Una de las heridas más graves de la sociedad mexicana son las denuncias cubiertas por un velo de impunidad, vergüenza, desprotección y silencio.
Muy desafortunadamente, los menores de edad que han sido objeto de esta violencia en su contra, no solo tienen que enfrentar a sus agresores sexuales, sino que en muchas ocasiones tienen que lidiar con la incredulidad de los servidores públicos de las Agencias Especializadas en Delitos Sexuales. Estos “servidores públicos” les niegan la credibilidad y los arrastran a un laberinto de diligencias, careos, exámenes de que son objeto tanto ante el Ministerio Público como ante los Jueces de Control.
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Esto obliga a que se realice un examen minucioso de cómo es la mecánica y cómo operan los órganos encargados de perseguir estos delitos que son un gravísimo ataque en la formación y vida de los jóvenes mexicanos. Para que el lector tenga una idea cercana que le magnifique este problema, cada día se denuncian en promedio 57 delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes en nuestra República. No es óbice mencionarles que la organización denominada Red de los Derechos de la Infancia en México (REDIM) nos dice que esta cifra es sumamente escueta porque la realidad es que la mayoría de los casos de abuso sexual contra menores no serán jamás denunciados.
El catálogo de motivos es sumamente variante: desconfianza hacia las instituciones, la dependencia económica e incluso afectiva de los menores hacia a sus agresores sexuales, que habría que mencionar que en más del 75 por ciento de los casos el agresor sexual pertenece al núcleo de la familia. A esos factores se suman otras razones que son sumamente válidas: la vergüenza, el miedo, y el tema de que el problema sea relativo al sexo, puesto que de ese punto nunca se habla en casa.
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Un hecho muy desafortunado que ocurre en México es que más del 90 por ciento de las denuncias por abuso sexual no llegan a una sentencia condenatoria, puesto que antes de que incluso el Ministerio Público llegue a integrar una carpeta de investigación, le habrán otorgado el perdón al agresor sexual, que en la inmensa mayoría de los casos será el padre, el hermano, el tío, etcétera.
Esta es una verdadera desgracia que puede advertirse en la lectura de los informes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de Organismos Internacionales. En la mayoría de las veces, la investigación ministerial se retrasa “inexplicablemente”: los agentes de investigación no localizan el domicilio del presunto responsable, pero tampoco son capaces de entrevistar a la víctima a la que nunca pueden localizar. Para favorecer al imputado la entrevista se concentra en la madre o el hermano mayor, quienes generalmente declararán que ellos no conocían anteriormente los hechos denunciados, que personalmente no les consta y que todo lo que saben es por lo que ha declarado la víctima del delito; lo anterior, propicia que la investigación se retrase o se archive por “falta de elementos”.
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Lo que en realidad sucede es una manifiesta incapacidad de las instituciones encargadas de proteger a los menores; su raquítica habilidad para evidenciar elementos del delito, sin que sea menester revictimizar a las niñas y niños.
Es evidente que el Sistema Penal Mexicano al final de cuentas termina siendo Hidalgo protector del imputado y desde luego todos estos elementos serán la base fundamental para que los ciudadanos lleguen a una casi universal percepción: denunciar “no sirve absolutamente para nada”.
El menor que se atreve a denunciar tiene que pasar por la vergüenza de tener que contar un hecho sumamente humillante y agresivo que ha sufrido. Lo anterior ocurre porque tendrá que comparecer ante el Ministerio Público y hablar del hecho vergonzante y que lo humilló, con personas a las que conoce por primera ocasión, a las que no les tiene confianza y sin embargo le exigirán que les platique todo lo que les ocurrió; por si esto fuera poco, lo enviaran a Atención a Víctimas del Delito en donde será entrevistado por una psicóloga forense a la que tendrá, de nueva cuenta, que narrar estos hechos que con dificultad confesó a algunos de sus padres o hermanos.
Si el proceso penal llegara a avanzar a otra etapa, se repetirá esta experimentación traumática y algún día incluso podría comparecer a una sala de juicio en donde encontrará a personas que no conoce y tendrá que hablar de ese hecho humillante que lo marcará de por vida; y tendrá que hacerlo en presencia de terceras personas a las que jamás conoció, será cuestionado por el abogado defensor o tendrá que repetir lo que el agente del Ministerio Público le dijo que por ningún motivo omitiera.
Todo un trauma sumamente difícil de olvidar.
Continuará…
Benigno Licea González es doctor en Derecho Penal y Derecho Constitucional; fue presidente del Colegio de Abogados “Emilio Rabasa” y actualmente preside el Colegio de Medicina Legal y Ciencias Forenses de B.C.
Correo: [email protected]
