Sin investigación, ni credibilidad

El 18 de septiembre de 2025, una hora después que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro levantó una alerta en contra de 15 empresas y nueve personas como presuntos “lavadores” de la célula que sirve en Rosarito Baja California, al cártel encabezado por el detenido Ismael Mayo Zambada, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció el bloqueo administrativo preventivo de las cuentas de 22 implicados y la realización de un “análisis financiero”, si localizan posibles acciones ilícitas, darán vista a la FGR.

Entre los bloqueados e investigados, está la ex alcaldesa por Morena de Rosarito, en el periodo del 2019 al 2024 (porque se reeligió), quien desde el 1 de septiembre de 2024 ocupa una curul como diputada federal del mismo partido vinotinto.

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Cuestionada al respecto, la Presidenta de México Claudia Sheinbaum, afirmó que no protegería a nadie, pero también, sin que mediara investigación por parte de su gobierno, sin esperar a los resultados de la secretaria de Hacienda, decidió exculparla a priori y asegurar que no hay “pruebas suficientes” para ejercer acciones contra la legisladora, cuando la “investigación” apenas inicia.

La misma actitud y palabras similares fueron usadas por la mandataria federal en el caso del senador y coordinador de bancada, Adán Augusto López Hernández, primero cuando se informó que Hernán Bermúdez Requena, quien fuera responsable de la seguridad bajo su gobierno en Tabasco (2019-2021), era el jefe del cártel mafioso La Barredora, y luego cuando lo detuvieron.

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La Presidenta dijo que la puerta estaba abierta para que se investigara a todos más allá de partidos, pero igual rechazó que existieran pruebas en contra del coordinador morenista. De la misma manera, a boca de jarro y sin una investigación de respaldo.

“No hay ninguna prueba en contra del gobernador (Rubén) Rocha Moya”, afirmó también la Presidenta Claudia Sheinbaum a finales del 2024, y lo respalda cada que le es posible, después que el gobernador morenista de Sinaloa, fuera señalado de presuntos acuerdos con el cártel de Los Chapitos.

Además del espaldarazo presidencial, otra cosa que comparte los tres casos antes mencionados es que la Fiscalía General de la República ni siquiera se ha molestado en investigarlos. Y el paquete de impunidad, es completado por su partido Morena, que tampoco los cuestiona o investiga.

Pareciera que el entendimiento respecto al bien y el mal al interior del partido estuviera volteado, o que el prestigio y la buena fama no les fuera prioritario, porque mientras Brown, Moya y López son respaldados, ocurren casos como el de Eduardo Cervantes, responsable de Formación de Formadores del Partido de Morena en Ciudad de México.

En agosto este señor de la tercera edad, fundador morenista, fue separado de su cargo porque se hizo público uno de sus discursos advirtiendo la pérdida de rumbo del partido, del no respeto al principio de austeridad y de la infiltración de las ideas del viejo régimen. “En nuestro partido hay mucha gente que miente, que es corrupta y que no comparte los fundamentos del proyecto de transformación. Creo que el enemigo principal de Morena está dentro de Morena”, se difundió en medios nacionales.

Por palabras, por un acto de contrición o “mea culpa” pública, el señor Cervantes quedó fuera; pero a Moya ninguna autoridad le dice nada, y no forma parte de la investigación -mínimo para exculparlo públicamente- del que la FGR califica como “secuestro” del Mayo; mientras que Aracely Brown, se dice difamada y reta “aquí estoy firme para cualquier situación”; y Adán Augusto no es siquiera cuestionado por la enorme omisión de “no darse cuenta” que su encargado de la seguridad coordinara las actividades criminales en el estado bajo su gobierno.

La Presidenta Claudia Sheinbaum actúa conforme a derecho al negarse a señalar culpabilidad en los morenistas señalados, porque de acuerdo a las leyes nacionales e internacionales, incluso los detenidos imputados “se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad judicial. Art 13, CNPP”.

Pero se equivoca al exonerarlos sin una indagatoria de por medio. Porque ella tiene el poder para instruir una investigación a la Unidad de Inteligencia Financiera de la secretaría de Hacienda, para saber si los señalamientos tienen sustento. Y sólo entonces, si los resultados son a favor del funcionario, puede exculparlo; porque de otra manera los arropa con un manto de impunidad presidencial.

Además, en caso contrario, si la UIF “identifica posibles actividades ilícitas, está obligada a dar vista a la FGR para los efectos legales conducentes”, para obligar a esta fiscalía “autónoma” a investigar. Y esto bien podría ayudar a reducir la percepción ciudadana de inseguridad, injusticia e impunidad.