Diputados federales avalan Ley Aduanera; entrará en vigor hasta enero de 2026

Con dispensa de trámites, como asunto de urgente y obvia resolución, el Pleno de la la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó, el 21 de octubre de 2025, las reformas a la Ley Aduanera, con la modificación enviada por el Senado de la República, para aplazar la entrada en vigor de las nuevas disposiciones hasta el 1 de enero de 2026.

Con 343 votos a favor y 123 sufragios en contra, los legisladores aprobaron la minuta enviada por el Senado que contenía una única modificación al artículo primero transitorio, para aclarar que el decreto entraría en vigor a partir del primer día del próximo año y no al día siguiente de la publicación del Decreto, como se establecía originalmente.

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El proyecto, que pretendería fortalecer el combate a la corrupción y al contrabando en las aduanas, fue remitido a Claudia Sheinbaum Pardo, titular del Poder Ejecutivo Federal, para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Los sufragios a favor fueron emitidos por los senadores de la autodenominada “cuarta transformación”, integrada por los grupos parlamentarios de los partidos Verde Ecologista Mexicano (PVEM) y del Trabajo (PT).

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Mientras que los votos en contra, fueron emitidos por los senadores de los grupos parlamentarios de oposición, integrada por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC).

Al fijar la posición del grupo parlamentario de Morena, el diputado Fernando Jorge Castro Trenti sostuvo que las reformas a la Ley Aduanera permitirían detonar la recaudación y tener aduanas a la altura de las mejores del mundo.

“Va a haber más orden, se va a barrer la corrupción de arriba para abajo, van a ser corresponsables los que reciben una patente para que, en nombre del Estado, certifiquen lo que sale y lo que entra, y ya no recibiremos pares impares de zapatos que hacen posible que alteren el ingreso fiscal para que unos cuantos se hayan enriquecido y México esté padeciendo”, puntualizó Castro Trenti.

“El presente es muy claro: detonar el Plan México, detonar la recaudación, detonar mayores ingresos, para que esa trazabilidad con la que se ingresen y salgan las mercancías nacionales, va a permitir limpiar la cara en el mundo, tener aduanas a la altura de las mejores del mundo en un país que en los últimos años ha crecido su Producto Interno Bruto y se ha transformado para transformar”, afirmó el diputado de Morena.

No obstante, a nombre de la bancada del PAN, la legisladora Teresa Ginez Serrano advirtió que constituyen un retroceso que golpeaba la economía nacional y protegía el negocio del ‘huachicol fiscal’.

“Hoy las aduanas son la coladera por la que el crimen organizado introduce lo que se necesita y esto ante la falta de control y la voluntad política del gobierno federal. No olvidemos que el sexenio anterior, el de los abrazos y no balazos, acumuló muchos errores, pero uno de los más graves fue entregar el control de las aduanas a la Marina y al Ejército, pues lejos de resolver el problema, solo contagió a nuestras fuerzas armadas con el mismo problema de la corrupción”, dijo Ginez Serrano.

En representación del grupo parlamentario del PRI, el diputado Emilio Lara Calderón cuestionó el diferimiento de las reformas avalado por el Senado de la República y dijo que, así fuera el inicio de la vigencia al día siguiente, en noviembre de 2025 o el primero de enero de 2026, representaba un retroceso en materia aduanera.

“Este transitorio, lejos de proteger, sirve para considerar un marco normativo desigual, sin que las empresas y agentes aduanales puedan evadir el golpe, se imponen sanciones confiscatorias sin diferenciar entre errores menores y fraudes fiscales, castigando con la misma severidad a contribuyentes que cometen alguna falta formal que a los verdaderos defraudadores”, acusó Lara Calderón.

En tanto que la emecista Patricia Flores Elizondo justificó que el voto en contra de su bancada se debía a que la citada Ley no estaba hecha para perseguir a los grandes evasores, sino para cargarle la responsabilidad del contrabando fiscal al pueblo que trabajaba.

“Mientras nos dicen que buscan frenar el contrabando, no tocan las verdaderas redes criminales que operan con complicidad dentro de las aduanas. En cambio, lo que sí hacen es aumentar la responsabilidad legal, económica y operativa de quienes coadyuvan con el Estado. Los agentes aduanales, los importadores, los exportadores, los transportistas, las pequeñas y medianas empresas”, subrayó Flores Elizondo.

La legisladora de MC insistió que esto aumentaba la responsabilidad legal, económica y operativa de quienes coadyuvaba con el Estado, como los agentes aduanales, importadores, exportadores, transportistas, así como las pequeñas y medianas empresas.

Por su parte, la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN) aseguró que la aprobación de la Ley Aduanera sería clave para consolidar los objetivos de competitividad y certidumbre jurídica.

A través de un comunicado, la Confederación mencionó que la entrada en vigor de las reformas buscaban también fortalecer la transparencia en el sistema aduanero mexicano, cerrar espacios a la evasión fiscal, agilizar el comercio y reforzar la rendición de cuentas.

“Entre los temas más relevantes se incluyen el endurecimiento de requisitos para diversas autorizaciones, el fortalecimiento de los mecanismos de control y la supervisión de prácticas abusivas que han afectado al fisco federal y dañado a los sectores productivos del país”, dijo la CONCAMIN.

“El nuevo marco legal eleva los estándares de cumplimiento para todos los actores del comercio exterior, como agentes aduanales, empresas maquiladoras de exportación, almacenes generales de depósito, empresas de mensajería y paquetería, así como el régimen de recinto fiscalizado estratégico”, subrayó la Confederación.

En este sentido, la CONCAMIN expresó que respaldaba estas reformas, las cuales, según la Confederación recogían las demandas y aportaciones del sector productivo formal que se encontraba comprometido con un comercio justo, transparente y competitivo.

Además, la organización industrial enfatizó en que se trataba de una medida “firme y necesaria para combatir la ilegalidad, fortalecer el mercado interno, así como mejorar la productividad de las cadenas de valor”.

De igual forma, la Confederación valoró el compromiso del Gobierno de México y de las cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, con la defensa de la producción nacional, el empleo formal y la legalidad, en congruencia con los objetivos del Plan México, que promovían el desarrollo industrial, la inversión además de la generación de empleos formales para el país.

“La CONCAMIN reconoce el avance alcanzado con la aprobación de la reforma a la Ley Aduanera y considera que el siguiente paso fundamental será la publicación, a la brevedad, del Reglamento así como de las Reglas Generales de Comercio Exterior que permitan hacer efectiva su aplicación”, expresó.

El 15 de octubre de 2025, el Pleno del Senado de la República aprobó, con cambios, la reforma a la Ley Aduanera. El dictamen, derivado de una iniciativa de la presidenta Sheinbaum Pardo fue aprobado en lo general con 78 votos a favor, 37 sufragios en contra y una abstención.

Mientras que en lo particular obtuvo 77 votos a favor, 38 en sufragios. contra y una abstención. El proyecto apuntó como propósito mejorar, fortalecer y modernizar la legislación en materia aduanera, para facilitar las actividades de comercio exterior, sin establecer nuevas contribuciones, ni cargas fiscales adicionales.

Como parte de los cambios introducidos por la Cámara Alta del Congreso de la Unión, se aprobó una modificación propuesta por el senador morenista Homero Davis Castro, para que el decreto entrara en vigor el 1 de enero de 2026, con excepciones específicas.

El artículo 86 A fracción Primera segundo párrafo, al mes siguiente; y los artículos 86 A fracción Tercera, 106 fracciones Quinta y Sexta, 107 y 145, a los tres meses. Esto con el objetivo de permitir la elaboración de la reglamentación correspondiente.

El dictamen fue devuelto a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para su revisión con los cambios realizados. Durante la sesión se rechazaron 10 propuestas de modificación y una moción suspensiva presentada por la senadora priista Claudia Anaya Mota.

Durante la discusión, el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Miguel Ángel Yunes Márquez -del grupo parlamentario de Morena-, destacó que la reforma no obstaculizaba las operaciones legítimas, sino que las facilitaba.

“Con esta reforma avanzamos hacia una aduana moderna, una aduana que cuida la competitividad y, a la par, la integridad del sistema, porque cada peso bien recaudado regresa en servicios públicos como la infraestructura, la salud y la educación, ya que cada trámite simplificado y seguro se traduce en empleos, inversión y crecimiento”, señaló Yunes Márquez.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, el morenista Manuel Huerta Ladrón de Guevara, explicó que el nuevo marco jurídico representaba un “nuevo pacto” entre el Estado, las empresas y la sociedad, en el que la tecnología “se convierte en aliada de la justicia fiscal”.

Sin embargo, el panista Raymundo Bolaños Azocar señaló que la reforma no atacaba el problema de fondo, ya que “maquilla el problema” y hacía a los agentes aduanales un “chivo expiatorio”. Además, según él, dejaba intacta la maquinaria con la que se saqueaban las finanzas públicas y se permitía el ‘huachicol fiscal’.

El priista Miguel Ángel Riquelme Solís advirtió que la reforma vulneraba compromisos del T-MEC, ya que “impone facultades discrecionales y sanciones excesivas”, lo que colocaba a México en una posición vulnerable ante sus socios de Estados Unidos y Canadá.

El emecista Clemente Castañeda Hoeflich señaló que la reforma no tocaba, abordaba, ni combatía el “huachicol fiscal” de las aduanas y los puertos, además de que advirtió que “pone más trabas al comercio exterior”.

Uno de los cambios centrales de la reforma a la Ley Aduanera fue la creación del Consejo Aduanero, encargado de resolver sobre el otorgamiento de autorizaciones y patentes aduanales. Además, se otorgaron facultades concurrentes al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), para realizar actividades de post-despacho de mercancías.

También incorporó que las autoridades aduaneras pudieran celebrar convenios con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), para el análisis y gestión de datos, y se reforzaron los controles para sancionar malas prácticas, como la evasión fiscal, subvaluaciones y presentación de declaraciones incorrectas.

Entre otros cambios relevantes, se eliminó la patente vitalicia para los agentes aduanales, estableciendo un uso máximo de 20 años, sujeto a requisitos legales y evaluaciones cada tres años, para profesionalizar el sector. Asimismo, se fortalecieron los controles sobre el uso del régimen de importación temporal y se incorporó el expediente electrónico de pedimentos, que incluiría el CFDI, facturas, carta porte u otros documentos que acreditaran las operaciones.