Continúa cobro de piso. En BC las autoridades no detienen ni a los jefes ni a los administrativos de las bandas; se conforman con los delincuentes menores
A 14 meses de que Minerva Pérez Castro, presidenta de Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola (CANAINPESCA) fuera privada de la vida violentamente en Ensenada, después de denunciar que toda la cadena productiva de la industria de alimentos del mar estaba siendo víctima de extorsión desde el año 2018, finalmente uno de los autores materiales del homicidio fue detenido. A pesar de la importancia de la captura, se ignora por qué la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha conformado ni informado de la aprehensión.
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Tal vez porque ese éxito contrasta con la decisión de un juez de regresar a los dueños para su reapertura, las instalaciones donde se encuentra Mares del Pacífico -antes Casita del Camarón- empresa ubicada en el fraccionamiento Acapulco en Ensenada, que ha sido investigada los últimos años por ser el punto desde donde se han coordinado las extorsiones a restauranteros, con la compra obligada de mariscos y pescados.
El hecho es que, tras años de negarse a realizar investigaciones o labores de inteligencia contra los grupos de extorsionadores y “cobra pisos”, argumentando la ausencia de denuncias, la FGE fue obligada, primero por las presiones tras el homicidio de Minerva en julio del 2024, y después como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, presionados por el Gobierno Federal, a generar mínimos resultados.
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En su comparecencia ante el Congreso en agosto, la fiscal María Elena Andrade informó que se habían iniciado por lo menos siete carpetas. La primera semana de septiembre, el secretario de Seguridad Estatal, general Laureano Carrillo, sin datos específicos habló ante la prensa de cifras todavía más alegres: la detención de 37 personas de 11 células por parte de la Fuerza Estatal. Pero detener a los mensajeros o cobradores sólo sirve para sus estadísticas.
Por esas mismas fechas, en conferencia de prensa, los representantes de las diversas cámaras empresariales informaron que alrededor de 300 comerciantes habían sido víctimas de extorsión en Baja California durante el 2024 y solicitaron al Congreso local presentar una reforma para que el delito se persiga de oficio.
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Mientras, las denuncias por “cobro de piso” continuaron. El 17 y 19 de septiembre los vendedores ambulantes de los mercados sobre ruedas en el fraccionamiento Soler y la colonia Alemán, en Tijuana, recibieron volantes de parte del Cártel Jalisco advirtiendo que deberían pagar “1000 pesos por puesto; también se les da a conocer que pondremos a nuestros trabajadores a vender droga en varios puntos del mercado”, y les avisaron que sería lo mismo cuando se instalaran en las colonias “Herrera, Los Altos, La Villa, Mirador y Obrera”. En ambos casos, el policía municipal detuvo a los mensajeros, pero el jefe sigue libre.
Las autoridades identificaron a un presunto autor intelectual, pero aún no reúnen los elementos jurídicos para vincularlo; se trata de Carlos Albert N., quien, evidentemente, no se siente ni perseguido ni intimidado, porque como administrador de una funeraria, está realizando trámites para que la FGE le adjudique o concesione el servicio de levantamiento de cadáveres para la fiscalía.
El 18 de septiembre, Lersa Mercadillo Gómez, presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) Tijuana, le declaró a la reportera Dayebi Pazos que el cobro de piso de los cárteles estaba afectado al mercado inmobiliario.
Las víctimas siguen siendo variadas. Casas de cambio, restaurantes, pequeños abarrotes y placitas en colonias, vendedores que comercian a través de redes sociales, y los cobros de piso a yonkeros continúan a pesar de las detenciones en julio pasado; sólo de ellos, los criminales obtienen alrededor de 97 mil dólares por mes.
Tres semanas atrás, el diputado Jorge Ramos informó que existen dos propuestas de reforma presentada ante el Congreso local, para que la denuncia formal y presencial de la víctima no sea necesaria en materia de extorsión o cobro de piso, y que la FGE sea obligada a iniciar carpetas de investigación cuando tenga conocimiento de los mencionados delitos a través de reportes anónimos, redes sociales, trabajos periodísticos u otros medios similares. Pero éste es un camino al que le falta recorrido.
Al final, las evidencias y las nuevas víctimas muestran que la FGE y a la SSCBC continúan en deuda con la ciudadanía; no hay trabajo de inteligencia, no son proactivos, no van por los jefes, los administrativos, se conforman con los delincuentes menores, se limitan a la atención de casos aislados, sin realizar una investigación a fondo y sin involucrar a la Fiscalía General de la República, a pesar de que existe evidencia de crimen organizado.
En esas condiciones, si no hay cambio de estrategia, los bajacalifornianos continuarán siendo víctimas del terror generado por los cárteles y por delincuentes menores que aprovechan la impunidad, para “obtener un beneficio económico dañando el patrimonio, la integridad física o libertad”, de los ciudadanos honestos.
