Luego de la sanción que interpusiera la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro del Gobierno de Estados Unidos (USTR) el 6 de octubre de 2025, a ocho personas y 12 empresas mexicanas ligadas al Cártel de Sinaloa (CDS), especialmente con la facción de La Chapiza, en Baja California Sur surgieron múltiples contratos involucrados con los señalados entre el Gobierno del Estado de Víctor Manuel Castro Cosío y del Ayuntamiento de La Paz que administra Milena Quiroga Romero, a través del Organismo Operador del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMSAPAS), ambos gobiernos del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
La penalización americana para varias compañías, entre ellas las empresas Sumilab, S.A. de C.V. y Favelab, S.A. de C.V., ambas proveedoras en Sudcalifornia. Por ejemplo, Favelab estuvo relacionada con al menos 186 contratos en el OOMSAPAS; mientras que Sumilab fue relacionada en 119 en el municipio de La Paz.
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Al respecto, la alcaldesa paceña, Milena Quiroga, fue cuestionada por la relación de su Gobierno con empresas dedicadas presuntamente al lavado de dinero y de suministrar precursores químicos ilícitos de fentanilo al Cártel de Sinaloa.
— Si nos pudiera hablar sobre las sanciones que Estados Unidos hizo a empresas que presuntamente están vinculadas con la producción de droga para el Cártel de Sinaloa. Entre ellas están empresas que han sido proveedoras del Ayuntamiento de La Paz a través de OOMSAPAS. ¿Qué nos comenta al respecto?
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“Que se investigue”.
Al ser cuestionada por los múltiples contratos que su administración otorgó a las empresas ligadas con La Chapiza, fue limitada la respuesta de la presidenta municipal; incluso dijo desconocer sobre ello.
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— ¿No sabía usted de esto alcaldesa?
“No, para nada”, respondió Quiroga Romero.
Fue cuando el reportero le aclaró que, en los contratos, se nombra a Mario Ramón Gálvez Gámez, exdirector del Organismo y también su socio en la asociación ACORA BCS, relacionada con afinidades al agua y asignación de obra pública.
— A Mario Gálvez lo nombran en los contratos.
“Que se haga la investigación y se sancione a quien corresponda”.
— Además, sobre todo hablan sobre esas adjudicaciones directas presidenta y sin licitación. ¿Qué nos comenta?
“Que se investigue y que se sancione”.
Entre algunas de las compras, destaca la de un Electrodo Intellical de oxígeno disuelto luminiscente/óptico (OD) para aplicaciones de campo con cable de 5 metros, el cual fue por adjudicación directa por un monto de 42 mil 239 pesos para la empresa Favelab, S.A. de C.V.; firman la autorización el entonces director del OOMSAPAS, Mario Ramón Gálvez, Abigail Solano Sánchez, coordinadora de Potabilización y Tratamiento y Cruz Elena Murillo Sandez, coordinadora Administrativa y Financiera el 17 de enero del 2022, aunque la solicitud había sido sellada de recibida desde mayo del 2021, y hasta la llegada de Milena Quiroga a la administración municipal, en septiembre del 2021 (la aprobaron entrando el año siguiente).
Otra de las compras, de 40 piezas de Hipoclorito de Sodio al 13% en presentación de 60 kilogramos cada uno y 40 piezas de Cloruro Férrico al 40% en presentación de 50 kg cada uno, se realizó en mayo del 2022 por un valor de 90 mil pesos, a pesar de ser la empresa que más caro ofrecía el producto.
Del mismo modo, la empresa Sumilab recibió otra cantidad importante de contratos; por ejemplo, para la adquisición de una caja de tubos Sulfuro de Hidrógeno 100/a, caja con 10 piezas, otra de tubos de Sulfuro de Hidrógeno 0.2/a, caja con 10 piezas y una caja “kit para detectar gas Accuro” esto por poco más de 26 mil pesos, el 22 de octubre del 2021, también a la llegada de Milena Quiroga.
GOBIERNO Y UABCS EN EL ENREDO
El Gobierno del Estado de Víctor Castro también dio la sorpresa, pues se encontraron decenas de contratos con la empresa Sumilab y Favelab; la primera a través de la Secretaría de Salud en la compra de insumos hospitalarios como guantes de látex, acumulando más de 120 mil pesos en compras por adjudicación directa, según los contratos AD/ISSBCS/P346/2021 y AD/ISSBCS/P346/2021, que estaban disponibles, hasta que toda la información fue sellada.
Del mismo modo, los contratos de OOMSAPAS, Secretaría de Salud y otras compradoras, invisibilizaron los contratos en la plataforma de transparencia, al darse cuenta que dichas empresas estaban relacionadas con la facción de La Chapiza.
Al respecto, el gobernador dijo desconocer del tema, afirmando que todas las obras y compras se realizan por medio de licitaciones; aunque en este caso fueron adjudicación directa, a lo que respondió “no sé”.
“Yo no tengo (conocimiento); si me presentan algún contrato lo investigamos de manera inmediata, pero yo no tengo antecedentes de ese tipo. Todas las obras de Baja California Sur se licitan, son licitaciones públicas. Bueno, no sé, habría que presentar -yo desconozco esto sinceramente- si hubo una compra de salud que puede ser para medicamento, pues no descarto la posibilidad de la Secretaría de Salud, que es la que pueda utilizar el medicamento”, comentó Víctor Castro.
La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno Estatal adquirió 19 básculas para peso y talla de personas, para distribuir en los albergues escolares de los cinco municipios del Estado y en la Casa del Estudiante de Ciudad Constitución, municipio de Comondú; también en la Universidad Tecnológica de La Paz y el Colegio de Bachilleres (COBACH), con 12 contratos en los que se aprecia dicha empresa.
La compra la realizaron a la empresa Sumilab, S.A. de C.V. para entregarlas a la Secretaría de Educación Pública (SEP); el valor total de la compra fue de $87,102.08 (ochenta y siete mil ciento dos pesos 08/100 MN) según contrato 2019-53-DI-GBCS-SFA-SSA-DRM-136; también hay un contrato por 147 mil 552 pesos para la misma empresa de La Chapiza, para el Instituto de Servicios de Salud de la Secretaría de Salud, por el contrato AD/ISSBCS/P346/2021 en el año 2021.
De igual forma, en la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) se encontraron relación con al menos 47 contratos para la empresa Favelab, la mayoría en compras de insumos médicos; su rector, Dante Arturo Salgado González, también respondió sobre los cuestionamientos.
Salgado González sostuvo que las instituciones no saben a qué se dedican los accionistas y mucho menos quiénes constituyen a las empresas (aunque esto debe conocerlo la persona que realiza la licitación y contratos), sólo se basan en sanciones que imponga el Sistema de Administración Tributaria (SAT) mexicano, y reconoció que las compras se hicieron para prácticas de laboratorio, que -dijo- ellos compran a las pocas empresas que tienen disponible los productos que son escasos.
“En este caso, particularmente tiene que ver con materiales para prácticas de laboratorios. Yo sé que cuando aparece una noticia como la que circuló ayer pareciera que las instituciones sabemos quiénes constituyen a los accionistas de las empresas o qué relaciones pudieran tener los accionistas; yo quiero decirles que la universidad establece ese vínculo con empresas, de las cuales, nosotros sólo conocemos su Registro Federal de Contribuyentes, y estamos revisando que es lo único que nos piden a nosotros, que esas empresas no tengan ningún señalamiento con el SAT”, sostuvo el rector.
INVESTIGAN DESFALCO A OOMSAPAS LA PAZ
Relacionado con un desfalco que supuestamente está calculado entre los 6 y los 20 millones de pesos, es que hay una investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción en contra del exdirector de Administración y Finanzas del OOMSAPAS, Jonathan Jahir Acosta Gámez.
“Lo que se sabe es que tenía a su cargo los tokens del Organismo y se le acusó de haber realizado diversas transferencias a empresas que prestaban servicios a la institución; casualmente muchas o la mayoría de ellas, si no es que todas, son del estado de Sinaloa. Ahorita el monto es de entre los 6 y 20 millones de pesos y el fiscal Lenin ya está enterado desde hace más de seis meses. Además de que traen la información muy resguardada, los que hemos tenido cerca la información nos mandaron retirar todos los documentos relacionados en el área administrativa”, dijo una fuente del Organismo de Agua Potable.
Según los datos proporcionados, Acosta Gámez fue removido del cargo entre finales del 2024 y principios del 2025; del mismo modo se dio aviso a la Fiscalía Anticorrupción y la investigación desde hace seis meses sigue detenida. Incluso se ha dado por visto y carpetazo a la investigación, tapando el hueco fiscal con otros recursos.
