El abogado Christian Pablo López Ortiz es señalado de robar casas y terrenos en Tijuana (Se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad por la autoridad judicial. Art.13, CNPP). “Invade las propiedades y cuando los dueños originales reclaman sus derechos, los amenaza, apoyado por un grupo de hombres armados”, acusaron personas afectadas.
Aunque aseguran que hay más víctimas, del año 2016 a la fecha, ZETA ubicó ocho carpetas de investigación donde los afectados lo han denunciado ante la Fiscalía de Baja California por fraude, fraude procesal, fraude específico y despojo.
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Pero a la fecha, el abogado, no ha sido sancionado en ninguno de los casos.
A este Semanario se acercaron abogados de dos víctimas que optaron por el anonimato, y que no han presentado sus denuncias porque tienen miedo a las consecuencias; a ellos los amenazaron el pasado mes de agosto, y aún analizan el riesgo de sus vidas si presentan una denuncia.
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Respecto a López, este Semanario consultó a las autoridades bajacalifornianas. En la Fuerza Estatal Ciudadana (FESC) lo identificaron de manera inmediata como “el abogado influencer” que se hace acompañar por un grupo de escoltas que actúan como si fueran policías; y desde la fiscalía, investigadores indicaron que, además de las denuncias, el hombre, también ha intentado fraudar a quienes le han comprado terrenos.
Antes, en marzo del 2021, López Ortiz fue denunciado por el mismo delito, apoderarse de inmuebles aparentemente abandonados, los cuales eran prescritos por sus cómplices, presuntos dueños en posesión de documentación falsa.
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En aquel momento, además de López, estaban investigando a cuatro presuntos cómplices, y la naturaleza de la participación de la Notaría Pública #21 de la ciudad de Tijuana, así como del Juzgado Primero de lo Civil.
De acuerdo a la información pública, este abogado egresó en 2017 de la UABC, y tiene especialidad en “Amparo, Civil, Penal”; su despacho “López Ortiz y asociados” se ubica en José Clemente Orozco número 1506 interior 305, Zona Rio Tijuana. En el año 2022 fundó la asociación civil Transformación Ciudadana, “para defender derechos humanos”, ubicada en Diego de Portola número 150 del fraccionamiento Soler, también en Tijuana.
Durante tres años la asociación ha informado -a través de la prensa- de las labores que realizan con su red de voluntarios en visitas a diferentes colonias, con campañas contra el cáncer, entrega de juguetes, útiles escolares y despensas.
LAS CARPETAS
De acuerdo a la información en poder de este semanario, las carpetas iniciadas en contra de Christian Pablo López Ortiz como presunto responsable de fraude, fraude procesal, fraude específico y despojo, son:
*NUC 0204-2016-06500
*NUC 0204-2016-17678
*NUC 0204-2018-07203
*NUC 024-2019-26817
*NUC 024 -2019-59011
*NUC 024-2020-01028
*NUC 024-2020-00781
*NUC 024-2025-25266
En algunos casos aparecen como coacusados, Sandra Serrano Contreras, Carlos Rodríguez, José T. Ceja y José de Jesús Ortega; de hecho, en la primera capeta de 2016, este último fue el único sentenciado, pues a pesar de que López también fue denunciado, a él no le declararon responsabilidad. El expediente con la NUC 0204-2016-17678, prescribió, y en la NUC 024-2020-00781 (por fraude específico) le otorgaron el perdón.
En general, las denuncias son similares:
Por ejemplo, el 21 de mayo de 2025 un grupo de seis personas armadas ingresaron y ocuparon un terreno en el fraccionamiento Soler de la delegación Playas, de 1800 metros cuadrados, cercado y resguardado por un velador. Cuando el denunciante se presentó a intentar recuperarlo unos días después, fue abordado por López, quien se ostentó como propietario y se negó a regresarlo.
O el caso de una propiedad en la colonia Electricistas en la delegación La Mesa, donde quien se ostentó como víctima, denunció que Sandra Serrano le ofreció el inmueble por un pagó 75 mil dólares, pero el contrato de compraventa fue firmado por López, Carlos Rodríguez y José T. Ceja quienes recibieron el dinero. También le entregaron la posesión material del inmueble, pero después le hicieron firmar una cesión de derechos litigiosos de un juicio de prescripción y posteriormente lo echaron de la casa. Y en ese proceso fue informado por las autoridades que la propiedad ya había sido cedida antes y los denunciados no se lo podían vender.
Y la NUC 024-2020-01028, en el que hermanos copropietarios de un inmueble en fraccionamiento Soler que les dejó su fallecido padre, denunciaron a López y a Gustavo Rodríguez, después que el 9 de junio 2018 “personas extrañas se introdujeron al domicilio” y los afectados se dieran cuanta que existía el expediente civil 855/2018 en el cual Rodríguez, presuntamente, con “documentos apócrifos” realizó un proceso para convertirse en el legítimo propietario y después cederle los terrenos a López. Como la última actuación en esta carpeta fue el 19 de noviembre del 2019, se declaró la prescripción de la acción penal.
En la Fiscalía General bajacaliforniana, las indagatorias abiertas por los despojos, nuevas y viejas, continúan en proceso.
ESCOLTAS ARMADOS QUE SIRVEN A LOPES, FUERON DETENIDOS
Las víctimas de fraude informaron también que pudieron identificar a cuatro de los cómplices empistolados de López, porque fueron detenidos a finales de agosto, “pero son muchos más”, aseguraron.
Al respecto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, informó que el 29 de agosto en Tijuana, capturaron a dos hombres por los delitos de “usurpación de funciones, balizaje de un pick up blanco -no oficial-, y posesión de armas de fuego”. El reporte lo hicieron a las 14:14 horas; informaron que en la calle Braulio Maldonado esquina con Mazatlán, del fraccionamiento Soler aprehendieron al nayarita, Emmanuel A. Valdez López, y los mexiquenses, Jesús A. Gallegos Serafín, Esquivel Redonda Chávez e Iván Melo López, estaban en posesión de seis armas cortas abastecidas, dos fúsiles y decenas de cartuchos.
También portaban cuatro credenciales, tres correspondientes a Melo, Esquivel y Gallegos, las cuales indicaban que eran militares restirados, mientras la de Valdez sólo lo refería como personal de “Servicios Terrestres de Seguridad Privada”.
Lo reportado por la FESC indica que mientras una unidad de la dirección de investigación trabajaba en la zona, fueron intervenidos por los ahora detenidos, quienes los obligaron a detenerse como si fueran policías, encendieron una sirena, se bajaron y les apuntaron con sus armas a los agentes estatales; cuando se dieron cuenta del error era tarde, porque los policías los detuvieron. Al ser cuestionados, informaron que eran escoltas y trabajaban para “Centinela Seguridad Privada”, propiedad de Christian Pablo López Ortiz, quien es su jefe, y les había ordenado “abrirle paso y revisar quiénes circulaban en la unidad”.
“En lugar de estar cuidando a su principal, que es para lo que estarían facultados, estaban patrullando la zona comercial como si fueran policías o controlaran la zona”, indicaron los investigadores.
De acuerdo a la información pública, la empresa Centinela Seguridad Privada está ubicada en el entronque de la calle Esperanza y General Ramón Arnaiz, en el fraccionamiento Soler; de acuerdo a su propaganda, “es una empresa líder en Tijuana, especializada en soluciones integrales de seguridad para empresas y residencias”.
Investigadores de la fiscalía informaron que, en el extremo opuesto de la misma cuadra, donde se ubican las oficinas de Centinela, donde la calle Arnaiz hace esquina con la Mazatlán, el abogado posee un “búnker o casa de seguridad”, la cual incluso tiene una caseta de seguridad “y si la buscan en Google aparece blureada, imposible de ver, porque se difumina como un manchón”.
Mientras, Servicios Terrestres de Seguridad Privada, la segunda empresa mencionada por los detenidos, está direccionada en Tlanepantla, Estado de México.
Consultado los datos de la Dirección de Servicios Especiales en Protección y Seguridad Privada de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California, se pudo conocer que Grupo Logística y Coordinación Tijuana Norte S.A. de C.V., conocida con nombre comercial de “Centinela de Seguridad Privada”, cuenta con permiso vigente del 23 agosto 2025 al 23 agosto 2026, y no tiene permiso de portación de armas. Pero en el registro público, esta empresa de seguridad aparece como propiedad de dos socias fundadoras, Refugio y Felicia López Ortiz, y algunos de los funcionarios mencionados en los documentos han sido coacusados en las carpetas contra el abogado Hugo López.
De la segunda empresa mencionada por los detenidos, la secretaria de seguridad informó que Servicios Terrestres de Seguridad Privada S.A. de C.V. estuvo activa, pero se cerró el 3 abril de este año, y no tiene autorización para trabajar en el estado; respecto a Christian Pablo López Ortiz, “este individuo no está registrado como integrante de una empresa de seguridad en el estado”.
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