIENDO A LOS VERDADEROS RESPONSABLES”: GUERRERO
A las afueras de las oficinas de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien encabezó su tradicional mañanera el pasado miércoles 22 de octubre, los agentes Karla Nohemí Guerrero Sánchez y Jesús Manuel Arámbula Limón conversaron con ZETA sobre las suspensiones que sufrieron en días pasados por -presuntamente- participar en el “baje” de droga, hecho que negaron rotundamente y exigieron -mediante oficios- a todas las instituciones involucradas, e incluso a la propia gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda, una investigación seria.
En entrevista para ZETA afirmaron que el teniente coronel Juan Ventura Quiroz dijo que contaban con una llamada que involucraba a los implicados en el robo de droga, a lo que ellos exigen que las exponga, dado que cuentan con fotografías y videos de su estancia en el hotel Palacio Azteca, de Tijuana, donde descansaban fuera de la jornada laboral.
Ambos agentes refirieron contar con la información del hotel de donde estuvieron tanto el día viernes como el sábado, fuera de su jornada laboral; y también donde patrullaron durante su actividad policial.
“Con las acciones me hace pensar que está cubriendo a los responsables; a mí no me interesa sí está de acuerdo o no, a mí me mandaban a Tijuana para eso, y es cansado, tenía que dejar encargado a mi hijo para irme”, refirió la agente, quien aseguró el teniente coronel Juan Ventura Quiroz no les ha mostrado las pruebas ni les ha permitido recibir las suyas para cotejarlas con la investigación que llevan a cabo.
“Yo no me tengo que esconder de nadie; con esa suspensión está afectando a una familiar que desde el principio le valió. Le dije que voy a demandar a quien me está señalando. Hubo otro militar que aparece en el oficio de suspensión donde tiene las pruebas que yo estuve en el lugar; cuando le pedí las pruebas, y dijo que ya están en eso, le dije que quiero la información del compañero que puso mi nombre”, refirió Guerrero Sánchez.
El agente Arámbula Limón recordó que hace cinco años unos agentes de la FESC fueron acusados del delito de secuestro, del cual resultaron absueltos. A partir de ese momento, dijo, varios agentes optaron por documentar todos sus trayectos dentro y fuera de la jornada laboral.
Desde tener activados los GPS de sus equipos hasta documentar de todas las formas posibles sus momentos, para cuando fuera necesario tener un respaldo de su ubicación para determinadas actividades.
Todo eso, dijo, se tiene para presentarse como evidencia, pero la institución no ha querido recibirlo.
Comentó que durante sus 12 años de servicio ha detenido a operadores y líderes de diversos grupos delictivos de manera indistinta, y jamás ha tenido un problema o un involucramiento con grupos delictivos.
Aseguró que su estancia en el municipio de Tijuana se originó porque los mandos los comisionaron para brindar mayor seguridad a esa zona.
Agregó que en los oficios de suspensión los ubican en el lugar al momento del robo, pero cuando se solicitó esta información les refirieron que no contaban con datos exactos en los GPS ni de ninguna otra forma para precisar el sitio exacto.
La tarde de ese miércoles, ambos oficiales fueron recibidos por la Coordinación de Gabinete de la gobernadora Marina del Pilar Avila, para atender el caso y posteriormente se les dio una nueva reunión con el secretario, a quien nuevamente le explicaron el caso, pero éste no se mostró receptivo. Reiteró que tenían una llamada telefónica que los vinculaba, a lo que respondieron que querían escucharlas y en caso de no hacerlo, presentarían denuncias vinculadas a la intervención de llamadas telefónicas.
El día jueves presentaron nuevos oficios donde entregaron una narrativa amplia con documentación de sus ubicaciones horas antes y después del robo.
Otros agentes que también presentaron documentos -aunque no con ese nivel de precisión- fueron Myrko González y Joel Héctor Valenzuela Bernal, ante la Contraloría Interna de la Secretaría de Seguridad.
Myrko refirió que, en el día y horario señalados, él estaba en las instalaciones del C5 en Tijuana en la reunión en la que estuvo presente el General Carrillo (a la misma hora del hecho), mientras que Valenzuela dijo estar de vacaciones y que regresaría hasta el 4 de noviembre.
“MUEVEN” A PELAYO A MEXICALI
Juan Carlos Pelayo Heredia, uno de los hombres considerado inamovible dentro de la FGE -o al menos así se refería ante sus subordinados, quienes incluso lo grabaron presumiendo que no le afectaban las publicaciones de Semanario ZETA-, fue removido como fiscal especializado en Narcomenudeo, cargo que ocupó desde la administración de Guillermo Ruiz Hernández.
La situación para Pelayo fue insostenible, pues además de ser expuesto en múltiples narcomantas que lo acusaban de favorecer al Cártel de los Arellano Félix, también se le relacionó con una propiedad millonaria en el Porvenir y con el cobro de cuotas a agentes del área de narcomenudeo, principalmente, en la Zona Costa del Estado. No era cercano a la Fiscal, pero aun así se sentía seguro en su puesto.
Dos días después del ataque perpetrado contra las instalaciones del área de Antisecuestros de Tijuana, la fiscal Ma. Elena Andrade anunció una serie de cambios dentro de la FGE, donde destaca el movimiento del Zar Antinarcóticos del Estado, quien fue relegado a ser el segundo al mando del fiscal regional de Mexicali, Fernando Lorenzo Diego Muñoz.
Hasta este momento, Pelayo Heredia es encargado de despacho de la Dirección de Coordinación de unidades de Investigación Zona Mexicali, es decir, dirige a los ministerios públicos jefes de cada área de la fiscalía regional.
Si bien es un puesto importante, la realidad es que se subordina a un área mucho más pequeña, por lo que su salida no se considera un premio.
En su lugar, como Zar Antidrogas de Baja California se colocó a Juan Carlos Ortega Flores, un abogado egresado de la escuela de educación superior Univer, en Mexicali, y quien se dice tiene una estrecha relación con el coordinador de Gabinete, Juan Carlos Buenrostro, uno de los hombres fuertes de la Fiscal.
Ortega Flores se desempeñaba como asesor jurídico dentro de la FGE, con un sueldo de 40 mil pesos mensuales. Aunque estaba comisionado al área de Narcomenudeo, su labor era intrascendente en el área. Incluso, dentro de la institución se consideraba que si se suscitaba un cambio dentro de la dependencia, el relevo natural sería Jorge Alberto Melo Santander, quien era considerado el segundo al mando en el área de Narcomenudeo.
Ortega Flores no cuenta con importante experiencia en el área de combate a delitos, pues sus principales cargos fueron ocupados en la administración de Jaime Rafael Díaz Ochoa, como jefe de Departamento y Difusión, además de ocupar el área jurídica del Consejo de Urbanización del Municipio de Mexicali, pero no más.
A estos cambios se les suma el nombramiento de Julio Rodríguez Campos como encargado de despacho de la Comandancia de Mexicali, en sustitución de Gustavo Francisco Olivo Loroña, el cual recayó en la Coordinación de Mandamientos Judiciales de la FGE. Olivo Loroña es uno de los agentes más cercanos a la fiscal Ma. Elena Andrade, y forma parte de su círculo cercano, al igual que Buenrostro y Hanzel Aispuro, encargado del grupo de inteligencia de la FGE.
Se presume que en los próximos días habrá más cambios dentro de la institución, que se suman a otras salidas, como la del ahora exfiscal, Rafael Orozco Vargas, quien ocupaba el cargo de Fiscal Central desde la gestión de Ricardo Iván Carpio.
