Edgardo Flores Campbell, presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Tijuana, urgió a las autoridades a que haya un “golpe de timón” en materia de seguridad y justicia en Baja California, ya que se han normalizado los homicidios y la delincuencia organizada se ha apoderado de espacios de esparcimiento en su disputa por territorio, poder y dinero.
Los recientes señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos a 15 empresas y 5 personas, entre ellas la exalcaldesa de Rosarito Araceli Brown Figueredo por presuntamente tener vínculos con Los Mayos, una facción del Cártel de Sinaloa, tendrían que traducirse en gente que vaya a la cárcel, se acabe la simulación y haya un combate frontal a la delincuencia.
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“Ojalá veamos gente en la cárcel, trátese de quien se trate. Ya estuvo bueno de que querer tapar el sol con un dedo”, porque gran parte de la inseguridad que vive el estado es producto de la corrupción-impunidad, aseveró el empresario, en atención a medios, este 23 de septiembre de 2025.
A propósito de que el exalcalde de Rosarito, Javier Robles Aguirre, sea socio de Alimentos y Diversión Insurgentes S. de R.L. de C.V. (empresa sancionada por del Departamento del Tesoro) y sea director del Instituto de Infraestructura Educativa en Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos (ISEP), Flores Campbell confió en que la autoridad que de oficio le corresponda tome acciones y haya resultados”.
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“Nosotros no podemos emitir juicio previo, no hay un dato vinculante, un elemento fehaciente, comprobatorio respecto a la comisión de un delito por una autoridad, pero sí el encadenamiento lógico de circunstancias que te crean o propician cierta convicción de un hecho, es decir, una presunción firme, y ante esa presunción el gobierno estadounidense toma acciones como el retiro de la visa”
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El también vicepresidente nacional de seguridad en el combate de piratería y contrabando de Canacintra México, dijo que por parte de la iniciativa privada se sigue de cerca el actuar de las autoridades que hasta ahora han sido más reactivas que preventivas.
La quema de vehículos en diferentes oficinas de la Fiscalía General del Estado (FGE) del fin de semana podría leerse como una vendetta originada por una acción legal de las autoridades.
Por otro lado, aseguró que el Comité Ciudadano sigue trabajando fomentando el programa Vecino Vigilante, el botón de emergencia, y la formación de comités vecinales.
